“El valor de un político es su inteligencia menos su vanidad”. La frase, atribuida al canciller Otto von Bismarck, uno de los artífices de la unificación alemana, la repitió hasta la saciedad el histórico dirigente nacionalista canario Ricardo Melchior en los estertores de su carrera política. Corría el verano de 2018 Coalición Canaria (CC), de la que fue fundador y uno de sus máximos referentes, una figura con una gran capacidad de influencia en el partido, había decidido relegarlo de su puesto como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, su último cargo público, para dárselo al Partido Popular (PP).
Este movimiento fue interpretado como un cambio de cromos para evitar una moción de censura que despojase del poder a los nacionalistas en el Ayuntamiento de La Laguna, uno de sus feudos históricos, el municipio del que había sido alcalde el entonces presidente canario -hoy senador- Fernando Clavijo, y el detonante de su ruptura con la cúpula del partido, a la que desde ese momento no ha cesado de criticar en sus comparecencias públicas.
En su adiós, este ingeniero industrial formado en Navarra y en Alemania presumió de haber entrado en política de rebote, en 1987, precisamente tras haber trabajado en la terminal de contenedores del puerto tinerfeño, y de haber salido más de tres décadas después con la camisa blanca, sin manchas, sin imputaciones y sin rastro de corrupción en sus 26 años en el Cabildo de Tenerife (14 de ellos como presidente -de 1999 a 2013-), labor que compaginó durante una legislatura con la de senador (2004-2008), y en su trienio en el organismo portuario (2015-2018).
Presumió también de haber sido de los políticos más valorados y votados de la historia en su tierra y de no haber cambiado su forma de ser y aventuró una jubilación tranquila en su casa de La Laguna acompañado de su familia y de los animales por los que asegura profesar devoción.
Un año y medio después de aquellas manifestaciones, Melchior (Santa Cruz de Tenerife, 1947) vuelve a la primera plana mediática tras conocerse este mismo viernes que la Oficina de Conflicto de Intereses ha decidido sancionarle por haber ocultado que trabajaba como asesor del grupo turístico Loro Parque, al que concedió licencias como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cuando aún no habían transcurrido dos años desde que abandonó el cargo, el plazo mínimo fijado en la Ley de Incompatibilidades para poder ejercer en empresas sobre las que ha intervenido en su condición de gestor público.
El varapalo ministerial se suma a los avatares judiciales que lo han cercado en el último año y que han roto la tranquilidad ansiada de su retiro. “Yo vivo de mi jubilación”, llegó a decir en una de las entrevistas que concedió al abandonar la política, meses antes de enrolarse en Loro Parque para trabajar como asesor en su fundación “tres días a la semana” tras aceptar la oferta de su presidente, Wolfgang Kiessling, con quien mantiene una amistad desde hace 40 años.
Melchior está implicado en dos procedimientos penales. Uno de ellos, el que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, se abrió como consecuencia de una denuncia presentada por el exdirector de Puertos José Rafael Díaz, con quien mantuvo un agrio enfrentamiento que acabó con la destitución de este por parte del Consejo de Administración y una denuncia por acoso laboral que fue archivada en primera instancia y que se encuentra recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Díaz fue cesado tras negarse a firmar una serie de contrataciones que estimaba irregulares. El exdirector de la administración portuaria, que sostiene que su despido fue consecuencia de una represalia de Melchior por haberse negado a avalar con su firma actuaciones que entendía ilegales, entregó entonces abundante documentación para que la fiscal María Farnés y la jueza instructora valorasen la existencia de indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos durante la gestión del histórico dirigente de Coalición Canaria.
Meses antes, una auditoría de la Intervención General del Estado ya había alertado de irregularidades en varios expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017. Según informaron entonces Mírame TV y Canarias Ahora, el ente portuario autorizó adjudicaciones de contratos menores que incumplían la cuantía del límite legal, fraccionó contratos, obvió trámites obligatorios o incurrió en cesión ilegal de trabajadores, entre otras deficiencias detectadas en la fiscalización.
La segunda causa penal que salpica a Melchior se tramita en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife e investiga contrataciones laborales “arbitrarias y discrecionales” en su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, la incorporación a ‘dedo’ de dos trabajadoras en calidad de asesoras. Estas diligencias se incoaron después de que la Fiscalía abriera de oficio una investigación a raíz de otro pleito judicial en el que el ente portuario fue condenado por un despido nulo por vulneración de derechos.
Al margen de estos últimos sobresaltos judiciales para Melchior, de su última etapa en el Cabildo de Tenerife, corporación en la que permaneció 26 años (desde 1987 a 1999 como vicepresidente y de 1999 a 2013 como presidente), fue especialmente sonada la polémica suscitada a raíz de los efectos de la contratación en el año 2010 de los productos financieros denominados swaps. Estas operaciones especulativas de alto riesgo, que fueron comercializadas como seguros contra las subidas de tipos y que se utilizaron para avalar los intereses de la deuda acumulada por la corporación insular, se ocultaron al área de Intervención durante cuatro años y medio e hicieron perder 52,4 millones de euros en concepto de intereses, según reconoció en enero del año pasado su director general de Hacienda del Cabildo.
La crisis abierta tras el reciente descubrimiento de la existencia de estos swaps fue uno de los motivos del enfrentamiento público y notorio entre Melchior y su sucesor en el cargo, el también nacionalista Carlos Alonso, quien en otros tiempos fuera su delfín y protegido.
Al expresidente portuario, durante años referente de la histórica Agrupación Insular Tinerfeña (ATI), el mayor grupo de poder en el seno de Coalición Canaria , también se le considera, junto a la diputada Ana Oramas, uno de los responsables de la defenestración en el año 2015 del expresidente del Gobierno Paulino Rivero, que en su última etapa convirtió la lucha contra las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago en una de sus banderas, en favor de Fernando Clavijo, quien tras las elecciones de mayo y la pérdida del poder por parte de los nacionalistas se marchó al Senado para tratar de recuperar su condición de aforado en la investigación del caso Grúas, en el que se le investiga por la presunta comisión de varios delitos durante su etapa como concejal y alcalde de La Laguna.