El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un auto por medio del cual obliga a la Junta de Compensación de Las Teresitas a convocar en el plazo máximo de un mes una asamblea en la que estén presentes todos los propietarios de los terrenos de la trasera de la playa. De esta manera, el TSJC da cumplimiento a una sentencia emitida en el mes de julio de 2007 que daba la razón a los vecinos de Montaña Morera y obligaba a que todo el proceso de reparcelación volviera a su punto original en el año 1989.
En aquel entonces fue cuando se repartieron las cargas y beneficios de cada uno de los propietarios, entre los supuestos integrantes de la Junta. Aunque luego algunos de ellos vieron como se les consideraba miembros de la entidad sin serlo lo que dio lugar a que sus terrenos fueran vendidos sin su consentimiento.
Además, sus casas desaparecieran del Registro de la Propiedad en el año 1998, cuando la Junta vendió el total del parcelario a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT). Desde ese momento un grupo de vecinos conocidos como los extranjeros promovieron un pleito que finalmente les dio la razón en 2007 por parte del TSJC y sería ratificado dos años después por el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, desde entonces la Gerencia de Urbanismo no dio ningún paso para ejecutar la sentencia.
Ahora el TSJC acaba de dar la razón al Ayuntamiento y obliga a la convocatoria de la Junta, a la que en principio se habían opuesto los antiguos directivos hoy formalmente acusados por apropiación indebida. El auto obliga a esta entidad a realizar una asamblea general que se celebrará bajo la supervisión del Ayuntamiento y que incluso faculta a éste a suplir la inactividad o las reticencias que pudiera tener el titular de la junta, Jerónimo Delgado.
Además, también obliga a que se cite a todas las personas que en 1989 no fueron convocadas y sus propiedades quedaron integradas en el proceso de compensación sin su consentimiento. De esta manera podrán hacer valer su punto de vista en relación al proyecto de reparcelación y a sus derechos. Este precisamente, era el grueso de la sentencia emitida en el año 2007, cuando se daba la razón a los vecinos conocidos como los extranjeros al alegar que no pertenecían a la Junta y que por lo tanto sus propiedades no podían ser vendidas sin su consentimiento.
A pesar de ello se les incluyó y además en el listado de cargas y beneficios aparecían que en algunos casos habían recibido dinero por ello, pese a las cantidades eran ínfimas. Este fallo además era extensible al centenar de propietarios de Las Huertas que aunque estaban integrados en la Junta tampoco percibieron ningún tipo de dinero por la venta de sus propiedades primero a ILT y luego por esta entidad a Desurcic, una empresa formada por la aseguradora Mapfre y participada también por los vendedores.
De hecho, en estos momentos los miembros de la Junta serían estas compañías y algunos otros propietarios. El papel del Ayuntamiento no está claro ya que el TS anuló la compra del frente de la playa, pero lo cierto es que estos terrenos aún no han sido formalmente devueltos a Ignacio González y Antonio Plasencia, promotores de ILT.
El abogado de los vecinos de Montaña Morera, José de La Rosa, se muestra un tanto escéptico sobre el auto ahora emitido, e indica que se deben tener cuenta dos supuestos. Por un lado el caso de los extranjeros y por otro el de Las Huertas. En el primero el cumplimiento del fallo tan sólo implica que los terrenos sean de nuevo devueltos a sus dueños originales y así aparezca reflejado en el Registro de la Propiedad.
Sin embargo, en el segundo se da una mayor confusión ya que habría que indemnizarles por el dinero que han dejado de recibir. El problema surge entonces en determinar quien debe pagar estas cantidades, que algunos cifran en varios millones de euros.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín sostiene que este auto “refrenda el cambio de rumbo que este grupo de gobierno ha dado en Las Huertas y que, por primera vez y de manera contundente, un juzgado obliga a la Junta de Compensación a reintegrar los derechos que fueron conculcados a los vecinos de esta zona de la capital”. El auto, a juicio del primer teniente de alcalde, “tiene una trascendencia jurídica demoledora, dado que algunos que nunca han querido reconocer los derechos de los afectados en Las Huertas argumentaban que la Junta no existía o ya estaba liquidada”.
El edil también recuerda que el Ayuntamiento solicitó al presidente de la junta “la convocatoria urgente, hace casi un año, de una asamblea general para que los vecinos afectados pudiesen alegar en toda la extensión que les corresponde, obligando a reconocer sus derechos de participación y acción en las decisiones que se tomasen por este organismo.
La respuesta de la Junta fue el silencio, por lo que se decidió pedir el auxilio judicial al entender el Ayuntamiento la necesidad de esta convocatoria para ejecutar la sentencia que había recaído en el procedimiento llevado a cabo por Dolores Jutta Irmgard Rebrow y otros propietarios de Montaña Morera más. De esta manera, ahora los vecinos, por primera vez, tendrán un órgano en el que podrán decidir el futuro de sus propiedades“. Martín manifiesta que sobre este auto, además, ”podemos extraer que la sala aboga claramente por una solución extrajudicial del conflicto de Las Huertas, en la que los vecinos que hasta ahora habían sido ignorados puedan defender sus derechos“.