Los Verdes de Tenerife han considerado “difícilmente explicable la conducta del alcalde de El Rosario, Macario Benítez, del PSC-PSOE, en el tratamiento dado por el Plan General de Ordenación a los terrenos de la montaña Carbonero y su entorno”.
Así se desprende del informe que han elaborado para la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante una “pormenorizada descripción de los hechos, cuya secuencia es compleja”.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que han detectado “hasta seis diseños distintos de calificación y distribución de usos para los mismos terrenos y hasta seis decisiones en sesión plenaria relacionadas con la redacción del Plan General donde el grupo de gobierno presidido respaldó tales propuestas desde 2003 hasta 2007”.
Unas decisiones que se adoptaron “en medio de las críticas que advertían irregularidades en la montaña y con el voto en contra de la oposición”.
Hernández insiste en que hay que partir de la presunción de inocencia y espera que la Fiscalía abra diligencias “para que el alcalde, los concejales o los técnicos, no sólo del Ayuntamiento sino también del Cabildo y la Consejería de Medio Ambiente y de la empresa redactora, puedan explicar lo sucedido en torno a estos terrenos que incluyen una propiedad de Macario Benítez”.
El portavoz insular de Los Verdes relata, en un comunicado, que el Ayuntamiento solicitó a la empresa Gesplan la redacción del PGO, aunque el documento sería encargado más tarde a la consultora Estudio Luengo S.L.
Tras varios retrasos, la redacción propuesta por Gesplan fue impulsada después de las elecciones de mayo de 2003, cuando ya el Plan Insular de Ordenación (PIOT) - que recoge la reserva de esta zona como agrícola- estaba aprobado.
Octavio Hernández señala como “llamativa curiosidad” que el alcalde negara en declaraciones a la prensa en 2006 que fueran de su propiedad las tierras que posee al pie del cono volcánico de Carbonero, alegando que pertenecían a su familia.
“Desde principios de 2004, cuando se retira el documento de Gesplan comienza un auténtico vía crucis para la familia propietaria de la montaña, que ve frustradas varias alegaciones sucesivas y sufre una expulsión del padrón de habitantes decretada por el alcalde y anulada luego por una contundente sentencia de los tribunales, todo ello mientras rechaza la propuesta municipal de urbanizar”, recuerda Hernández.
A lo largo de los años transcurridos desde que se reinició la tramitación del PGO y Macario Benítez puso a su nombre las fincas en la base de la montaña, “el objetivo de urbanizar este suelo rústico protegido ha sido reafirmado casi en cada nueva propuesta de redacción del Ayuntamiento, a la vez que el grupo de gobierno.
Mientras, recuerda que el equipo redactor, a través de la concejala de urbanismo Ana Lupe Mora, “declinaban las peticiones de reservar un uso agrícola respetando el PIOT, que considera estas tierras entre las mejores de Tenerife para cultivos de secano”.
“Resulta llamativa esta negativa tratándose de propiedades del alcalde”, insisten Los Verdes, que también ha dado traslado a la Fiscalía de las declaraciones a la prensa realizada por la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, la semana pasada, en las que explicaba que el visto bueno técnico de la Corporación insular se había dado a propuesta del Ayuntamiento.
Los Verdes recuerda que De León también declaraba desconocer que el alcalde era uno de los propietarios afectados por esas decisiones administrativas sobre el Área de Regulación Homogénea de montaña Carbonero.
Octavio Hernández también destaca que tanto el anterior consejero insular de Planificación, José Manuel Bermúdez, como el viceconsejero de Ordenación del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, “dieron la razón a la familia propietaria antes de la aprobación definitiva del PGO, y este último incluso apuntó públicamente la posibilidad de irregularidades, que ahora la Fiscalía podrá analizar con más detalle”.