El tapón en las pruebas de edad para migrantes aviva el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Gobierno de Canarias

Una denuncia por supuestos abusos sexuales a menores migrantes ha derivado en un intercambio de acusaciones entre la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. El fuego cruzado, que comenzó con la denuncia de presuntas violaciones en el centro de menores de Puerto Bello, al sur de Gran Canaria, se ha extendido hacia el tapón en las pruebas de determinación de edad. El primer desencuentro se remonta a noviembre de 2020, cuando el fiscal superior de Canarias ordenó a la Fiscalía de Las Palmas que cambiara la orden de separar familias llegadas a las islas en pateras y cayucos durante meses para comprobar su parentesco con pruebas de ADN. Este modus operandi provocó que niños y niñas de hasta tres años que habían llegado al Archipiélago con algún familiar, pasaran meses en espacios del Gobierno canario reservados para menores no acompañados. 

La decisión puso al límite a Derechos Sociales, que tutelaba en ese momento a 1.200 migrantes en 15 establecimientos saturados en pleno repunte de las llegadas de embarcaciones a Canarias. Por ello, el área de Santana exigió a la Fiscalía un criterio claro y por escrito, ya que esta práctica no se aplicaba en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Mientras tanto, Beatriz Sánchez defendía que el protocolo era una “medida de precaución” para evitar el tráfico de menores y aseguraba que contaban con el aval de la Dirección General de Protección a la Infancia.

Este año, el primer reproche llegó el pasado 16 de junio, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de una denuncia anónima enviada el 31 de mayo por parte de un grupo de trabajadores tanto a la Consejería de Derechos Sociales como al Ayuntamiento de Mogán. La carta advertía de que supuestamente un menor había sido abusado sexualmente y otros tres estaban sufriendo explotación sexual dentro y fuera del establecimiento. Beatriz Sánchez criticó haberse enterado por la prensa y aseguró que la única denuncia que recibió fue a través de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, respondió en una entrevista radiofónica que un correo electrónico anónimo “no era base suficiente” para denunciar. La denuncia recibida fue puesta “en cuarentena”, pero el Gobierno de Canarias abrió una investigación y diez días después tuvo lugar una inspección en el centro. Los técnicos enviados por Derechos Sociales, tal y como ha explicado este martes el presidente canario, Ángel Víctor Torres, no lograron identificar ningún indicio de que se estuvieran produciendo estos abusos. Sin embargo, tal y como explicaron los trabajadores en su escrito, hace meses que una de las víctimas de las supuestas violaciones se fugó del recurso para evitar estos abusos y esquivar también las burlas de los compañeros. 

Iratxe Serrano ha rebatido las acusaciones de la fiscal jefa sobre la falta de comunicación entre ambas partes y ha insistido en que la Dirección General ha informado a diario a la fiscal de menores, Aurora Pérez, sobre este asunto y otros relacionados con los menores migrantes.

Las pruebas de edad 

La consejera Noemí Santana ha señalado como origen de los problemas que surgen en los centros de menores a la convivencia de niños y adultos en los mismos espacios. “Esto es debido al retraso en los decretos de mayoría de edad y posterior retraso en sacar a los mayores de dichos centros (cuando ya se comprueba que son mayores)”, señaló. Además, insistió en que su área lleva “meses avisando del enorme problema que supone tener a adultos en los centros de menores”. Este 22 de junio, Santana defendió que hay una “total transparencia” respecto a los recursos para menores migrantes no acompañados y que están haciendo “un buen trabajo”. 

Fuentes de Derechos Sociales han explicado a este periódico que 1.743 migrantes tutelados por Canarias siguen pendientes de una prueba que determine su edad. Un 68% de los 2.534 totales. Por ello, han pedido a la Fiscalía que agilice los decretos de mayoría de edad para evitar la convivencia de personas mayores y menores de edad. Una situación que se ha prolongado durante más de un año. 

250 personas que ya tienen el resultado de su prueba, siguen esperando que la Fiscalía ordene su derivación. Otras 16 están pendientes de ser trasladadas por la Policía Nacional por haber sido denunciados por sus comportamientos incluso en más de una ocasión. 

A esto, Beatriz Sánchez ha respondido en una entrevista concedida a Canarias 7. “A Santana le falta conocer muchos detalles y ha emprendido una huida hacia delante”, aseveró. Los menores migrantes “necesitan protección y le corresponde al Gobierno canario dársela”, recalcó la fiscal. Sobre las pruebas de edad, Sánchez quiso dejar claro que la Fiscalía “no hace las pruebas”, solo las ordena.