Las obras del Barranco de Santos en la capital tinerfeña se han convertido en un auténtico sumidero de dinero público que parece no tener fin. Ahora el Ayuntamiento ha accedido a pagar a la unión temporal de empresas que ejecutó la primera fase de la también conocida como vía arterial un total de 9,3 millones de euros por el incremento en el precio de los materiales, intereses devengados y los desfases presupuestarios, a causa de la mayor duración de los trabajos. La UTE formada por Fomento Construcciones y Contratas (FCC) y Construcciones Darias alegó ante la Corporación local los perjuicios que sufridos a causa de la suspensión durante varios años de las actuaciones por la imposibilidad de que el Ayuntamiento pusiera a su disposición los terrenos en los que se tenían que ejecutar las obras y que deberían haber estado libres antes del inicio de los trabajos.
El propio Ayuntamiento ha asumido su responsabilidad, aunque ha discrepado sobre las cantidades que adeuda a las empresas. Así éstas reclamaban 2,2 millones en concepto de resarcimiento por los daños producidos por el modificado del proyecto original y, aparte, en gastos indirectos se ha acordado pagarle 2,6 millones. Sin embargo, en cuanto a costes directos relacionados con la mano de obra, materiales y energía las adjudicatarias las compañías habían solicitado el abono de 5,3 millones por la imposibilidad de cumplir con los plazos fijados en el contrato por culpa de la Corporación local que en 2003 se fijó en 18 meses. El Ayuntamiento, por su parte, valora en 4,5 esta última partida y el Consejo Consultivo en su informe preceptivo está de acuerdo con el cálculo realizado desde la Gerencia de Urbanismo. Todo ello supone un incremento presupuestario de 9,3 millones de euros sobre las cuentas fijadas en un primer momento para esta primera fase.
El Ayuntamiento de Santa Cruz encargó al equipo de arquitectos integrado por Juan Palerm y Leopoldo Tabares de Nava la elaboración de un proyecto que por su dimensión ha superado ya los 88 millones de euros y dio lugar a que se dividiera en cinco fases o tramos. El grueso de las quejas de las contratas se centra ahora en lo ocurrido en la primera que discurre en la desembocadura del Barranco. La Gerencia de Urbanismo convocó un concurso abierto con un presupuesto inicial de 39,1 millones que luego se vio sobradamente superado y suma ya los 48,4. El objetivo era la ejecución de un viario comprendido entre la calle Diego Crosa y la avenida Venezuela, así como emprender diversas actuaciones en los márgenes de este cauce. El contrato se firmó a finales de 2003 y desde el principio surgieron problemas ya que el Ayuntamiento obligó a introducir diversas modificaciones sobre el proyecto original. En 2007 las empresas se dirigieron formalmente a la Corporación local comunicándoles que estos trabajos no se encontraban incluidos en el presupuesto y por lo tanto implicaban un aumento del coste original. De hecho, en el mismo momento de iniciarse las obras, los terrenos ni siquiera se encontraban disponibles, incluidos los de un falso túnel por lo que se tuvo que emplear un tiempo superior y distintos medios de trabajo de los planificados en un principio.
Consecuencia
“Consecuencia inevitable de lo antedicho es que las empresas se vieron imposibilitadas materialmente para ejecutar las obras en los plazos fijados en el contrato, por lo que, mediante escrito de 15 de julio de 2005, se solicitó una primera prórroga del contrato por ampliación del plazo inicial de ejecución, por un tiempo de 8 meses. Y en sesión celebrada el 5 de julio de 2006, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo autorizó la ampliación de dicho plazo, debiendo por ello finalizarse el 5 de julio de 2006”, indica el informe del Consejo Consultivo. Por si fuera poco, durante la realización de los trabajos tuvo lugar la tormenta tropical Delta a finales de 2005 que no sólo afectó a las obras, sino que determinó que el Ayuntamiento requiriera por razones de urgencia la reparación de los destrozos ocasionados. “Actuaciones ajenas al proyecto original, lo que aumentó el retraso por causas obviamente no imputables a las compañías, solicitándose por lo tanto una nueva ampliación del plazo que fue acordado por Urbanismo y que se fijó en el 15 de mayo de 2007”, aunque en realidad este tramo no se acabó hasta un año más tarde.
Todo ello implicó una duración de 44 meses frente a los 18 inicialmente calculados, retraso que el propio Ayuntamiento ha venido a reconocer como responsabilidad exclusivamente suya. La Corporación local no fue capaz de llevar a cabo en el tiempo convenido la expropiación de diversas fincas urbanas, algunas de las cuales estaba ocupadas por particulares lo que aumentó el coste de las obras y un retraso en su culminación. No fue hasta mitad de 2010 cuando se pudo inaugurar la vía arterial. Cuando José Ángel Martín Bethencourt asumió en 2011 el cargo de concejal de Urbanismo se comprometió a asumir el contenido de los informes que el Consejo Consultivo emitiera con el fin de evitar acudir a los tribunales y por lo tanto tener que desembolsar luego intereses de demora.