El Tribunal Supremo (TS) acaba de inadmitir el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el concurso de privatización del servicio de agua de la capital tinerfeña, Emmasa.
Desde el año 2006 esta prestación ha recaído en manos de la empresa Sacyr-Vallehermoso aunque fue en 2009 cuando los tribunales consideraron que se habían incurrido en determinados errores de calado en el procedimiento elegido para privatizar este servicio. Así nunca se expuso al público la memoria justificativa para avalar que Emmasa dejara de estar en manos del Ayuntamiento y a partir de aquí el TSJC anuló también el pleno en el que se adoptó esta decisión y por consiguiente todos los demás acuerdos tomados como fue el resultado del concurso.
A Santa Cruz solo le cabía la posibilidad de interponer un recurso de interés de ley que únicamente hubiese sentado jurisprudencia para casos parecidos que se repitieran en el futuro pero no para el de la capital tinerfeña.
No obstante, a partir de ahora el fallo es firme y ejecutable por lo que de llevarse a cabo tal y como pide la formación política Ciudadanos de Santa Cruz que fue la que interpuso el recurso en su momento el Ayuntamiento tendría que convocar un nuevo concurso o volver a recuperar esta prestación como pública. El Supremo ratifica que se omitió en el procedimiento un trámite que califica de “esencial” como era la exposición pública de la memoria justificativa de esta privatización al menos durante treinta días con el fin de que los vecinos y entidades pudieran dar a conocer su punto de vista.
El TS además da la razón al Abogado del Estado al considerar que el Ayuntamiento no pudo demostrar su argumentación de que las consecuencias de la ejecución del fallo iban a suponer un grave perjuicio para el interés general. La Corporación local está además obligada a pagar las costas judiciales.
El abogado y exconcejal de Ciudadanos de Santa Cruz Ángel Isidro Guimerá, que fue quien interpuso en su momento la demanda, anunció este viernes que va a pedir la ejecución inmediata de la sentencia con el fin de que la Corporación local inicie los trámites para convocar un nuevo concurso. Reitera su punto de vista de que la presentación del recurso de carácter extraordinario contra un fallo que había sido ya dictado en segunda instancia y que no iba a tener ningún efecto sobre el asunto de fondo, “fue tan solo una pataleta del anterior grupo de gobierno” encabezado por Miguel Zerolo.
Recordó que la decisión de privatizar Emmasa se adoptó en el año 2005 con el fin de compensar los casi 55 millones de euros que el Ayuntamiento había desembolsado en 2001 para comprar el frente de la playa de Las Teresitas. No obstante, el argumento sostenido por el exalcalde era que este dinero se iba a invertir en el nuevo plan de barrios. “Aquello fue un disparate que se hizo deprisa y corriendo en apenas un mes y curiosamente en el de julio, a pesar de que nosotros una y otra vez advertíamos de que se estaban haciendo las cosas muy mal. Es natural que más de uno haya sospechado que hubo un negocio oculto e intereses espúreos que desde luego no coincidían con los generales”. Incluso se dio el caso de que el entonces interventor, Miguel Ángel Rojo, fue cesado poco después de que elaborara un contundente informe en el que se oponía al procedimiento elegido para privatizar la empresa.
Guimerá ironiza sobre el resultado final de los trabajos incluidos en el Plan de Barrios que supuestamente fueron financiados con el dinero de la venta de Emmasa, ya que, según su punto de vista, “cualquiera puede darse cuenta de que ahí no se invirtió nada. Las obras fueron muy escasas y muy mal hechas”.
Ciudadanos, a través de su concejal, Guillermo Guigou, defenderá ahora que se convoque un nuevo concurso en el que quede estipulado que el 51% de las acciones quede en manos del Ayuntamiento. En teoría la indemnización que se tendría que abonar a Sacyr alcanzaría los 60 millones contando lo que se pagó en un principio más los intereses, pero lo cierto es que a esta cantidad habrá que restarle los 6 años de concesión ya transcurridos e incluso los 45 millones de euros que se había comprometido a invertir la compañía y que aún no ha desembolsado. Lo demás vendría de lo que aportara la empresa que se haga con el restante 49% de la Emmasa.
La sentencia recuerda que por medio de este concurso el Ayuntamiento vendió por 54 millones de euros, 212 de las 224 acciones totales con las que contaba la Emmasa por lo que la Corporación local apenas se reservó 12. De ahí que a partir de ese momento escaso haya sido el peso del Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones y de hecho, el precio del agua se ha venido incrementando desde entonces en cerca de un 20% en apenas seis años. Antes de abandonar la Alcaldía en el año 2011 Zerolo intentó solucionar el embrollo creado con la sentencia del TSJC y sacó a información pública la memoria justificativa aunque con los datos de 2005. Los Servicios Jurídicos municipales consideraron que de esta manera se podía dar por cumplido el fallo y que ya no era necesario ni siquiera celebrar un nuevo pleno. Argumentos que ahora ha descartado el Tribunal Supremo.