Ciuca y Nueva Canarias (NC), partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, denuncian en un comunicado que, “ante la pérdida de la financiación para la construcción de un punto limpio en condiciones, legal y homologado por la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias”, el grupo de gobierno del Partido Popular “ha improvisado la instalación de un punto 'limpio' de dudoso encaje legal, de enorme impacto visual y en un más que evidente estado de deterioro”.
Desde Ciuca y NC señalan que este punto limpio está atendido por un particular hace años, sin que se conozca “su situación laboral con el propio Ayuntamiento y la seguridad laboral en la que desarrolla su labor”.
El “improvisado” punto limpio está situado en terrenos privados, “donde los ciudadanos acceden y pagan por dejar sus depósitos, sin conocer el destino de ese dinero”.
“Han sido varias las ocasiones en que los bomberos han tenido que actuar para apagar fuegos que han sido provocados. Lo que ha hecho que la propia persona que aparentemente trabaja en el mismo, pernocte en la misma instalación en una chabola construida con restos de maderas y otros materiales, situación que no le es ajena al grupo de gobierno”, prosigue el comunicado de estos dos partidos de la oposición. Por ello han solicitado información del estado de legalidad de la instalación y la vinculación económica-laboral del propio “encargado” del recinto con el Ayuntamiento, “sin obtener a día de hoy respuesta alguna”.
“Por otro lado, nos entristece que nuevamente se pierdan subvenciones, esta vez para la construcción de este tipo de infraestructuras, porque el Ayuntamiento de Mogán no puso a disposición del Gobierno de Canarias el suelo para su edificación, en tiempo y forma”, exponen Ciuca y NC. Según informan, se perdieron 427.000 euros de los Fondos de Cohesión y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Por último, proponen que se habilite la parcela municipal que se encuentra en el barranco de Balito como Punto Limpio, “y con ello contribuir a una mejora en la seguridad sanitaria e imagen del municipio, así como el cumplimiento con las distintas normativas para la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos, y la regularización de la situación laboral de la persona que aparentemente trabaja en el actual depósito de residuos”.