El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha declarado “obstruccionistas” a los ayuntamientos de La Orotava, La Oliva, Antigüa, Pájara y Puerto del Rosario, lo que ha calificado de “muy preocupante”, y también critica la actitud de la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma.
En concreto, el informe cifra en nueve el total de las notificaciones de obstrucción contra el alcalde orotavense, Isaac Valencia, y dos contra la primera edil de La Oliva, Claudina Morales, ambos de Coalición Canaria (CC), aunque Saavedra ha recordado que “son de uno y otro signo” las corporaciones municipales que no colaboran con el Diputado del Común
El informe, que Saavedra ha presentado este lunes ante la Comisión de Gobernación antes de ser debatido en el pleno del Parlamento, aclara que las dos declaraciones de obstruccionismo dictadas a Morales se refieren a dos expedientes diferentes mientras que las 9 declaraciones de obstruccionismo dictadas contra Valencia “se refieren a nueve expedientes idénticos que debieron ser tramitados como causa colectiva”.
Saavedra ha expuesto que la declaración de obstrucción es el “instrumento más importante” que tiene la Institución, pero que hasta ahora ha pasado “desapercibido y no se le ha dado trascendencia”, pues puede acabar ante el Ministerio Fiscal.
Código Penal
En concreto, el artículo 34 de la Ley del Diputado del Común asegura que la “actuación de una autoridad, funcionario o empleado público, que dificulte, sin una justificación adecuada, la investigación de una queja, será considerada obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común y podrá hacerse pública de inmediato a través del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias”.
Igualmente, “dicha actitud podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”.
Precisamente, la diputada nacionalista Flora Marrero (CC) preguntó si el Diputado del Común va a dirigirse al Ministerio Fiscal, por lo que Saavedra dijo que ninguna institución análoga de las existentes en España lo ha hecho.
“Hay que ser prudentes. No tengo afán de machacar a nadie”, respondió.
Saavedra incluso anunció que “el próximo año haremos un seguimiento de las recomendaciones del Diputado del Común por parte de las administraciones públicas”.
Descoordinación
Y es que resaltó, ejerciendo la autocrítica, que la nueva formulación del informe anual, “ha dejado a la luz la verdadera realidad de la institución, y se ha comprobado que existe una descoordinación entre su funcionamiento y su funcionalidad”.
“En los tres últimos años existe un descenso en el número de usuarios. Eso sin lugar a dudas es debido a la mala imagen que la institución ha tomado por los continuos desacuerdos en el Parlamento para su renovación”, afirmó Saavedra.
El Diputado del Común cree que ese impasse de más de cuatro años para elegir al sustituto de Manuel Alcaide “ha creado una mala imagen de la institución, se ha acrecentado la desconfianza sobre la misma, que unido al general desconocimiento de su existencia arroja resultados inquietantes”.
“No parece de recibo que la administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden con sus últimas esperanzas, sea tan o más lenta en sus procedimientos, que aquellas que generaron el conflicto”, afirmó.
“Es deseo e intención del nuevo Diputado del Común modernizar la institución”, insistió Saavedra, para hacerla “más próxima, más conocida y más eficiente”.
Además, consideró inaceptable que se mantengan 729 quejas vivas, sin tramitar, solo en el año 2011 y que incluso exista uno del año 2005.
“No es de recibo que los ciudadanos acudan como último remedio, y siempre pensando en la salvaguarda de sus derechos, al Diputado del Común, y aquí la demora en la tramitación sea igual o mayor que la administración que ha generado la reclamación”, afirmó.
Una tesis que no fue compartida por el portavoz del Grupo Popular, Emilio Moreno, para quien “la mala imagen es por la falta de modernización del Diputado del Común y la falta de respuesta ágil y eficaz, que deriva en una falta de confianza”.
Por ello, insistió en la necesidad de que desaparezca la Institución, por ser “carente de eficacia y de eficiencia”, ya que mantiene un presupuesto de tres millones de euros “para solo 1.217 reclamaciones”.
Calidad democrática
Saavedra replicó con la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid, pero “sobrecargar el trabajo de un parlamentario autonómico, que lo tienen, y mucho, con las quejas del Diputado del Común sería imposible que lo sustituyeran”.
“Es un problema de calidad democrática, que requiere más vías de contacto y de participación, por lo que el Diputado del Común actúa de mediador entre el ciudadano y las administraciones públicas”, insistió.
Por su parte, la socialista Dolores Padrón, agradeció “el cambio de formato” a la hora de presentar el informe anual, y aplaudió la propuesta de Saavedra de ser más eficaz y transparente con el fin de que “el ciudadano sienta que el dinero público que se gasta se le revierte”.
Por ello, apoyó a Saavedra en su tesis de “plantear un cambio de la institución para resituarla más cercana a los ciudadanos”.