Los políticos han cargado sus escopetas tras la vuelta de las vacaciones. Es lo que se desprende del cruce de reproches entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria por la depuración de las aguas en la segunda isla más poblada del Archipiélago que han servido para, en parte, desviar la atención de que en Tenerife el 22% de las aguas que se vierten al mar están sin depurar, unos 57 millones de litros de agua al día.
Así, después de que el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, iniciara su año político este martes con una rueda de prensa en la que destacaba que el 99% de las aguas que se vierten al mar en Gran Canaria están depuradas, el Gobierno de Canarias se apresuró a desmentir estas cifras.
Según la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Nieves Lady Barreto, el Ejecutivo autonómico tiene “datos reales” de que en estos momentos “el 71% de los emisarios que emiten aguas residuales no tienen autorización” y que del 28% restante que sí lo tienen, “algunos no cumplen con el tratamiento correcto que tienen que cumplir para que las aguas no contaminen”. En concreto, desde su consejería ponen el punto de mira en los emisarios submarinos del Teatro en Las Palmas de Gran Canaria, en Jinámar en Telde y en Bocabarranco en Gáldar. Ante esto, Morales negó este mismo miércoles estos extremos y ratificó que en Gran Canaria no se vierten aguas sin depurar, aunque sí admitió que existen problemas con algunos “trámites administrativos o cuestiones técnicas”, pero sostiene que no es lo mismo no tener autorización que verter aguas contaminantes.
De hecho, cuestionado Morales sobre si es cierto que en Jinámar se está vertiendo hasta seis veces más de lo estipulado, el presidente autonómico ha respondido con un “sí, ¿y qué?” para proseguir su relato con un “pero, ¿se vierten contaminadas? La gran mentira es intentar relacionar una cosa con la otra. Es decir, se vierte más agua de la autorizada. Vale, porque hay más población, porque el Gobierno hizo esa depuradora sin dotarse de todos los medios. ¿Pero qué hacemos con las aguas residuales? ¿Se las queda la gente de Jinámar, se las beben los vecinos de Santa Brígida? No, se depuran y se vierten”, respondió el político de Agüimes, quien recalcó que aunque se hagan más vertidos de los permitidos, en ningún momento se contamina porque son aguas tratadas.
Mientras, sobre el caso de Bocabarranco, el presidente insular mencionó que se trata de una playa que está pendiente de un emisario -para el que ya hay una partida de cinco millones de euros- que lleve las aguas a kilómetro y medio después de que una rotura produjera que se viertan a 350 metros, pero a pesar de ello documentos del propio Gobierno de Canarias califican de “excelentes” las aguas, mostrando un informe sanitario del pasado 21 de agosto que corrobora este hecho. En cuanto al caso del emisario del Teatro en la capital grancanaria, Morales sostiene que los únicos argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico son faltas administrativas y técnicas “que nada tienen que ver con que el agua esté depurada”.
Antonio Morales quita hierro al hecho de que el Gobierno canario destaque los vertidos que se vierten al mar sin autorización porque asegura tajantemente que “el 99% de las aguas vertidas están depuradas”, pero la consejera Barreto insiste en que el censo realizado por la Agencia Canaria del Medio Natural recoge que “la autorización es fundamental para comprobar si el tratamiento que se da al agua es correcto o no para llevarla al mar”. Además, agrega que “si dentro del 28% que tienen autorización se han detectado algunos casos que no cumplen, pues habrá que ponerse las pilas y tramitar las autorizaciones”.
“A día de hoy el 71% de los emisarios que vierten agua al mar en Gran Canaria no tienen autorización y por lo tanto no se sabe si hay o no tratamiento y si el tratamiento es correcto o no. Lo que sí sabemos es que incluso algunos de los que sí tienen autorización no cumplen con el tratamiento correcto ni con el tratamiento en materia europea que se exige para que no se produzcan daños en la biodiversidad marina. Todo lo demás es querer enredar, es querer buscar polémica, es querer desviar atención de un problema que es real”, acusó la consejera.
Por tanto, Barreto urge a la Corporación insular a tramitar las autorizaciones. “Si el Cabildo de Gran Canaria dice que el único problema que tienen es administrativo, pues que tramiten las autorizaciones, ponemos los papeles sobre la mesa y comprobamos si están tratando, si no están tratando, si el tratamiento es correcto o si no es correcto. Vamos a sentarnos, ese es mi ofrecimiento”, subrayó la consejera, quien advirtió que en caso de que la Corporación insular se niegue a realizar estos trámites se expone a ser multada.
