El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha denunciado en el Parlamento que “los servicios de inspección han detectado zonas, como el sur de Tenerife, donde la mayoría de las viviendas vacacionales son explotadas por empresas con sede en Reino Unido”.
Según el viceconsejero, estas empresas son, incluso, “denunciadas por sus compatriotas para que paguen sus impuestos en su país y declaren allí las ganancias que generan en Canarias”.
“No está tan claro que todo sea riqueza para las Islas ni que todas las familias que se dediquen al alquiler vacacional sean canarias”, ha afirmado durante su comparecencia pedida por el diputado del PIL Fabián Martín.
Fernández de la Puente ha insistido en que el Gobierno, tal y como se comprometió con la plataforma a favor de regular el alquiler vacacional, está abordando un asunto que “es muy complejo”, por lo que “no se debe caer en demagogias y hay que abordarlo con responsabilidad, como no puede ser de otra manera, ya que actualmente se están produciendo situaciones de competencia desleal entre quienes sí cumplen la normativa y quienes están fuera de ella”.
Un negocio, no un problema
Esta tesis no fue compartida por la portavoz del Grupo Popular, Águeda Montelongo, al asegurar que “estas personas no están actuando al margen de la Ley”.
“Hay una posibilidad de negocio para 54.000 viviendas particulares, y lejos de ser un problema, el PP lo ve como una oportunidad”, ha afirmado, por lo que ha pedido modificar la actual Ley de Turismo “para definir lo que es una vivienda vacacional y cuáles son los tributos que deben pagar”.
“Cabría la posibilidad de que el concepto de vivienda vacacional pudiera hacer referencia a aquellas edificaciones o parte de edificaciones, ubicadas en suelo calificado como residencial- turístico o en suelo urbano residencial, a las que se les permitiera un uso turístico, a las cuales habría que condicionarlas al cumplimiento de algunos requisitos de equipamiento determinados”, contestó Fernández de la Puente.
Al respecto, Fabián Martín quiso saber “si el Gobierno va a estudiar de una vez por todas la legalización para permitir que esas 54.000 casas operen en la legalidad”.
Por su parte, tanto la nacionalista Claudina Morales como la socialista Dolores Padrón estuvieron de acuerdo en la necesidad de regular esta actividad económica para evitar una situación de competencia desleal como la denunciada por el viceconsejero.
Para Padrón, este debate “hay que abordarlo con prudencia y apelando a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias, y del propio Gobierno, para dar una salida a una indudable actividad económica , cuya importancia es innegable para muchas familias en un momento de crisis como el actual”.
Por ello, la portavoz del Grupo Socialista insistió en que “el alquiler vacacional debe tener las mismas condiciones fiscales y legales que los establecimientos reglados, para luchar contra la competencia desleal y la situación de intrusismo”.