El Gobierno de Canarias ha convocado un nuevo concurso de comunicación cuyas bases repiten la fórmula que ha facilitado la adjudicación del servicio en otros tres procedimientos similares a lo largo de 2016 a Metrópolis. Esta agencia sumó el año pasado al menos cinco contratos (dos con negociados sin publicidad) de distintos departamentos del Ejecutivo regional por un valor total superior a los 300.000 euros. En esta ocasión, se licita el servicio de apoyo técnico cualificado (gabinete de prensa y seguimiento de medios) en el ámbito del Plan de Salud de Canarias.
El órgano de contratación es la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), responsable de la sala operativa del 1-1-2 en el Archipiélago. Esta sociedad mercantil no sólo está adscrita a la Consejería de Sanidad, sino también a la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el área que ha concedido el último contrato a la mencionada empresa. El importe de licitación, por un periodo de dos años, es de 192.000 euros (8.000 euros al mes).
Empresas competidoras de Metrópolis advierten de que los pliegos del concurso vuelven a incluir un conjunto de requisitos “de imposible cumplimiento” con ese precio de licitación, salvo que el seguimiento de medios, que hasta este mismo año estaba disociado del gabinete de prensa con contratos específicos para este servicio, se preste a coste cero o dentro de un paquete sin coste añadido para la administración.
Según han denunciado agentes del sector en otros procedimientos, esta es la estrategia que sigue Metrópolis, cuya principal fortaleza radica en los gabinetes de prensa. De hecho, ha prestado este servicio de apoyo a la Consejería de Sanidad las dos últimas décadas. El propio Gobierno de Canarias reconoció a este periódico en junio que durante la pasada legislatura ya se operaba de facto con un modelo por el cual empresas que trabajaban para la administración en el ámbito de la comunicación prestaban el servicio de seguimiento de noticias “a coste cero”.
Con el cambio de fórmula implantado a principios de año, el Ejecutivo acabó con el modelo centralizado y especializado de monitorización de medios que funcionaba desde hacía dos décadas para permitir que cada departamento pudiera contratar por su cuenta, atomizando el servicio y, por lo tanto, incrementando su coste global para la administración regional al desaprovechar la economía de escala. Según las fuentes consultadas por este periódico, sólo son dos las empresas del Archipiélago que ofrecen seguimiento de medios, la propia Metrópolis (como valor añadido a su actividad principal, los gabinetes de prensa) y MMI Canarias, especializada en este servicio.
La convocatoria de la empresa pública GSC exige disponer de dos periodistas en exclusiva de alta especialización en el ámbito sanitario, un fotógrafo con capacidad para operar en “las siete islas canarias, incluida La Graciosa, y ocasionalmente en la Península” y un sistema de guardias localizadas durante 24 horas al día los 365 días del año, además del mencionado seguimiento de medios, un servicio que, según las mismas fuentes, requiere una plantilla “de no menos de 15 personas”. Los pliegos otorgan un punto por cada profesional que se añada a estos requisitos mínimos, hasta un máximo de diez. A ello hay que sumarle los gastos de infraestructuras, viajes, utensilios y dietas.
“¿Qué coste tendría este servicio con las condiciones de trabajo y la remuneración de los trabajadores públicos?”, se pregunta un empresario del sector consultado por este periódico. Y es que, para poder ser competitivo y tener opciones de resultar adjudicatario del concurso, los licitadores deberán además ajustar los precios. A modo de ejemplo, una oferta con una reducción económica del 10% sobre el importe de licitación implicaría que la empresa adjudicataria tendría que prestar el servicio por 7.200 euros al mes. “Con ese dinero y las condiciones que se imponen, no es que no se pueda obtener una rentabilidad empresarial, es que ni siquiera llega para cubrir los costes”, asevera. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre estructura salarial, publicados en octubre aunque correspondientes al año 2014, la brecha entre los sueldos públicos y privados es de 13,534,35 euros al año (30.652,67 frente a 17.118,35).
Por otra parte, todas las labores de apoyo técnico que preste la empresa adjudicataria se realizarán “de forma coordinada y bajo la supervisión y dirección” del gabinete de comunicación de la Consejería de Sanidad.
La empresa de comunicación Metrópolis ha suscrito contratos este año con las consejerías de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (por 58.800 euros), de Hacienda (105.600 euros) y de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (51.724 euros). En todos estos casos resultó adjudicataria siendo la única licitadora de unos concursos con pliegos muy similares. Además firmó otros dos negociados sin publicidad, uno con la Viceconsejería de Comunicación (58.800 euros) y otro con el Servicio Canario de Empleo (48.000 euros). En total, 322.924 euros.
En el anterior concurso convocado sobre la materia en un departamento del Gobierno regional, el de Política Territorial, fueron cuatro las empresas que elevaron su queja sobre unos pliegos que, a su juicio, suponían un traje a la medida de Metrópolis, la agencia que finalmente resultó adjudicataria al ser la única que se presentó y cumplir con las exigencias requeridas.