Los hermanos Santana Cazorla han atribuido a “conflictos internos de la empresa” la querella criminal presentada en julio por los herederos del promotor noruego Björn Lyng, quienes acusan a su socio canario de apropiación indebida y deslealtad en la administración por la presunta desviación fraudulenta de fondos del Grupo Anfi hacia la matriz particular del presidente del grupo, Hermanos Santana Cazorla, que tiene el 50% de las acciones de la compañía y voto de calidad.
En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Triajana, los hermanos Santana Cazorla, Santiago y Manuel, negaron los hechos que se les imputan, un “expolio” que habría ascendido a 8,6 millones de euros solo entre 2012 y 2013.
Según informa este martes La Provincia, los hermanos Santana Cazorla han defendido que las transferencias realizadas desde el Grupo Anfi hasta su empresa particular “no tenían el ánimo de defraudar” al emporio turístico del sur de Gran Canaria, que eran “simples préstamos internos” entre las sociedades y que ya han devuelto más de 4 millones de euros. Además sostiene que este tipo de trasvases son habituales y se utilizan para no tener que solicitar créditos a los bancos.
Santana Cazorla, en virtud de los acuerdos firmados con el promotor Björn Lyng en 2006, justo en el momento de la venta del 50% del grupo, dispone del doble de votos que los herederos del noruego en el Consejo de Administración que preside, aparte de amplios poderes otorgados “por la plena confianza de Björn Lyng en su gestión”, poderes y votos que le han permitido actuar como si el Grupo Anfi fuera de “su exclusiva propiedad”, hasta el punto de iniciar una serie de desvíos de fondos a mitad de 2012 a espaldas de sus socios.
Los herederos de Björn Lyng comenzaron a sospechar de esos trasvases de dinero de las cuentas de Anfi Resorts y Anfi Sales a Hermanos Santana Cazorla a principios de abril, al ser requeridos por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para que informaran de las cantidades traspasadas de las dos matrices de Anfi a HSC.
En la querella se explica que tanto el representante de Anfi Internacional, Jarl Whist, como el secretario del Consejo de Administración, Juan Arencibia, requirieron información en abril pasado al presidente, Santiago Santana Cazorla, para poder responder al juzgado. Santana Cazorla se negó hasta que se celebró un Consejo en mayo, ya con los plazos para responder al juzgado agotados.
En aquella reunión, el constructor tirajanero dio “versiones confusas” sobre esos desvíos de fondos y aportó dos pagarés, con vencimientos en noviembre y diciembre próximo, con los que pretendió formalizar la devolución de los ocho millones de euros. La ruptura y pérdida de confianza desde entonces, por parte de los socios de Santana Cazorla, fue total, y de una serie de enfrentamientos societarios en posteriores consejos de administración se ha derivado a la presentación de esta querella criminal.
En la misma, Anfi Internacional reclama al juzgado medidas cautelares contra los hermanos Santana Cazorla, con la petición de nueve millones de euros de fianza, así como contra su director general, Arturo Ramírez, con 500.000 euros de fianza. Asimismo espera que desde el juzgado se revoquen los poderes que permiten a Santana Cazorla tomar decisiones en el seno del grupo sin informar a sus socios, al haber cesado la confianza que había cuando se produjo la firma del acuerdo en 2006 y la renovación de esos pactos en marzo de 2012.