Agentes de la Guardia Civil acompañados de varios funcionarios judiciales están llevando a cabo un exhaustivo registro en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento de Telde, según ha confirmado la propia Benemérita, por un caso de supuesto cobro irregular de plusvalías denunciado por dos ciudadanos particulares. Este caso no guarda ninguna relación con el caso Calero que motivó la imputación de al menos cinco personas, entre ellas el ex alcalde de Telde, Francisco Valido, y la declaración en sede policial de funcionarios, empresarios y técnicos municipales.
Según fuentes próximas a los hechos, se trata de un caso denunciado a finales del pasado año 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción por Gonzalo Cáceres y Sergio Quesada. En su escrito de denuncia, plantean que en esta oficina, situada en la zona de Arnao del municipio de Telde, las empresas a las que se adjudicó el servicio de Recaudación, Colaboración Tributaria SL y Coordinadora de Gestión de Ingresos SA, estaban cobrando de manera irregular a los ciudadanos unas plusvalías del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos. En concreto, apuntan a la comisión de un presunto delito de prevaricación.
Tras una larga investigación de seis meses, la Fiscalía Provincial de Las Palmas, a la que dio traslado el expediente la Fiscalía Anticorrupción, publicó un informe en el que se recogía “la imposición de unos importes muy superiores a los que corresponden en la ordenanza fiscal, traduciéndose en unas liquidaciones que excedían de forma palmaria y flagrante de las que correspondería de acuerdo a las normas tributarias”. Asimismo, según el fiscal, estas empresas calculaban el valor “sin enviar la documentación a la oficina catastral, aplicando por sí misma el valor de una zona próxima” o mediante unos índices que en puridad no le correspondían. Este informe se trasladó a la autoridad judicial que ahora ha ordenado el registro.
En una nota de prensa posterior, la empresa Colaboracíón Tributaria atribuyó esas supuestas irregularidades a un “error” en la liquidación de 76 plusvalías sin notificación previa y salió en defensa de la profesionalidad de su persona