Un decreto turístico aprobado diez días antes de las elecciones autonómicas de mayo ha convertido a miles de pequeños propietarios de apartamentos turísticos de Canarias en rehenes de especuladores que los extorsionan para monopolizar su explotación a cambio de rentas ridículas o quedarse con sus inmuebles a precio de saldo. El decreto, que ha provocado el nacimiento de una plataforma ciudadana para evitar un doble atropello institucional y empresarial, amenaza también a miles de familias que en medio de la crisis situaron su vivienda habitual en apartamentos heredados de padres o abuelos o que se hipotecaron para adquirirlos en complejos de uso mixto o residencializados. Ante la total indiferencia del Gobierno bipartito CC-PSOE que preside Fernando Clavijo, el decreto ya ha tenido desoladoras consecuencias sobre miles de pequeñas propiedades cuyo precio de mercado ha caído en picado a la misma velocidad que los operadores buitre se han lanzado sobre ellas para comprarlas por precios inferiores incluso a su valor catastral.
El decreto y la ley que le da origen, aprobada en 2013 y desarrollada tres años después, prohíben a los propietarios todo uso particular de los apartamentos y bungalós situados en complejos turísticos, les obliga a cederlos para su explotación conjunta en condiciones que los deja inermes ante los especuladores y en caso de rechazo, exponen a los disidentes al riesgo de perder su propiedad mediante un procedimiento de venta forzosa en la que el precio lo pone el comprador. Ni era un error ni quedó nada al albur de la casualidad. La norma se acompañó en el tiempo de un segundo decreto que también prohibió la explotación de los apartamentos turísticos como viviendas vacacionales. Tanto el uso residencial no autorizado como la explotación vacacional 'ilegal' exponen al pequeño propietario a incurrir en una infracción muy grave de la disciplina turística que puede castigarse con multas de hasta 300.000 euros.
Por si quedaba algún cabo suelto en el decretazo, en el enclave grancanario de San Bartolomé de Tirajana, el municipio turístico más importante de Canarias donde se encuentra la playa de Maspalomas, la operación normativa se remató en la primavera de 2015 con un Plan General de Ordenación, también redactado por el Gobierno a través de la empresa pública Gesplan, que calificó el suelo exactamente a la medida de la Ley de Modernización Turística de 2013 y el decreto que la desarrolla. Este PGO, el primero que nace adaptado a la ley y su decretazo, fue redactado por el anterior Gobierno de Paulino Rivero después de que el Ayuntamiento, incapaz durante años de avanzar en su normativa urbanística, le cediera su competencia.
Ahora, un Gobierno municipal distinto controlado por el PP se enfrenta a miles de alegaciones presentadas tras el verano contra el Plan General y una movilización ciudadana sin precedentes capitaneada por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), cuyo primer objetivo declarado es lograr la paralización del PGO. “No tuvieron en cuenta que los canarios sabemos leer e interpretar las leyes”, declara con amargo sarcasmo su vicepresidenta, Maribe Doreste, que resume con cruda sencillez el panorama al que se enfrentan los pequeños propietarios gracias a este paquete normativo. “Todo lo que heredamos de nuestros padres o lo que pretendíamos dejar en herencia a nuestros hijos está en peligro. Y el daño ya está hecho, porque con estas leyes nuestras propiedades valen en estos momentos cero euros”.
En efecto, tras la publicación oficial del decretazo y la aparición del nuevo PGO en el caso concreto de San Bartolomé de Tirajana, que agrupa las zonas turísticas con más solera de toda Canarias (San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas), las condiciones estaban servidas para la aparición de operadores buitre que casualmente entraron en escena al mismo tiempo que echaba a andar el decreto: con los pequeños propietarios desarmados y los inmuebles cautivos por el alambicado cóctel normativo, los precios empezaron a desplomarse a una velocidad incluso superior a la de los peores momentos de la crisis de 2011. En la práctica, el decretazo aplastó cualquier expectativa de los pequeños ahorradores de rentabilizar su inversión mediante la venta o la explotación directa de sus inmueble, así como los planes personales de miles de ciudadanos españoles y extranjeros que habían comprado sus apartamentos o bungalós con la idea de vivir en ellos una feliz y soleada jubilación.
