El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que Canarias recibía propuestas para comprar mascarillas “de todos lados”, también de cargos en activo del Partido Popular, y todas se tramitaban igual.
“Cuando en la pandemia el Gobierno de las islas recibía una propuesta de alguien que quería ayudar, la trasladaba a los servicios técnicos, que la comprobaban y en su caso proponían su encargo”, ha explicado este martes el ministro y expresidente de Canarias en el pleno del Senado, ante una pregunta del senador del PP Sergio Ramos Acosta.
El parlamentario popular ha preguntado al ministro sobre la compra de material sanitario que Canarias hizo a la supuesta trama corrupta del caso Koldo cuando Torres presidía esta autonomía, interrogando al actual ministro sobre si actuó como “colaborador necesario”.
“¿Quién le llamó y quién se lo ordenó a usted. ¿Fue Koldo o fue Sánchez?”, ha cuestionado Ramos Acosta, que ha afirmado además que “todo apunta” a que el ministro de Política Territorial y el presidente del Gobierno “lo sabían todo”.
Torres ha defendido que las únicas instrucciones que recibe una administración son cumplir la ley y las que marcan los servicios técnicos y jurídicos y se ha preguntado qué ocurría si hoy, tres años después de una propuesta proveniente de un cargo del PP, “hubiese alguien enfangado en un tema de corrupción”. El PP también le culparía, se ha respondido.
Las explicaciones del titular de Política Territorial no han convencido al senador del PP, que ha defendido que “la misma culpa tiene el que ordeña la vaca como el que sujeta el cacharro” y que el “colaborador necesario” no puede estar “ni un minuto más en el Consejo de Ministros”.
“Si (José Luis) Ábalos tiene que dimitir, qué tiene que hacer el que contrató hasta 12 millones de euros a la trama corrupta?”, ha preguntado el senador del PP.
El ministro se ha defendido señalando que ni él ni la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, ni nadie de sus gobiernos está siendo investigado y ha argumentado además que pagó menos por las mascarillas que la Comunidad de Madrid.