El Tribunal Supremo ha colocado las cuentas públicas del Ayuntamiento de Mogán patas arriba, al ratificar una condena favorable a una familia del municipio, que deberá percibir 4,2 millones de euros por unos terrenos sujetos a expropiación junto al cementerio municipal, en el casco urbano del pueblo del Sur de Gran Canaria. La cuantía supone el 15% de los presupuestos para 2012, cifrados en 29 millones de euros, por el propio alcalde. “No puedo pagar esa cantidad y no lo voy a hacer”, dijo este lunes a CANARIASAHORA.
Una sentencia de fecha 25 de noviembre de 2011, conocida la semana pasada, ha desestimado un recurso de casación presentado por la representación procesal del Consistorio presidido desde 2003 por Francisco González (PP), contra la decisión tomada el 5 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de dar por ajustado a derecho el justiprecio fijado el 13 de abril de 2005 por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas.
Aquel acuerdo en vía administrativa, sin la oposición del representante municipal, fijó en 4.269.839, 08 euros la cuantía a percibir por los hermanos Sánchez Valerón, que desde 2003 habían requerido al ayuntamiento la hoja de aprecio por la cual fijar el valor de sus terrenos, sujetos a derecho de expropiación desde que en 1987 las Normas Subsidiarias calificaran sus solares como “sistema local y dotacional (deportivo, vial, espacios libres, etc.)”, ratificada esa calificación por medio de la Modificación Puntual de 1998.
Lo cierto es que después de 16 años de espera, de 1987 a 2003, los propietarios de los terrenos recibieron por parte del Ayuntamiento de Mogán, con su correspondiente informe técnico, el justiprecio referido de 4,2 millones de euros, y a pesar de un intento posterior de rebajar ese montante a 2,7 millones de euros por medio de un recurso ante el TSJC contra el acuerdo del Jurado Provincial, ha sido esa cantidad la que ha prevalecido a lo largo de todo un proceso abierto desde octubre de 2005, como intento baldío de anular la vía administrativa de la expropiación forzosa decretada en abril de aquel año.
En los últimos años, el ayuntamiento ha alegado incluso ante el TSJC el quebranto que supondría abonar los más de cuatro millones de euros a los herederos de los hermanos Sánchez Valerón, que iniciaron el proceso el 13 de febrero de 2003 después de haber rechazado el ayuntamiento durante la década de los noventa y en 2000 varias propuestas de acuerdo para zanjar la expropiación en no más de 300.000 euros de la época.
Desde el mandato del padre del actual alcalde, Francisco González, y hasta abril de 2006, ya con el hijo en la Alcaldía, el Ayuntamiento de Mogán dio por hecho que el suelo objeto de expropiación era urbano consolidado, tanto en las Normas Subsidarias todavía vigentes como en el Avance del Plan General del que desistió el grupo de gobierno por recomendación del Gobierno canario en 2006.
Solo a partir de abril de 2006, ya con la vía administrativa cerrada y el proceso judicial abierto en el TSJC, el consistorio de Paco González tuvo constancia de la calificación correcta del suelo, urbano no consolidado para la urbanización, que hubiese supuesto un justiprecio menor al admitido por todas las partes en 2005 ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas.
Ni con ese argumento pudo pleitear con éxito el Ayuntamiento de Mogán ante el TSJC, órgano que instó al consistorio a reclamar responsabilidades patrimoniales a técnicos y políticos que hubiesen dado pie al justiprecio erróneo de abril de 2005 sobre un suelo de menor valor que el otorgado por el propio ayuntamiento mediante informes de marzo y noviembre de 2003, siendo ya este último bajo mandato de Paco González.
Abordado por CANARIAS AHORA, el alcalde aseguró este lunes que heredó un problema por el cual ha pleiteado hasta el final sin éxito, dado que ni si Junta de Gobierno ni el pleno municipal hicieron suyos el informe del arquitecto municipal Manuel Bueno por el cual fijaba primero en 3.371.958,61 euros el valor de los 12.763 metros cuadrados, mediante informe de 6 de marzo de 2003 durante los últimos días de alcaldía de Juan Santana Artiles, pero elevado a 4.066.513, 41 euros más el 5% de premio de afección (203.325, 67 euros) el 5 de noviembre de 2003, ya con el actual alcalde al mando, tras alegaciones de los propietarios.
El líder del PP de Mogán ha negado a este periódico que durante su mandato, desde 2003, haya prueba documental de que se ofertara por una cantidad sensiblemente menor a los 4,2 millones de euros una arreglo extrajudicial por parte de los propietarios de los terrenos, si bien otras fuentes municipales aseguran que la familia Sánchez Valerón mantuvo reuniones con el grupo de gobierno del PP en el mandato 2003-2007 para cerrar un acuerdo incluso con un calendario aplazado de pagos y a cambio de otros suelos.
Los grupos de la oposición en el consistorio moganero ya han registrado una moción para el próximo pleno en la que se insta al grupo de gobierno del PP a no enajenar patrimonio público ni mermar partidas de servicios sociales ni tampoco endeudarse para hacer frente al pago de los 4,2 millones de euros, aplicando, en todo caso, el artículo 145.3 de la Ley 30 / 1992, a los efectos de depurar las responsabilidades técnicas y políticas que corespondan, como insta el propio TSJC en auto contrario a las alegaciones municipales contra la ejecución de sentencia.