El Juzgado de Instrucción número 2 de Guía (Gran Canaria) ha requisado en el Ayuntamiento de Moya una veintena de expedientes urbanísticos relacionados con los presuntos delitos que se atribuyen al arquitecto municipal, según ha explicado este jueves el alcalde de la villa, Hipólito Suárez (PP).
El arquitecto municipal de Moya, José Juan S., y otros dos colegas de profesión ajenos al Ayuntamiento han sido detenidos por posibles delitos de estafa, prevaricación y falsedad, cuyas víctimas serían vecinos que recurrieron a ellos para tramitar proyectos urbanísticos a cambio del pago de distintas cantidades de dinero.
El alcalde ha confirmado en rueda de prensa que fue su propio equipo de gobierno el que puso en conocimiento de la Guardia Civil las quejas que había recibido de vecinos que decían haber pagado por una serie de servicios a José Juan G. y que se sentían engañados.
Hipólito Suárez ha reconocido que “desde hace años circulaba el rumor” de que se producían este tipo de irregularidades y ha precisado que los vecinos que dicen haber sido engañados aseguran haber pagado hasta 15.000 euros.
De hecho, se están revisando expedientes urbanísticos datados entre 1997 y 2012 en el marco de la investigación en torno a las actividades del arquitecto municipal, que presuntamente se ofrecía a elaborar proyectos para vecinos que acudían al Ayuntamiento para informarse de si podían hacer una obra a cambio de dinero.
Eso era incompatible con sus funciones, porque el propio José Juan S. debía ocuparse luego de supervisar para el Ayuntamiento si dichos proyectos cumplían la normativa urbanística vigente, mediante unos informes en los que, incluso, llegó a pronunciarse en algunos casos “contraviniendo el planeamiento municipal” para favorecer a sus clientes, ha relatado el concejal de Urbanismo de Moya, Raúl Afonso.
En todo caso, Afonso ha precisado que, según sus informaciones, el acusado, que se valía de la connivencia de otros dos arquitectos que firmaban los proyectos que redactaba para encubrir su ilícita autoría, respetaba normalmente el planeamiento en última instancia, y se limitaba a dar a entender a los vecinos que sus proyectos saldrían adelante a sabiendas de que luego serían anulados.
Hasta el punto de que a algunos, según ha añadido, “les decía que fueran construyendo y que luego se lo regularizarían”, llegando a hacer varios afectados obras que después declaró ilegales el Consistorio, que además sancionó con multas a sus promotores.
Raúl Afonso ha dicho, de cualquier modo, desconocer cuántos casos de actuaciones presuntamente irregulares del arquitecto municipal pueden haberse producido.
No obstante, el alcalde ha matizado que opinan que debe haber “muchos” y que prueba de ello es que “cada día” se enteran “de un nuevo caso” desde que el grupo de gobierno denunció los hechos ante la Guardia Civil el 5 de diciembre de 2012.
Una iniciativa esta que prueba, según ha reiterado, que el de José Juan S. es “un comportamiento aislado” que “no debe manchar el buen nombre de la institución ni del municipio”.
“Nuestras manos ya las ven, están limpitas”, ha dicho a ese respecto mientras hacía el gesto de mostrar sus palmas.
Hipólito Suárez ha informado, pese a lo expuesto, de que el arquitecto municipal sigue en activo en el Ayuntamiento, ya que tras ser detenido y prestar declaración fue puesto en libertad y el juzgado no ha ordenado que se le retire de sus funciones, por lo cual los gobernantes locales entienden que no deben tomar medida alguna sobre su situación.
Ha matizado que lo que sí han hecho es crear una comisión técnica destinada a revisar todos los expedientes de urbanismo que se tramitan, con lo cual “ahora es imposible que pase lo que presuntamente venía pasando de aquí para atrás”, según ha asegurado.