La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz, Juana María Hernández ha citado a declarar en calidad de testigos al equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña, Juan Manuel Palerm, Leopoldo Tabares de Nava y Fernando Senante, así como al ex secretario de Urbanismo, Víctor Reyes. Todos ellos serán interrogados sobre la causa penal común que se ha unificado en una sola por la supuesta falsificación del documento, los incrementos de edificabilidad en enclaves colmatados para supuestamente favorecer a empresarios concretos y los intentos de urbanizar Costa Cardón en el suroeste. Las comparecencias tendrán lugar el 16 de mayo en el caso de los redactores del PGO mientras que al día siguiente le tocará a Reyes.
La denuncia original fue interpuesta por los abogados de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos y Antonio Espinosa y luego fue asumida por la fiscal en contra de los delitos medioambientales, Inmaculada Violán. Hace ya algunos meses fue llamada a declarar también en calidad de testigo la ex concejal del grupo municipal socialista, Marián Franquet. Los letrados indican que prefieren que todos ellos hayan sido citados con esta calificación procesal porque así estarán obligados a responder a las preguntas de la acusación y no se podrán acoger a la posibilidad de eludir la verdad, tal y como ocurre en el caso de los imputados. De todas formas, no se descarta que a lo largo de su comparecencia la juez determine cambiar su situación judicial. Tanto Espinosa como Campos tienen claro que las preguntas girarán entorno a cuestiones muy concretas cómo por ejemplo, por qué se ha permitido un volumen edificatorio mayor en lugares donde precisamente otros residentes han visto como sus viviendas han quedado en régimen de fuera de ordenación apelando a que estaban saturados. Así un caso concreto es lo ocurrido en la plaza de Toros de Santa Cruz en el que se da vía libre a la construcción de un edificio de doce plantas y a la demolición de parte del antiguo recinto taurino pese a que hay un informe favorable del Cabildo para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
Otro tanto ocurrirá sobre las distintas versiones del PGO que circularon a finales del año 2009 y principios de 2010 durante el segundo intento del grupo de gobierno encabezado por el exalcalde, Miguel Zerolo de proceder a la aprobación final del planeamiento. En algunos casos la policía ha podido certificar que existieron diferencias sustanciales entre los planes y especialmente entre el que recibió el visto bueno en el Consejo Rector celebrado a finales de 2009 y el que luego se aprobó de forma definitiva a principios de 2010, justo cuando más arreciaban en las calles las protestas en contra del planeamiento. Entre las supuestas diferencias detectadas está la introducción de nuevos convenios o la aparición de más edificios fuera de ordenación sin que así se reflejara durante el período de exposición pública.
En cuanto a Costa Cardón las denuncias se centran en los intentos continuados del grupo de gobierno anterior de construir una urbanización en un enclave protegido dentro del Plan Insular de Ordenación (PIOT). Un caso parecido a lo ocurrido en El Rosario con el caso Varadero que ya ha implicado la petición de penas de inhabilitación para el alcalde, Macario Benítez, varios concejales y funcionarios. Para Campos, a los redactores y al ex secretario no les queda otra posibilidad que dar explicaciones ante la juez y la fiscal de cuál es la razón por la que el planeamiento recoge estas supuestas irregularidades, si recibieron órdenes desde la cúpula de Urbanismo o del propio ex alcalde para introducir estas modificaciones o si fue una decisión suya basada puramente en criterios técnicos, discrecionales o meros errores.