Realia pide al Ayuntamiento de la capital grancanaria 23 millones de indemnización por la imposibilidad de construir los dos edificios de 15 plantas incluidos en el plan especial del Canódromo anulado por el TSJC, una decisión que ha recurrido el Consistorio ante el Tribunal Supremo.
Así lo informó este jueves en una rueda de prensa la directora de gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento, Carolina Déniz, quien destacó que esta solicitud de la empresa es inviable para las arcas municipales e indicó que el Consistorio ha propuesto a sus responsables otras soluciones que la entidad ha rechazado.
Las propuestas formuladas por el Ayuntamiento pasarían, dijo Déniz, “por determinaciones a concretar” en la adaptación íntegra del PGOM a la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y a la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, cuya aprobación definitiva no se producirá hasta principios de 2009.
La empresa ha rechazado esta posibilidad, ya que ello supondría que, fuera la que fuera la solución que se buscase, no podría acometerse de forma inmediata, de ahí que sea “muy difícil” que se llegue a un acuerdo entre las partes.
Al anular el citado plan especial, además del PGOM de 2000 y la adaptación de 2005 que afecta a este espacio, el TSJC ha atendido la demanda presentada por la asociación vecinal Avecalta contra la construcción de los dos edificios que construye Realia.
Así, el fallo judicial recurrido por el Ayuntamiento considera que se ha modificado de forma sustancial el modelo territorial previsto sin haberlo sometido a exposición pública y que no cabía introducir uso residencial en la parcela donde se ejecutan los edificios, al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann.
El alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, afirmó hoy que los vecinos “deberían comprender que significa pagar 23 millones de euros cuando tenemos pendientes ejecuciones de sentencias en materia de expropiaciones y responsabilidad patrimonial que pasan de 50 millones de euros”.
“Aquí no estamos en Afganistán, donde una empresa que ha invertido en base a unos acuerdos y una licencia que le ha dado este Ayuntamiento no tenga derecho a reclamar que se le indemnice si no se sigue construyendo”, aseveró.
A la espera de la resolución del recurso presentado ante el Supremo, Saavedra no descartó la posibilidad de que el alto tribunal “diga que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha equivocado”.