Es el caso por ejemplo de la belga Hedwige Catherine Vermeiren, propietaria de dos apartamentos en Gran Canaria y cuyo teléfono sonó una noche en su casa de Bélgica para trasladar una noticia contra la que lleva desde hace más de un año batallando en los tribunales. Contra el criterio de un grupo de propietarios que intenta hacer oír su voz en los juzgados, el complejo donde está su propiedad ha sido 'colonizado' por una explotadora externa y está siendo reconvertido en un hotel de cuatro estrellas. Los propietarios disidentes como Vermeiren o Agustín Méndez, que no se pierde desde entonces un pleno municipal, han llevado su rechazo a los tribunales para hacer ver la paradoja que encierra el modelo pretendido por el decretazo: el propietario queda expuesto a la pérdida de uso de su unidad alojativa, se ve obligado a pagar entre veinte y treinta mil euros de derrama para 'elevar' la categoría del alojamiento y el premio a tanto esfuerzo es una fabulosa renta de... 250 euros al mes. Una cantidad equivalente a la media de cuota de comunidad que se paga en el Sur de Gran Canaria en los complejos de uso mixto turístico-residencial.
La casuística se ha multiplicado en los últimos meses tanto como complejos y propietarios hay en la zona turística más importante de Canarias. Propietarios de apartamentos en zonas privilegiadas de Playa del Inglés están recibiendo ofertas de compra de los operadores buitre por importes que oscilan entre treinta y cuarenta mil euros. A sabiendas de que la concentración de la mitad más uno de las cuotas comunitarias les otorgará el rodillo, estos operadores amenazan expresamente a quienes rechazan la oferta de compra con exponerles a derramas superiores incluso a los precios ofrecidos. O con hacerles responsables subsidiarios de deudas de varios millones de euros dejadas en herencia por los explotadores precedentes.
En otras comunidades, algunos propietarios que llevaban años alquilando sus apartamentos por su cuenta a turistas de larga estancia empiezas a recibir cartas en las que se les amenaza directamente con ser denunciados ante la Comunidad Autónoma para que ésta active el procedimiento de sustitución del propietario disidente: esto es, la transmisión forzosa de la propiedad mediante un concurso en el que el precio lo pone el optante. Un hallazgo de dudosa constitucionalidad incorporado al decretazo de mayo con el que se amenaza a todo aquel que no pase por el aro de la explotación turística. El resultado: una escalada surrealista que empuja a unos a pleitos de una década en los juzgados y a otros a vender sus propiedades a precios irrisorios con tal de ahorrarse años de disputas y problemas.
Pero el peor golpe aún se reserva para las familias que establecieron su única vivienda en complejos de uso mixto residencial/turístico o que ya habían quedado fuera de explotación en la anterior crisis turística. Con el decretazo y el PGO de San Bartolomé de Tirajana en la mano, cualquiera puede activar una denuncia que les exponga a multas de hasta trescientos mil euros y fuerce además su desalojo e incluso la pérdida completa de la propiedad mediante el mismo procedimiento de sustitución del propietario disidente. Intermediarios sin escrúpulos de los operadores buitre se jactan estos días en conversaciones privadas de haber conseguido compras baratísimas de inmuebles cuyos propietarios los habían re-hipotecado en mitad de la crisis de 2011.
¿Y qué hace mientras tanto el Gobierno de Fernando Clavijo? Nada. O mejor dicho, reunirse con los empresarios... de la construcción para decidir qué rumbo ha de tomar el urbanismo en las zonas turísticas. La PALT espera desde agosto pasado que el presidente del Gobierno se digne a recibirlos y escucharlos para expresarles su 'no' rotundo al PGO y al decretazo que desarrolla la Ley de Modernización Turística.
La misma o parecida exasperación la comparte la otra plataforma ciudadana nacida contra la legislación turística autonómica, la asociación canaria de alquiler vacacional (ASCAV), articulada en este caso en torno al rechazo contra el segundo decreto de la discordia, el que regula (o más bien proscribe) la vivienda vacacional. La ASCAV consiguió un durísimo varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) contra la Comunidad Autónoma por el decreto sobre el alquiler vacacional, que según la CNMV privilegia solo a las empresas turísticas tradicionales, contra los derechos de los propietarios de viviendas vacacionales y la libre elección de los consumidores.
