Bankia no va a cumplir el protocolo antidesahucios aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ni parece dispuesto a cumplir los acuerdos alcanzados en noviembre pasado con el alcalde José Manuel Bermúdez, y tres afectados. Todo ello por las limitaciones que contempla el real decreto 27/2012 para la moratoria en desahucios.
De acuerdo con ese decreto, Bankia argumenta que no puede haber dación en pago para Alejandro Remiro, uno de los acampados, en contra de lo apalabrado el 9 de noviembre, dado que el afectado cuenta con una avalista, su madre.
En esta ocasión, el Ayuntamiento mantiene la cautela y no ha llevado a cabo ningún gesto de presión ni amenaza ante la entidad bancaria. La única intervención ha sido una conversación entre el concejal de Hacienda Alberto Bernabé (CC) y el director local de Bankia, Antonio Rodríguez, para rebajar la deuda que le quedaría a Alejandro de 38.000 a 23.000 euros, una vez entregada su casa.
“Eso no es una dación”, insiste la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife, Inma Évora. “Bernabé viene a dar la razón a Bankia, al afirmar que esta dación podría ir contra el real decreto, sin entender que por encima está la Ley de Enjuiciamiento Civil, que otorga libertad de pacto entre las partes”.
Sin más presión por el momento que las tiendas de campaña frente a sus puertas, se quedan en nada los acuerdos verbales que hace unas semanas dieron repercusión mediática en toda España al alcalde, sobre todo tras retirar los fondos del Ayuntamiento de las cuentas con el banco.
No solo no hay dación en pago para Alejandro, sino que Carmen Omaña también ha vuelto a acampar porque el contrato por un alquiler social sigue sin estar firmado por el representante de Bankia.
“Vamos a mantener la acampada el tiempo que haga falta, aunque sea Navidad”, indicó la portavoz de la PAH-Tenerife. Solo se pronunciado los concejales de las oposición, José Manuel Corrales y Guillermo Guigou, quien llevarán este asunto al Pleno del próximo día 27, para exigir una postura de mayor firmeza al Consistorio frente a Bankia y el BBVA, otro banco que no acepta el protocolo antidesahucios.