García cree que el Plan Estratégico es “un parche” y exige formación porque estar en un juzgado “no es ir a ponerse detrás de un teléfono de Telepizza”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 (EUROPA PRESS)
El juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García-García Sotoca, reclamó hoy que “dejen en paz” a los jueces y magistrados porque “la independencia hay que respetarla”, al tiempo que advirtió de que “también hay instrumentos para hacer respetar la independencia”, que “de momento no se han usado”.
“Quien quiera oír que oiga y a buen entender pocas palabras bastan”, aseguró en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press el también magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital gracanaria, al ser cuestionado por la queja presentada por el Gobierno canario ante el Consejo General del Poder Judicial por las críticas de la jueza del Juzgado de Instrucción número 8, Victoria Rosell, sobre la actuación del Ejecutivo en el 'caso Tebeto' en Fuerteventura, por el que la administración ha sido condenada a pagar más de 100 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde.
García García-Sotoca subrayó que “las sentencias son para cumplirlas según la ley y los mecanismos están claros, la resolución está recurrida ante el Tribunal Supremo y hay que utilizar los cauces procesales pertinentes”. Asimismo, destacó que “casi es una vieja costumbre que según te guste o no la resolución eres un juez bueno o malo o de aquí o de allá”, lo que consideró “un defecto importante”.
En su opinión, “lo que no se puede hacer es, so capa de la libertad de expresión, deslizar acusaciones muchas veces perversas sobre la parcialidad o no de un juez porque una cosa es criticar sentencias, autos y resoluciones, y otra cosa es decir que un juez es imparcial o se dice que es parcial y que está actuando infringiendo la norma o cometiendo una posible prevaricación, por tanto, se está cometiendo una falta disciplinaria grave”.
En este sentido, reiteró que “lo no se puede es estar cargando contra los jueces todos los días”, por lo que pidió que se les “deje trabajar”. Según el juez decano, Rosell, como portavoz también de la Asociación Jueces para la Democracia, “tiene un cierto margen” al expresar sus opiniones, “aunque tampoco se puede decir cualquier cosa” porque estima que los jueces ejercen “una función muy seria donde con sentencias y resoluciones se afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos”. “Eso supone una dosis muy importante de equilibrio e imparcialidad y por eso debemos tener una cierta sobriedad o autocontención”, aseveró.
“EN MEDIO DE LANZAMIENTOS DE OBJETOS”
A su juicio, “todo eso hay que verlo en el contexto de lo que está ocurriendo en estas islas desde hace ya mucho tiempo, el guirigay que hay montado y la sensación que tiene uno de que muchas veces los jueces estamos en medio de lanzamientos de objetos de uno a otro”. Y es que, García García-Sotoca mantiene que los jueces deben pronunciarse “únicamente mediante providencias, autos y sentencias”.
El magistrado, encargado de la instrucción del 'Caso Faycán' relacionado con el presunto cobro de comisiones ilegales en el anterior gobierno local de PP y AFV-Ciuca en Telde (Gran Canaria), reconoció que una causa de este tipo “desequilibra y desestabiliza cualquier juzgado, máxime los de Telde que tienen una excesiva carga de trabajo y con necesidad de más juzgados”.
En este punto, el juez decano hizo especial hincapié en que “los juzgados de Canarias tienen una carga de trabajo excesiva porque hay un índice de litigiosidad tremendo y faltan muchos juzgados”. “Hay sobrecarga de trabajo en todo los órganos jurisdiccionales”, remarcó.
LA CARRERA JUDICIAL ESTÁ “HARTA”
Ante ello reconoció que “el instrumento de huelga es complicado sacarlo adelante en un estamento como el judicial”, así como reiteró que “para que sea eficaz debe haber unidad de acción, porque cuando hay división el que triunfa es el otro”. No obstante, a pesar de los datos de las dos huelgas desarrolladas en el archipiélago, resaltó que “la inmensa mayoría de la carrera judicial está hasta arriba, está harta por la falta de medios y la politización de los órganos de gobierno”.
En relación al Plan Estratégico para la Justicia planteado por el Gobierno de España, que asciende a 600 millones de euros, calificó el documento de “insuficiente” y “un parche para intentar paliar la situación”. Igualmente, reclamó al Ejecutivo regional, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, “más medios, porque hace tiempo que están en la barrera viendo torear en la plaza al Ministerio de Justicia”.
Así pues, instó al Ejecutivo a que informe a los jueces de cómo va a ser el Palacio de Justicia que se está construyendo en la capital grancanaria y “cómo se va a estructurar”, ya que, según el juez decano, la infraestructura requiere “personal suficiente y formado y unos medios informáticos adecuados”.
EL PROBLEMA DE LA INTERINIDAD
No en vano, argumentó que “uno de los males de la justicia en Canarias es la interinidad de funcionarios y jueces”. Para él, “la formación es muy importante porque ir a un Juzgado de Instrucción de lo Penal, lo Civil, Social o Contencioso no es ir a ponerse detrás de un teléfono de Telepizza, sino que es algo mucho más serio”.
De este modo, relató que el problema de Canarias es que “ha habido escaso número de opositores de las islas” y un número muy importante proceden de la Península, por lo que reivindicó “incentivos económicos” para estos últimos. Además, abogó por incentivar a estudiantes de Derecho a que se animen a ser jueces, aunque apuntó que “los emolumentos de un juez verdaderamente son ridículos”.
Por último, en relación a la visita hoy del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a la capital grancanaria señaló que “no tendría ningún inconveniente en trasladarle todas las preocupaciones de los jueces” del archipiélago, pero insistió en que “habrá que dirigirse también al Gobierno de Canarias porque tiene también sus responsabilidades”.