Las consejerías canarias de Educación y de Sanidad preparan un estudio para saber “qué está pasando” tras detectar un aumento de problemas de salud mental en niños y jóvenes, que podrían derivar del confinamiento y la pandemia, según ha indicado este martes la titular de Educación, Manuela de Armas.
La consejera ha manifestado en comisión parlamentaria que se ha constatado en las aulas que hay niños y jóvenes “sufriendo muchas dificultades” en este ámbito, de ahí el interés de ambos departamentos autonómicos por estudiar qué ocurre y poner los recursos necesarios para paliar la situación en la medida de lo posible.
Manuela de Armas se ha referido a este asunto durante una comparecencia a petición del grupo Popular sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación a las políticas de discapacidad por el departamento educativo, respecto a lo que ha detallado que en Canarias hay 11 centros públicos de educación especial y dos aularios.
Para el próximo curso está prevista la creación de nuevos aularios en San Bartolomé de Tijarana (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y en El Hierro, ha anunciado.
Además, hay 228 aulas enclave, que son unidades de escolarización dentro de los centros ordinarios, y, de ellas, 133 son de educación infantil y primaria y 95 de tránsito a la vida adulta, si bien ha asegurado que el próximo curso se crearán otras 14.
También para el nuevo curso, y de manera excepcional, se permitirá continuar hasta los 23 años la enseñanza en los ciclos de FP adaptada, que se incrementarán en 30.
Asimismo se ha realizado una experiencia piloto de atención a alumnos con trastorno del espectro autista en 14 centros de enseñanza ordinarios, con el resultado de que más del 80% de su jornada escolar ha sido inclusiva, agregó la consejera.
También ha expuesto Manuela de Armas que Canarias va a ser pionera con una experiencia piloto en el centro Castro Fariña de Tacoronte (Tenerife) en implantar el bilingüismo pleno en la jornada educativa, que compatibilizará la lengua oral y el lenguaje de signos para alumnos con discapacidad auditiva.
Alumnos con discapacidad en las aulas canarias
El diputado del grupo Popular Carlos Ester, que planteó la comparecencia, ha afirmado que unas 100.000 personas tienen algún tipo de discapacidad en Canarias, el 15% de la población, y ha lamentado que en las islas no haya realmente un sistema educativo inclusivo “y se cojee de muchas patas”.
La prueba de ello es que a las universidades sólo llega un 1% de alumnos con discapacidad, ha afirmado Ester, quien ha estimado que queda mucho camino por recorrer y ha pedido promover la participación de las familias en los centros y planes de formación para el profesorado que atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Por el grupo Mixto, la diputada Vidina Espino, de Ciudadanos, ha preguntado cómo se va a mejorar la atención en este ámbito si se va a perder los llamados “profesores COVID”, a lo que la consejera ha respondido que ni la parlamentaria ni nadie sabe, a día de hoy, cuántos profesores van a estar en las aulas ante la evolución de la pandemia por lo que, ha advertido, no se debería crear “una incertidumbre innecesaria en la gente”.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, no ha dudado de la implicación total de la Consejería para mejorar la situación en esta materia, pero también ha considerado que hay problemas, como la falta de ascensores, en algunos centros a los que hay que hacer frente para favorecer la accesibilidad.
La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha manifestado que lograr la máxima integración posible requiere de dinero y, además, se debe bajar la ratio si se desea aumentar la calidad educativa en el país, al tiempo que ha instado a la Consejería canaria a pedir fondos europeos para las infraestructuras educativas.
Luis Campos, de Nueva Canarias, ha resaltado que va a haber casi mil profesores más, con lo que va a mejorar “muchísimo” la ratio respecto a hace dos años, y ha dicho que no comparte la decisión del Gobierno central de excluir de las becas a los alumnos que no tengan acreditado un 33% de discapacidad.
Por el grupo Nacionalista Canario, la diputada Cristina Valido ha advertido de que al acabar la etapa escolar muchos alumnos con discapacidad se quedan a la espera de una plaza en un centro con el consiguiente parón en su promoción intelectual y física, lo que, además, provoca que muchas madres tengan que pedir una excedencia o dejar de trabajar “porque sus hijos no tienen adónde ir”.