UGT pone distancia con el conflicto Canarias-Estado planteado por Fernando Clavijo y discrepa del análisis del Gobierno canario sobre el impacto de los Presupuestos Generales en las islas. Para el sindicato, plantear un enfrentamiento con el estado antes de saber el contenido de la ley de presupuestos que elabora el equipo económico del Gobierno central supone hacer juicios de valor “sin conocer el contenido real de los PGE y las inversiones finales a todos los territorios”. Además, la organización sindical mantiene que el documento esgrimido por CC, que sitúa las partidas que debe recibir Canarias en 4.962 millones de euros, “mezcla conceptos” y “se basa en previsiones internas”.
El sindicato manifestó, a través de un comunicado, que no pone en duda el análisis económico del impacto del anclaje del REF en el Estatuto de Autonomía aunque sí la eficiencia de las medidas fiscales contenidas en el nuevo marco económico de las islas que, según recuerda UGT, “son incentivos fiscales de los que se benefician las empresas” sin dato alguno sobre su impacto en la “creación de empleo y la calidad de éste” en los próximos años.
En este sentido, UGT recuerda que “Canarias se sitúa con un 20% de paro, los peores salarios del estado, las pensiones más bajas del país, un índice muy alto de contratos a jornada parcial, y un continuo abuso de la contratación temporal que es de un 90%”. Si este REF tuviera un impacto directo y real sobre el conjunto de la ciudadanía, destacan, “estaríamos hablando de mejores datos de las tasas de desempleo y de mejores salarios”.
Cuestión de prioridades
Uno de los aspectos más criticados del documento elaborado por el Gobierno canario por parte de UGT es la disparidad de prioridades. El sindicato no entiende que de una carta de derechos, como es el texto estatutario, puedan hacerse cálculos de partidas presupuestarias y que no se hable de asuntos sensibles como la renta de ciudadanía (consagrada en el artículo 24) y se ponga en acento en otras como los convenios de carreteras. “Por lo tanto, compartiendo la necesaria y obligada separación del REF y la financiación autonómica, el resto es una cuestión de voluntades políticas entre administraciones, ya que el Estatuto no establece cuantías económicas a destinar para su aplicación territorial, y que siempre serán variables en base a las inversiones en otros territorios y a las negociaciones que se produzcan”.
UGT, además, denuncia olvidos importantes en el informe realizado por el Gobierno canario. ‘Lapsus’ importantes como “el impacto que significaría para los ciudadanos de Canarias el aumento del SMI a 900 euros mensuales; el aumento del 2,25% del salario de los empleados públicos; el aumento de la pensiones mínimas al 3% y la subida del 1,6% del resto de pensiones; los incrementos que puedan producirse en las políticas de dependencia, discapacidad; las partidas destinadas a I+D+i; las políticas de igualdad; el Ingreso Mínimo Vital, etc”.
Por ello, concluyen, “no cabe un frente común contra el estado y los PGE” y abogan por construir una mesa de diálogo y “hacer política a través de la presentación de enmiendas parciales a los PGE en el caso de que sean tomados en consideración en el Congreso”. Por ello, “Instamos a que el Gobierno de Canarias modere su lenguaje frentista e intente por todos los medios recuperar el dialogo y la política como herramientas centrales en la discusión y debate de los PGE”, destacan.