El Servicio Canario de Salud (SCS) gastó 4,57 millones de euros en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en manos de la empresa privada Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial de Clínicas San Roque, durante el año 2017, el primero en el cargo de José Manuel Baltar. El actual consejero de Sanidad procede de ese grupo hospitalario, el más importante por volumen de negocio en la isla. Esa cifra representa un incremento de un 82% con respecto a la ejecución del ejercicio precedente, el último del socialista Jesús Morera al frente del área, que ascendió a 2,5 millones.
Así figura en la información proporcionada por el Gobierno de Canarias en respuesta a una solicitud de datos de la última legislatura planteada por el Grupo Socialista en el Parlamento regional. La cantidad presupuestada para el servicio durante los últimos tres años es exactamente la misma, 2,63 millones de euros, si bien es cierto que en el último ejercicio se desglosa en dos partidas diferentes, por un lado la Medicina Nuclear (un millón) y, por otro, la resonancia magnética (1,63). En los dos años anteriores figuraban de manera conjunta.
La diferencia se aprecia, sin embargo, en el grado de ejecución, es decir, en el gasto real del servicio. En el año 2015, la desviación con respecto a la cifra presupuestada fue de apenas 50.000 euros. Un año después, el primero completo de Morera en la Consejería de Sanidad, se llegó a gastar incluso 134.000 euros menos. Ha sido el último ejercicio, 2017, cuando se ha disparado el coste del concierto con la filial de San Roque hasta los 4,57 millones. Si se toma como referencia solo la partida de Medicina Nuclear, donde se ejecuta el 100% de los fondos, el incremento sobre lo consignado en los presupuestos es del 356%. Si se le añade también lo previsto en las cuentas en relación a la Resonancia Magnética, del 73%.
Las desviaciones sobre las partidas presupuestadas son habituales en los conciertos con la sanidad privada. El artículo 25 de la Ley de Presupuestos autoriza, entre otros organismos, al Servicio Canario de Salud a tramitar sus propias modificaciones de crédito.
Un contrato vencido
El contrato con la filial del grupo hospitalario San Roque para la prestación en el Hospital Doctor Negrín de la Medicina Nuclear, un servicio fundamental para el diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades, principalmente tumores, está vencido desde 2015. Dimec resultó adjudicataria del concurso celebrado en 2005 para la externalización del servicio durante un máximo de diez años. El vínculo, sin embargo, se remonta a 1991, fecha en la que el extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud) concertó las pruebas de Medicina Nuclear en el Hospital de Nuestra Señora del Pino. Desde hace tres años, el servicio se paga a través de los denominados expedientes de nulidad, un procedimiento excepcional para mantener la prestación cuando expira el contrato.
En 2016, el entonces consejero Jesús Morera anunció su intención de devolver el servicio a manos públicas. Para ello, presentó un informe firmado por el entonces gerente del Hospital Doctor Negrín, José María Sánchez, que concluía que la reversión de la Medicina Nuclear acarrearía un ahorro de 800.000 euros anuales a las arcas públicas. Sin embargo, la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSOE, la salida de los consejeros socialistas y la entrada de Baltar dejaron en el aire la propuesta hasta el pasado 31 de agosto, cuando el actual equipo del Servicio Canario de Salud (SCS) emitió otro estudio en el que compara el modelo del Negrín con el público de La Candelaria, en Tenerife, para llegar a una conclusión radicalmente opuesta y volver a sacarlo a licitación, es decir, mantenerlo privatizado.
Desde entonces, las disputas entre CC y el PSOE en relación a este conflicto se han intensificado. El consejero de Sanidad y el diputado socialista Iñaki Lavandera protagonizaron este miércoles en el Parlamento regional un nuevo episodio de este enfrentamiento.
Baltar ha vuelto a restar importancia al informe elaborado en 2016 por sus antecesores, calificándolo de “hoja de Excel sin firma” y asegurando que el equipo de Morera no dejó planificada la recuperación del servicio y se limitó a “hacer declaraciones y cantos al sol” en los medios. El parlamentario del PSOE, por su parte, ha acusado al consejero de “dilapidar dinero público para beneficio privado” y de encargar, para ello, un informe que, en opinión de su grupo, incurre en numerosas deficiencias. Entre ellas, “mezclar gammagrafías” sin tener en cuenta que la variabilidad de estas pruebas es muy amplia, es decir, realizar los cálculos de costes “independientemente de lo que se le haga” a los pacientes; imputar durante el primer año el importe completo de la adquisición de equipamiento y no el correspondiente a su coste de amortización durante la vida útil del aparato (diez años) o incluir las densitometrías en el coste del servicio en La Candelaria para inflar los números, ya que en el Doctor Negrín esas pruebas se realizan en Reumatología.
Lavandera pidió a Baltar que, “venga de donde venga y sea cual sea su destino”, acabe con la privatización del servicio en defensa de la sanidad pública, un objetivo que, en su opinión, “le costó el puesto” a Morera, ya que “CC no permitió que determinados negocios se pusieran en peligro”.
“Apostar por lo público es trabajar, trabajar y trabajar. Si lo tenían claro, ¿por qué no dejaron un plan? No había ni documento formal ni informal, ningún órgano colegiado de la Consejería lo había aprobado”, ha respondido Baltar, que ha concluido su intervención retando al PSOE a comparar ambos documentos. “Si su informe está mejor que el nuestro, no tendremos ningún problema en acatarlo”, ha dicho el consejero, que anunció, no obstante, que se abstendría en este procedimiento “por razones obvias”, es decir, por su pasado reciente en Clínicas San Roque.
Con respecto a la posición de otros grupos parlamentarios, Podemos fue el más rotundo al considerar “un escándalo mayúsculo” que un hospital público tenga “una planta completa privatizada”. El diputado Juan Márquez cree que la continuidad del servicio en manos privadas no solo es “injustificable políticamente, sino también económicamente”. Esther González (Nueva Canarias) defendió la necesidad de que todos los equipamientos de Medicina Nuclear sean públicos y de evitar que la actual situación se perpetúe en el tiempo, mientras que Zacarías Gómez (Partido Popular) alabó el esfuerzo realizado en el “concienzudo” informe del SCS, aunque reconoció la existencia de fallos que “imposibilitan tomar las medidas adecuadas”.