Bajo un sol abrasador, a las puertas del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en donde este mes, por ser agosto, apenas trabajan algunos funcionarios de los juzgados de Instrucción, José María Fernández y su esposa, Esmeralda Delgado, han instalado dos sillas de playa de las que no se piensan mover. “Ni nos vamos a mover de aquí ni vamos a tomar alimento alguno hasta que se nos haga justicia”, afirman. “Agua, solo agua, hasta que se nos escuche”.
A sus espaldas, un cartel de tela anuncia que están en huelga de hambre indefinida por “la corrupción judicial en El Hierro”. En esa isla, hace siete años, compraron un terreno en Frontera, en el barrio de Los Mocanes, que ahora un vecino, Eloy Machín Armas, les litiga.
Según la sentencia, ya firme y ratificada por la Audiencia Provincial, Machín Armas tiene razón y parte de la casa que José María Fernández y Esmeralda Delgado han levantado poco a poco (un muro de separación y las escaleras de acceso a la vivienda) debe ser demolida.
“Las vías judiciales se han agotado, pero nosotros insistimos en que aquí ha habido prevaricación, que la jueza que ha juzgado nuestro caso es íntima amiga de la letrada que defiende al vecino y debería haberse inhibido”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no lo creyó así y dictaminó que no había conflicto de intereses. Otra batalla perdida por José María y Esmeralda.
Cabría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “pero no teníamos garantías y nos costaba 9.000 euros. Ya no tenemos tanto dinero, ni tenemos dinero para contratar a un bufete de abogados de élite. Solo nos queda esta forma de protesta. Ante todo nos sentimos impotentes, avasallados, no sabemos qué otra cosa podemos hacer”, dice José María
“Me han intentado atropellar al menos en tres ocasiones. En una de ellas, quien lo intentó fue un primo del vecino. Lo vieron testigos que declararon a nuestro favor en un juicio de faltas, pero Machín salió absuelto. Siempre sale absuelto de todo”, añade Esmeralda.
Lindes confusas
Según la sentencia, a la que CANARIASAHORA no ha podido acceder aún, las lindes de ambas parcelas “son confusas”. Las escrituras de este matrimonio, que se confiesa “desesperado”, señalan claramente los límites de su propiedad, pero en el propio juicio por esta causa, quien heredó los terrenos, que a su vez revendió a un tercero y éste a una inmobiliaria, acusó a los Machín Armas de haber alterado los mojones de delimitación.
De esta forma, al menos judicialmente, José María Fernández y Esmeralda Delgado no saben dónde comienza su casa y dónde debería acabar. “El sueño de un hogar para nuestra vejez se ha convertido en un calvario”, afirman ambos.
José María Fernández es minero. Le queda poco para jubilarse. Trabaja en el País Vasco y ya ha demostrado ser guerrero y no conformarse con lo que él considera injusticias. En 1992 hizo una marcha junto a otros 500 mineros de Bilbao a Madrid para protestar por la reconversión minera. Asegura que está delicado de salud, pero que lucha y luchará cuanto haga falta por conservar su casa. Ya ha gastado todos sus ahorros.
Falta conocer la versión de la parte contraria, diametralmente opuesta a la que el matrimonio ha ofrecido este miércoles a diversos medios de comunicación. Por otra parte, la abogada que ha defendido a José María y Esmeralda hasta febrero pasado, ha afirmado a CANARIASAHORA que ya no es su representante legal. “Trabajo en El Hierro y solo hay una jueza. No puedo hacer declaraciones”, insistió.