El Tribunal Constitucional (TC) ha convalidado el proceso que siguió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1993 para privatizar el 66% de las acciones de Emalsa, la sociedad municipal que se encarga del abastecimiento de agua a la ciudad.
La sentencia, que hoy adelantan La Provincia y Canarias 7, aunque aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desestima el último recurso promovido contra esa adjudicación por Aquagest, una de las empresas que participaron en el concurso convocado por el Consistorio para la venta de Emalsa.
Aquagest había solicitado el amparo del Constitucional por considerar que sus derechos se habían visto vulnerados en el largo proceso administrativo y judicial que siguió a la adjudicación de Emalsa a Saur (el 33 %) y Unelco (otro 33 %), que más adelante vendió su participación en la empresa a Valoriza.
Aquagest había logrado inicialmente una sentencia favorable a sus tesis en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en 2008 decidió anular el proceso de privatización al entender que su oferta era más ventajosa para la ciudad que la que había formulado Saur y Unelco.
Sin embargo, el caso dio un giro en 2010, cuando el propio TSJC revocó su sentencia anterior tras reconocer que no había valorado un informe pericial admitido por la propia Sala -y que a la postre resultó determinante-, en el que se defendía que la mejor oferta para la ciudad era la seleccionada por el Consistorio.
El Constitucional considera “razonables” los motivos que llevaron al TSJC a revisar su anterior decisión y, al mismo tiempo, resalta que Aquagest no ha acreditado más allá de cualquier duda de imparcialidad que su oferta era más ventajosa para el erario municipal que la de Saur y Unelco.
Estas dos empresas se hicieron con el control del 66% del accionariado de Emalsa en marzo de 1993, en una decisión tomada por la Corporación que presidía el socialista Emilio Mayoral.
Cierre de una etapa
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha afirmado este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la legalidad de la venta de Emalsa a los socios privados “cierra un episodio” de la compañía y que la misma no afecta a la hoja de ruta que se ha propuesto seguir respecto a la empresa de aguas.
“Es una sentencia que cierra un episodio y una etapa de litigio que ya alcanza la veintena de años y, en ese sentido, lo que aporta es estabilidad y tranquilidad desde el punto de vista jurídico a una empresa que en los últimos años se ha visto inmersa en este pleito judicial entre el adjudicatario de aquel concurso y el licitador que, considerando que la adjudicación no era correcta, recurrió hasta llevar a las últimas instancias su pretensión”, dijo.
En declaraciones a los medios, entendió que con este fallo, “se pone fin” a una etapa litigiosa y esperó que el mismo contribuya a darle “tranquilidad, normalidad y estabilidad” a Emalsa.
Así, el primer edil capitalino entendió que la compañía precisa de esta tranquilidad, ya que “es una empresa fundamental el servicio público del servicio de aguas de Las Palmas de Gran Canaria”.
Cuestionado sobre si la sentencia cambia la estrategia del Ayuntamiento sobre Emalsa de tener un mayor control sobre la compañía, Cardona expuso que si el resultado de la misma hubiese sido otro sí que se abriría un nuevo escenario jurídico y económico.
“Lógicamente -continuó- este fallo cierra y ratifica la legalidad de aquella adjudicación, por lo que aporta normalidad y nos debería llevar a que continuemos con el objetivo que desde el primer momento he planteado de garantizar el presente pero, sobre todo, el futuro del servicio público del agua”.