El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado suspender de forma cautelar la demolición de una construcción situada en zona de dominio público marítimo-terrestre en La Punta, en San Sebastián de La Gomera, que la Demarcación de Costas de Tenerife había acordado llevar a cabo el 13 de septiembre.
La Demarcación de Costas de Tenerife notificó el pasado 4 de agosto al propietario de la edificación el expediente de recuperación del edificio, en el que se disponía la ejecución forzosa de la demolición de la construcción y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado anterior. En la notificación también se instaba al propietario a comenzar a la retirada de enseres de la construcción, dado que la demolición se llevaría a cabo el 13 de septiembre.
El propietario solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, por lo que el TSJC da ahora un plazo de 10 días a la administración para que alegue lo que desee sobre la suspensión, así como un plazo de 20 días para remitir las actuaciones referentes al incidente.
Suelo urbano
Uno de los propietarios de la edificación explicó este miércoles que el inmueble tiene una superficie de 1.450 metros cuadrados y está situado en suelo clasificado como urbano.
Destacó que el edificio fue construido en 1929 para la salazón de pescado, fue destinado más tarde a uso militar y con posterioridad se empleó como taller de empaquetado. Añadió que más adelante el edificio albergó durante muchos años una carpintería industrial, recordó que en ese tiempo el mar llegaba unos 50 metros más abajo del inmueble, por donde incluso pasaba un camino, y resaltó que en la actualidad se trata de su domicilio habitual.
Criticó la manera de actuar de la Demarcación de Costas, ya que la primera noticia que tuvo de todo esto fue el escrito de Costas que recibió el 4 de septiembre, y en el que se decía que debían retirar todos los enseres antes de la demolición, que se llevaría a cabo el 13 de septiembre. A su juicio, es imposible el desalojo de todos los enseres del edificio, en el que además hay maquinaria industrial, tras su uso durante 40 años y en un plazo de 9 días.
El propietario subrayó que además el desalojo se ve dificultado por las obras que en estos momentos ejecuta la empresa Unelco en la zona, que tiene todo el perímetro vallado. Aseguró que el asunto está en manos de abogados, por lo que confía en una resolución positiva, no sólo para sus intereses particulares sino también para los de San Sebastián, dado que, en su opinión, se trata de un bien patrimonial a conservar.