Si cambia su versión sobre cómo la alcaldesa de Mogán cometió el presunto delito electoral por el que se le investiga, tendrá un puesto de trabajo y 3.000 euros en el bolsillo. Esa sería la oferta que desde el entorno de la investigada por presunta compra de votos, Onalia Bueno (Ciuca), le han traslado concejales y colaboradores del partido político Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) a un testigo clave del presunto pucherazo.
Así lo ha hecho constar ante la Guardia Civil uno de los denunciantes del caso que ha convulsionado de nuevo el municipio del sur de Gran Canaria, tras la detención el 17 de septiembre de la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, ambos del partido aliado de Coalición Canaria, Ciuca, y de la concejala de Asuntos Sociales, Tania Alonso (CC). Los tres fueron detenidos por un delito electoral y otro contra la administración pública, para poder registrar las oficinas municipales.
Los detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición del juez instructor, y el testigo denuncia que a la tarde siguiente, sobre las 17:00 horas, fue abordado por un concejal del grupo de gobierno. Lo hizo en un vehículo blanco con rótulos del Ayuntamiento de Mogán y el concejal le pidió que se subiera al coche, que tenía que hablar con él. El político, según la denuncia a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, le dijo que había hablado con la alcaldesa y el primer teniente de alcalde “para que retirase o cambiase la versión de su testimonio”, ya que estaba citado para comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana el pasado 24 de septiembre.
La declaración en sede judicial todavía no se ha producido a fecha de hoy, debido a varios aplazamientos, pero ese 18 de septiembre el denunciante recibió la primera de las ofertas: “El concejal le dijo que darían un trabajo por su retirada o cambio de versión”, aseguró a la Guardia Civil. El testigo le respondió que hablaría primero con su abogado. Al finalizar la conversación, el concejal dejó al denunciante en el mismo lugar donde lo recogió, en un banco cercano ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez.
Ese mismo día, la alcaldesa había convocado una rueda de prensa en el muelle donde se alojan los migrantes africanos, para denunciar que su detención respondía a que ella ha alzado la voz contra el Estado por la falta de respuesta a la llegada de personas del continente vecino en pateras y cayucos. Trasladó a la opinión pública ser víctima de una cacería política y que prácticamente la Guardia Civil había orquestado la detención el mismo día en que iba a visitar con la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor (PP) las carpas instaladas en el muelle, cuando el operativo se hizo por una comitiva judicial, en presencia del secretario del juzgado instructor.
Siempre según la versión del denunciante, el concejal de Ciuca volvió a acercarse en un vehículo municipal el sábado 19 de septiembre, en el mismo lugar que el día anterior, delante de una conocida tienda de calzados. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el edil de Ciuca sin bajarse del coche y continuando su marcha en el vehículo. El denunciante le envió un mensaje por whatsapp al teléfono del concejal, que nunca respondió.
Esa comunicación sin respuesta ha quedado registrada en el teléfono del testigo que ha denunciado presiones desde el partido político Ciuca ante la Guardia Civil, y los investigadores han incorporado la misma a la denuncia. En esa audio, el denunciante le pregunta al concejal “para saber cuándo hablaban”.
No ha sido ese concejal el único que ha presionado al testigo, según su denuncia. Al cabo de unos días, un estrecho colaborador de Ciuca se acercó al denunciante cuando este estaba en las inmediaciones del Club El Cangrejo, en el mismo pueblo pesquero de Arguineguín. Este vecino dijo al testigo que se había reunido en una heladería con la alcaldesa y el concejal que le había abordado “para tratar su tema”. El colaborador de Ciuca le dijo que le ofrecían “un trabajo y 3.000 euros por retirar o cambiar la versión” en la causa abierta por presunto fraude electoral, tanto en 2015 como en 2019.
También durante esos días posteriores el testigo y este colaborador del partido local almorzaron en casa del primero y este grabó varios audios de la conversación. En esa charla el colaborador de la alcaldesa de Mogán aclaró que la reunión se produjo en una heladería de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. En esa reunión acordaron que la dádiva por cambiar su versión de los hechos ante el juez cuando se produzca su comparecencia serían 3.000 euros y un puesto de trabajo. El dinero y el trabajo se lo darían después de que cumpliera lo acordado.
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