Este caso también acabará con toda seguridad en los tribunales: en un gesto inexplicable, el propio Gobierno regional llevó al Parlamento una proposición para modificar el decreto sobre vivienda vacacional. Pero luego, a pesar de aprobar la propuesta en la Cámara, Clavijo volvió sobre sus pasos, decidió desobedecer al Parlamento y optó por mantener este otro decreto sin mover ni una coma, en un gesto que fue interpretado como una concesión más al poderoso lobby de los hoteleros tinerfeños, frontalmente en contra de la liberalización de la vivienda vacacional.
En cuanto al otro decretazo y el PGO de San Bartolomé de Tirajana, aunque no redactó ni el paquete normativo ni tampoco el Plan General, el PP ya ha conocido muy de cerca la primera consecuencia política de un escándalo nacido en el Sur de Gran Canaria, pero que irradia hacia toda Gran Canaria e incluso hacia Europa, a través de cientos de propietarios extranjeros que compraron en su día bungalós y apartamentos con la idea de vivir en ellos un retiro dorado. En las últimas elecciones generales, la lista de Podemos, con solo dos concejales y la única organización política que se ha opuesto frontalmente al conjunto normativo y al Plan General, igualó virtualmente en sufragios al más votado en el municipio, el Partido Popular.
Con este resultado tiene mucho que ver la actividad política de la concejala de San Bartolomé También Puede Davinia Arbelo, la única cuya sintonía es total con la PALT que preside Blas Padrón y de la que es vicepresidenta Maribe Doreste. Padrón utiliza las redes sociales para hacer un recuento, día por día, de todos los transcurridos sin que el Ayuntamiento conteste a los requerimientos y advertencias de la plataforma. A su vez, Davinia Arbelo denuncia sin descanso en el Consistorio la desprotección efectiva de miles de personas a causa de un entramado normativo que, como dice Doreste, está arruinando la caja de los ahorros de miles de pequeños inversores. Cuando empezó el conflicto, Arbelo resumió la situación con una desoladora frase: “He visto gente con miedo en los ojos y en las manos”.
Mientras, la única ficha movida por Clavijo ante la herencia envenenada que le dejó su predecesor, el también nacionalista Paulino Rivero, ha sido relevar al director de la oficina de Gesplan que redactó el Plan General de San Bartolomé. Meses después, Coalición Canaria se enfrentó a unas elecciones generales donde Coalición Canaria cosechó los peores resultados de su historia.
El germen del mal ya venía servido en la Ley de Modernización Turística de Canarias, aprobada en 2013 por el Parlamento autonómico. Esta ley era la tercera edición de la mal llamada moratoria turística, que impone desde 2001 a los constructores severas limitaciones para seguir enladrillando cualquier paraje próximo a las costas de las Islas. Pero en 2013, cuando la tercera 'moratoria' llegó al Parlamento, politicos, empresarios y periodistas solo se fijaron en los capítulos de la ley que afectaban al lobby del ladrillo. En cambio, la amenaza ya esbozada en la ley para miles de pequeños propietarios de apartamentos y bungalós turísticos pasó completamente desapercibida.
Lo mismo sucedió dos años después cuando el Gobierno en funciones de Paulino Rivero, sin recato alguno, dictó solo diez días antes de las elecciones el reglamento de desarrollo de la ley. En medio de la campaña electoral, nadie reparó tampoco entonces en la doble amenaza que aquel decretado proyectaba sobre miles de familias. Con una contundencia apenas esbozada en la ley, el decreto introdujo por la puerta de atrás y sin control parlamentario alguno durisimas condiciones para los pequeños propietarios. La primera, la prohibición total y absoluta de todo uso privativo de sus inmuebles, cuyo uso particular no sólo está proscrito, sino expresamente amenazado por severas sanciones económicas. La segunda, la obligatoriedad de someterse a la unidad de explotación de sus complejos, que además puede ser impuesta por la mitad más uno de los propietarios y en algunos casos solo por un tercio. La tercera, el riesgo directo de perder no ya sólo el uso de la propiedad, sino la propiedad misma, por un procedimiento de 'sustitución del propietario disidente' que permite a la administración imponer la transmisión forzosa de sus inmuebles a un tercero.
Pese a la movilización social sin precedentes contra este entramado normativo y los abusos manifiestos de los especuladores, el Gobierno autonómico sigue sin mover una sola coma de ninguno de los decretos y se enfrasca en una vaga promesa de revisar las normas que rigen el planeamiento. De momento, sus únicos interlocutores han sido los empresarios del turismo y los constructores.