El Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó en 2023 contratos de emergencia por una cantidad récord de 4,2 millones de euros

El uso de los contratos de emergencia se generalizó con la pandemia, debido a la urgencia del momento. Sin embargo, su uso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza -al menos, en cuanto al volumen de lo contratado- se ha incrementado, hasta el punto de que en 2023 se contrataron con esta excepcional modalidad 25 trabajos por un volumen de 4,2 millones de euros. Así lo refleja la Intervención municipal en un informe en el que afea al equipo de gobierno que no publique estos encargos en el Perfil de Contratante, como marca la normativa.

Según aparece en el mencionado informe -al que ha tenido acceso elDiario.es-, la contratación de emergencia por parte del Consistorio zaragozano alcanzó en el ejercicio de 2019, el año previo a la covid-19, los 2,2 millones de euros, que aumentaron hasta 3,6 millones al año siguiente, en plena pandemia. Pese a que en 2021 disminuyeron hasta los 2,5 millones, a partir de entonces se han disparado: si en 2022 llegaron hasta los 4 millones de euros, el año pasado creció hasta un volumen de 4,2 millones de euros.

El contrato más cuantioso tiene que ver con la polémica venta de suelo municipal al grupo Saltoki en el polígono Empresarium. En concreto, el Ayuntamiento adjudicó a la firma Construcciones Lecha por 1,3 millones de euros dos obras de emergencia para llevar a cabo el movimiento de tierras ante el peligro que representaba un talud. Y eso pese a que el suelo había sido enajenado previamente, con lo que estaba ya en manos privadas.

La misma empresa, con sede en Teruel, fue la encargada de realizar -a raíz de las fuertes lluvias del 6 de julio de 2023- unos trabajos en el muro del colegio Santa Magdalena Sofía y el CDM Valdefierro, que se sufragó con 467.000 euros.

La renovación de Salamero, en el punto de mira

La renovación de la plaza Salamero ha sido un destino habitual de la contratación de emergencia en los últimos dos años por parte del Consistorio que preside Natalia Chueca. Si en 2022 ya aglutinó casi 2,3 millones de euros en encargos de este tipo, en el pasado ejercicio hubo un nuevo contrato, este de 400.000 euros, para las obras de urbanización. La firma encargada de llevarlo a cabo fue la UTE Obrascon Huarte Lain S.A.-Industria de Servicios Ideser SAU (UTE Salamero).

Y, respecto a la misma plaza de Salamero, hay que sumar tres facturas más del año pasado que la Intervención no incluye en el listado de 25 contratos y que suman 758.926 euros, con lo que solo en 2023 el importe destinado a obras de emergencia en la plaza asciende a 1.158.882 euros. Al incluir las mencionadas tres facturas -localizadas, según apunta la Intervención, durante la labor de “convalidación de gasto y reconocimientos extrajudiciales de crédito”-, la contratación de emergencia municipal del ejercicio pasado sumaría casi 5 millones de euros.

El resto de contratos de emergencias incluyen, entre otros, varios trabajos a raíz de las lluvias del 6 de julio del año pasado, como en Parque Venecia y la Z-30 (170.000 €), en el cuartel de la Policía Local (148.000 €) o la escuela infantil La Paz (142.000 €), pero también una actuación en el Centro Cívico Luis Buñuel (184.000 €) y otra en la antigua caseta del guarda del parque Pignetelli (125.000 €).

El informe de Intervención apunta a que ya en el informe provisional se valoró que no estaba “debidamente justificada” la emergencia en siete de los contratos, aunque el documento apunta a que Urbanismo ha presentado “alegaciones” a estos.

Respecto a los trabajos en la parcela de Saltoki, el informe de Intervención insiste en señalar: “Entendemos que la utilización de la tramitación de emergencia no es la más adecuada debido a que las obras no se limitan a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir los daños derivados de la situación de riesgo”. Lo mismo sucede en cuanto a los trabajos en el parque Pignatelli, que tuvieron un plazo de ejecución de siete meses.

Tampoco se observa emergencia en las obras de urbanización de la plaza Salamero, al menos que venga contemplada en el correpondiente artículo (120) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sin publicar en el Perfil del Contratante

Ninguno de estos 25 contratos, recuerda por otro lado el órgano fiscalizador, ha sido publicado en el Perfil de Contratante, algo que, como la Intervención indica, “incumple la normativa en materia de contratación y la relativa a transparencia de la actividad pública”. Por ello, el órgano fiscalizado insta al equipo de gobierno a publicar cada contrato con un mínimo de cuatro conceptos: justificación del procedimiento utilizado, objeto del contrato, precio de la adjudicación y la identidad del contratista.

A su vez, la Intervención general destaca que solo se ha remitido al Tribunal de Cuentas información de 14 de los 25 contratos de emergencia del año pasado, todos los adjudicados por el Servicio de Inspección Urbanística salvo uno.

El jueves, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, sacó a colación el informe del órgano fiscalizador para afear al PP la “deriva y abuso” del uso de los contratos de emergencia. Para Ranera, este tipo de contratos, que se están “cronificando”, constituyen una “técnica muy peligrosa” porque hacen que el Gobierno del PP se salte “todos los controles de la Administración”. “Estamos dando a dedo obras a algunas empresas sin que pasen por los distintos controles de la Administración”, abundó Ranera.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, dio una rueda de prensa después en la que fue muy duro contra los socialistas y contra Ranera en particular. “En el Ayuntamiento de Zaragoza, la contratación de emergencia, pese a que no exige legalmente un expediente administrativo, está toda contenida desde 2019 en los correspondientes expedientes administrativos, algo que no pasaba antes”, manifestó Serrano, quien acusó a la portavoz del PSOE de no haberse “leído” l a documentación.

Mientras, este viernes, en la Comisión de Hacienda, los socialistas han ahondado en sus críticas por esta cuestión. La concejal Marta Aparicio ha lamentado la “chapucería y opacidad” del Gobierno del PP al recurrir “sin control” a los contratos de emergencia que “carecen de cobertura legal”. 

“Carecen de cualquier cobertura legal”

Aparicio ha desgranado alguno de esos 25 contratos analizados por la Intervención y que “carecen de cualquier cobertura legal”. Se ha referido al vallado de las Torres del Pilar que se contrata en 2023 por emergencia “un año después de los primeros desprendimientos y del vuelo del dron”. “En el informe dicen que en el 2022 no lo veían tan urgente y luego, ya sí y, por eso, lo meten por emergencia”, ha recriminado Aparicio.

Tanto el de las Torres del Pilar como la actuación en la calle Allué Salvador, 7, podrían haberse tramitado como contratos menores, pero demuestran su “nula capacidad de gestión y que son unos chapuceros”. También ha aludido otros contratos señalados como las obras del CDM de Valdefierro o las casetas del guarda del parque Pignatelli. “Son obras en las que, efectivamente, hay una emergencia, pero luego ya tenemos la excusa de llevar a cabo el resto de actuaciones mediante el mismo contrato de emergencia, que es mucho más rápido”, ha censurado.

Ha alertado asimismo sobre el “clásico” contrato de emergencia para la plaza Salamero y ha avisado a la consejera municipal de Hacienda que este es un problema de “los gordos”. “Han estado haciendo -ha relatado- parte de la obra con contratos de emergencia, han fraccionado otros. Aquí han hecho de todo. El año pasado ponían flores con emergencia y eso que no era primavera. Este año, las obras son para detener el avance de la corrosión, por supuesto; una vez más, no se justifica la existencia de ruina inminente o grave peligro”.