En España se producen más de 30.000 incidentes de este tipo, el 10% cuando atienden a pacientes con hepatitis C y el 5% con infectados por VIH
En Canarias se está estudiando la implantación de dispositivos
MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)
El personal de Enfermería en España sufre cada año más de 30.000 pinchazos accidentales cuando están atendiendo a sus pacientes con agujas o jeringuillas que, a partir de ahora, se podrán evitar en un 85 por ciento de los casos gracias a la aprobación esta semana de una directiva europea que obligará a todos los Estados Miembros a utilizar nuevos dispositivos más seguros.
La normativa fue aprobada este lunes por el Consejo Europeo de ministros de Empleo y Asuntos Sociales, y ha contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social y la iniciativa del Consejo General de Enfermería de España, que lleva promoviendo desde hace años la implantación de medidas de bioseguridad para que, en caso de que se produzcan un accidente de este tipo, no se produzca ningún tipo de infección.
De hecho, y según explicó el presidente de esta entidad colegial, Máximo González Jurado, de estos pinchazos accidentales que sufre el personal de Enfermería el 10 por ciento se produce cuando están atendiendo a un paciente con hepatitis C, el 5 por ciento cuando atienden a un paciente con VIH y el 2 por ciento con pacientes con hepatitis B.
“La infección no es segura en todos los casos, dado que en el caso del VIH pueden recibirlo pero no desarrollarlo, pero en cualquier caso el riesgo es muy alto”, aseguró González Jurado. Además, a la propia infección hay que unir la “estigmatización” que acompaña a estos profesionales, como reconoció el propio González Jurado, quien resultó infectado por hepatitis hace muchos años y aseguró que “si lo dices, te cuelgan un cartelito”.
Para evitar esto, la directiva europea obligará a todos los países de la Unión Europea a, en un plazo de dos años, retirar todo el material punzante de uso sanitario, como lancetas, jeringuillas o vías intravenosas, por unos nuevos dispositivos que incluyan un mecanismo por el cual la aguja se retraiga inmediatamente después de su uso.
Actualmente hay diferentes dispositivos que permiten esta retracción minimizando el riesgo de pinchazo para el profesional sanitario, de ahí que el Consejo General de Enfermería haya iniciado un estudio para analizar la seguridad y el riesgo de accidente con todas ellas ya que “el riesgo cero no existe”. Además, en los últimos años están surgiendo algunas empresas chinas que “dicen hacer dispositivos seguros que en realidad no lo son”, por lo que temen que haya países que opten por adquirir “dispositivos más baratos pero menos fiables”.
Igualmente, para minimizar el riesgo hasta en un 85 por ciento la directiva europea incluye una parte formativa, que debe correr a cargo de los propios centros de salud u hospitales, para que sus trabajadores aprendan el manejo de estos dispositivos. “Sin entrenamiento del profesional, la eficacia es de sólo un 60 por ciento”, reconoció González Jurado.
CINCO CCAA YA LOS ESTÁN UTILIZANDO
En España, y gracias a la iniciativa de los enfermeros, ya hay cinco comunidades (Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia y Navarra) que han elaborado una normativa para el uso de estos dispositivos, mientras que en Cataluña y Canarias se está estudiando su implantación.
Como reconoció González Jurado, además de los beneficios para el propio personal de Enfermería, suponen un ahorro en costes para los sistemas sanitarios. La retirada de los actuales dispositivos y la implantación de otros más seguros supondrá un coste de unos 11,2 millones de euros, pero los costes directos e indirectos de los pinchazos accidentales ascienden a más de 40 millones de euros al año.
De hecho, reconoció que “la disponibilidad de los consejeros autonómicos siempre ha sido total, aunque luego los entramados financieros han dificultado su implantación en más comunidades”.
Sin embargo, a partir de ahora las comunidades deberán ajustar sus dispositivos a la nueva directiva europea en un plazo de dos años ya que, como recuerda González Jurado, “hay responsabilidad penal si se demuestra que hay evidencia científica para evitar el riesgo y no se toman medidas”. Para ello, el Consejo General ya ha iniciado las reuniones con el Ministerio para la elaboración de un Real Decreto de transposición de la directiva.