El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el Ejecutivo procederá a suspender el planeamiento para que se pueda llevar a cabo el proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Gran Canaria. Dijo que los documentos afectados son los del Plan Insular de Ordenación, el plan rector del Roque Nublo, el de San Bartolomé y normas subsidiarias del de Mogán.
Rodríguez explicó en el Pleno del Parlamento de Canarias que su Departamento sigue esperando el informe del Ministerio sobre la distribución de estas instalaciones y manifestó que ello se debe ver “Isla por Isla”. Además informó de que hace menos de un mes la Comisión Nacional de Energía remitió su informe.
El responsable autonómico destacó la colaboración entre las administraciones y recordó que la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (Cotmac) dio su visto bueno preliminar a la suspensión del planeamiento que permita construir la central. Indicó aquí que esta suspensión “no es anecdótica”.
También justificó que la suspensión se hace porque “prevalece el interés general sobre otros intereses”. Explicó además que también se reforzará la línea de transporte del sur de Gran Canaria.
Parques eólicos
“Estamos trabajando coordinadamente y espero que por la ceguera política no sea abortado el proyecto”, deseó Rodríguez que aclaró que el proyecto no servirá de nada si no se desarrollan los parques eólicos previstos y que se han adjudicado en concurso.
De igual forma indicó que también “se está estudiando proyectos de centrales reversibles no sólo en Chira-Soria, sino también en Las Niñas y en la presa de La Aldea. Añadió a éstas otros proyectos en Tenerife y La Gomera.
El consejero también explicó que debe ser “el Gobierno de España quien tiene que garantizar unos precios aceptables por el mercado”. “La competencia es buena para el mercado”, apostilló para rechazar que se busque la crispación en este asunto.
Por su parte, la diputada del PSOE, Francisca Luengo, destacó que el proyecto era “puntero”. Aquí rechazó que se denoste al Cabildo grancanario y su labor en este sentido sólo por estar gobernado por su partido. Además enumeró algunos hitos en los que el PP criticó en su día la iniciativa tras salir del Gobierno de Canarias en 2005.
Luengo se quejó de que la central se quedó en el cajón en 2007. Planteó que fue en ese año cuando el Cabildo comenzó a trabajar. Además subrayó que la Corporación insular debió subrogarse en la tramitación “por inactividad” del Gobierno de Canarias. Por ello exigió explicaciones al consejero de Industria y deseó que a finales de este año “camine solo” el proyecto de la central.
Una desaladora
La diputada del PP, María del Mar Arévalo, se interesó por el mandato del Pecan al respecto y se preguntó por qué medida se van limando los escollos a la hora de su implementación. La popular criticó a Luengo y aseguró que “sus palabras me resbalan y si quiere seguir anclada en la anterior legislatura, hágalo”. Negó la diputada del PP que su partido fuera contrario al mismo y asumió que será el PP gobernando en el Cabildo quien inaugure la instalación.
Arévalo destacó que la construcción permitirá la reducción de la contaminación y que compensará la baja calidad en la energía que actualmente se produce. “En casos de ceros permitirá recuperar el servicio con mayor rapidez”, prosiguió para concluir que al lado de la central se debe construir una desaladora que proporcione agua a los agricultores de la zona.
500 millones
La diputada de CC, María del Mar Julios, aseguró que su partido apuesta por este tipo de instalaciones. Además destacó la receptividad del Ministerio para autorizar la instalación de energía hidráulica y subrayó que sería la primera vez que se hace fuera de la Península.
Julios indicó que tiene muchísimas ventajas y aludió a la no contaminación ni del aire, ni del agua. “Ayuda a combatir el cambio climático”, repitió la nacionalista que se centró en que “es completamente segura para el medio ambiente y las personas y también genera empleo”. Deseó además que se cumpla la inversión estatal de 500 millones de euros para las centrales en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera.