La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha achacado este martes la subida del tiempo medio de la lista de espera en dependencia en Canarias --situada en 927 días, según el último informe de la Diputación del Común-- a que había miles de “expedientes abandonados a su suerte” cuando ella y su equipo llegaron a este departamento del Ejecutivo regional.
En comisión parlamentaria y a pregunta del Grupo Socialista, ha indicado que había “cajas y cajas” con casos personales que no estaban registrados ni dados de alta, a modo de “personas invisibles”, concretamente un total de 5.228 expedientes con 400 días de retraso como mínimo, cuando la ley fija un máximo de 180 días.
Así, ha comentado que “lo justo es darles visibilidad” y por ello asume que se la ataque por la gestión ya que se ha generado un retraso, pero ahora todos los expedientes están incorporados al sistema: “Nos critican por hacer nuestro trabajo”, ha apuntado.
Con todo, no ha ocultado que en su departamento hay un sentimiento de “frustración” porque la tramitación de expedientes no se agiliza como les gustaría, aunque ha afirmado que ya se ve “cierta luz al final del túnel”.
De hecho, en los primeros cuatro meses de este año se han resuelto 467 expedientes frente a los 258 del año pasado y 290 de 2019.
La consejera ha comentado que aparte del aumento de personal incluido en el plan de choque se intentará contratar a más trabajadores a lo largo del año y se pondrá en marcha el gestor de expedientes, bloqueado aún por problemas con las empresas adjudicatarias.
María del Pino González, del Grupo Socialista, ha apuntado que la gestión de la dependencia en Canarias está lastrada por la falta de recursos humanos, el retraso en el plan de infraestructuras y los recortes y la deficiente gestión en pasadas legislaturas.
“Una mochila cargada de dificultades”
Además, ha dicho que Santana “cogió una mochila cargada de dificultades” y que “se ha encontrado piedras en el camino” derivadas de la pandemia, pero ha puesto sobre la mesa que los valoradores han pasado de 50 a 86 en virtud al plan de choque y la media de resoluciones casi se ha duplicado en los primeros meses cuatro meses del año.
María del Pino González ha comentado que crece la partida estatal hasta los 9,2 millones y se alcanza una “inversión récord” para el plan de servicios sociales para los ayuntamientos, con 4,8 millones del Estado y 31 millones de la consejería, un 70% más.
No obstante, ha advertido de que en Canarias se sigue “arrastrando” una situación que aunque “es mejor”, aún está “lejos de resolverse”.