Así mismo, Barreto hizo hincapié en que los datos que ofrece el Ejecutivo “son reales” y que el Cabildo “puede negarlos y decir que no tienen un problema, pero la realidad es que lo hay, pero no en Gran Canaria solo”. Y es que la consejera reconoció que el problema de los vertidos existe en todas las islas pero el Gobierno tan solo puede “dar autorizaciones, hacer el seguimiento, controlar y sancionar”.
Cuestionada sobre por qué si en la isla que preside Morales han detectado vertidos irregulares no los han sancionado -el político de Nueva Canarias afirmó este miércoles que en los últimos dos años no han recibido ningún expediente ni han sido multados por vertidos-, la consejera enumeró que “primero tenemos que conocer los datos, es lo que tenemos ahora con el censo que tenemos en la mano. La Agencia Canaria del Medio Natural ha seguido haciendo inspecciones y ha abierto expedientes sancionadores. El siguiente paso es ese, ver cuáles se pueden corregir y cuáles no y por tanto sancionar. Esos son los pasos, lo primero es conocer la realidad y a partir de ahí sancionar”. Este censo del que habla la responsable de Medio Ambiente y Política Territorial será publicados en la web de la consejería la próxima semana, cuando también los hará públicos en el Parlamento de Canarias.
La consejera niega una campaña de desprestigio hacia Gran Canaria
En la rueda de prensa de este miércoles, Antonio Morales recriminó que cargos públicos de Coalición Canaria en el Gobierno y en el Cabildo de Tenerife, así como el periódico La Provincia, comenzaran una “campaña de desprestigio” hacia Gran Canaria para ocultar que la isla cumple las exigencias medioambientales en este campo y en otras islas, como en el caso de Tenerife, no.
El presidente grancanario puso de ejemplo las declaraciones realizadas por la mañana por el presidente Clavijo y la propia Barreto en la Cadena Cope y en la Cadena Ser. “Mienten descaradamente”, zanjó Morales. Sin embargo, la consejera aclara que “no voy a entrar, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer” en estas polémicas y que su única intención ahora mismo es “solucionar problemas”.
“En las opiniones personales del señor Morales, o cualquier otro, los problemas y opiniones que considere que las diga, yo no voy a entrar en eso. Lo único que digo es que es un error querer negar la realidad, porque negando la realidad no solucionamos el problema y tampoco los puede solucionar solo el Cabildo y los ayuntamientos, necesita de la colaboración del Gobierno para que tramite las autorizaciones y para ponernos a trabajar. Yo lo que invito es a ponernos a trabajar, a reconocer que el problema existe, que nos sentemos con todos esos emisarios que no tienen autorización y tramitemos todas esa autorizaciones para evitar que el expediente disciplinario termine en una sanción. Eso es lo que hay que hacer, ponernos a trabajar y evitar que el agua que llegue al mar está contaminada”, zanjó.
Por su parte, el presidente Fernando Clavijo, que salió a atacar a Morales sin conocer tan siquiera los datos que maneja Barreto, quiso suavizar la tensión y apuntó que no quiere “reavivar el pleito insular” y señaló que la calidad del agua de mar en Canarias es “excelente”, según ha acreditado la Unión Europea. Quien no está en esta sintonía del buenrollismo que el político lagunero abraza en contadas ocasiones es el vicepresidente, Pablo Rodríguez. El líder de Coalición Canaria en Gran Canaria saltó este miércoles por la tarde con un comunicado en el que acusó a Morales de mentir en relación al problema de los vertidos de aguas residuales. “Ni se está depurando correctamente lo que llega a la depuradora ni se está reutilizando el caudal previsto”, advirtió el político de Telde.
El también consejero de Obras Públicas añadió en su nota de prensa que “las cifras que da Antonio Morales no son reales, por un hecho tan simple como que, al no disponer de autorización, no se está realizando en la mayoría de los casos un plan de seguimiento de los vertidos” y llegó a decir que en Gran Canaria se está haciendo una “deficiente gestión de los vertidos al mar” y por tanto Morales “intenta confundir a los ciudadanos y alojarse en el victimismo”.
Desde el Cabildo de Gran Canaria invitan a hacer públicos los datos concretos. Ellos aseguran estar tranquilos porque antes de dar la rueda de prensa este martes aclaran que certificaron su información tanto con el Consejo Insular de Aguas como con las depuradoras en las que no tienen competencia, que son las situadas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Agüimes, Santa Lucía e Ingenio.