El actual responsable de la Gerencia de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín Bethecourt (PSOE), afirma que ha puesto todo ese organismo a disposición del poder judicial para que se investiguen los supuestos tratos de favor (tráfico de influencias) otorgados por ese organismo a empresarios del ocio nocturno durante los anteriores cuatro mandatos y que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se investiguen.
“No conozco el alcance de los hechos, los desconozco, pero me parece gravísimo lo que se investiga”, afirmó este lunes a este periódico José Ángel Martín, quien reiteró que la Gerencia “está a disposición de la autoridad judicial”. “Hemos puesto en marcha un plan coordinado con Seguridad Ciudadana para que los locales que incumplan la normativa de forma grave sean cerrados”, añadió.
Se trata de un entramado de actividades ilegales con un punto de origen, el Parque Marítimo César Manrique, investigado desde 2008 por la Policía Judicial. Gracias a las escuchas telefónicas relacionadas con ese caso se pudo averiguar que algunos empresarios relacionados con negocios de restauración y ocio nocturno jamás resultaban sancionados, pese a celebrar fiestas sin permisos en una jaima instalada en una azotea o incumplir los horarios de cierre.
Esas escuchas son las que han dado lugar a una pieza separada, la 1453/11, que instruye en la actualidad el juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife tras admitir el recurso contra el archivo de la causa interpuesto por la fiscal delegada en Anticorrupción, María Farnés Martínez. A partir de septiembre, los popes de la noche chicharrera deberán declarar de nuevo ante la juez como ya lo hicieron en junio de 2009 ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
Es la misma forma de actuar en el Parque Marítimo la que parece haberse instalado en el actual epicentro de la ocio de la capital chicharrera, la calle de la Noria, con locales abiertos sin concesión y eventos sin licencia.
De la misma manera y con los mismos empresarios se actuó en el Parque Marítimo César Manrique hasta hace tres años, cuando tras una denuncia de la Unión de Consumidores, encabezada por el abogado Felipe Campos, Urbanismo tuvo que echar el cerrojo a la celebración de eventos dispares, ya que no estaban contemplados en la gestión del recinto público.