El Gobierno de Canarias está dispuesto a estudiar posibles soluciones para legalizar las llamadas viviendas vacacionales, dijo este martes en comisión parlamentaria el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, quien recordó que se trata de una tipología que no existe, por lo que no hay un registro al respecto.
El viceconsejero indicó que en la actualidad se trata de una actividad de competencia desleal porque es una tipología que no existe, palabras que pronunció durante su comparecencia en comisión parlamentaria a petición del grupo Nacionalista para hablar de las viviendas vacacionales.
El Gobierno canario estudia la regulación que de esta actividad hay en otras regiones, como Cataluña, Andalucía, Asturias, y también analiza lo que ocurre en ciudades como Nueva York, donde se ha prohibido hasta que se regule por ley.
La diputada del grupo Nacionalista Claudina Morales dijo que es evidente que cada vez hay más viviendas que se utilizan con fines vacacionales y no se trata de una actividad nueva, y pidió que se tenga en cuenta lo que piden los turistas, entre otras cuestiones, este tipo de arrendamientos.
Claudina Morales opinó que no hay consenso en torno a cómo tratar esta actividad, y reclamó que el Gobierno de Canarias busque la forma de regularla.
Más de un millón de turistas
El diputado del grupo Mixto Fabián Martín, del PIL, opinó que el viceconsejero ha querido soslayar una realidad que el pasado año fue utilizada por más de un millón de turistas, y en la que las personas que tienen esas viviendas se arriesgan a pagar multas.
Fabián Martín dijo que el viceconsejero se ha mostrado contrario a legalizar esta actividad y consideró que el Gobierno canario tiene muy difícil erradicar este tipo de viviendas.
Dolores Padrón, diputada del grupo Socialista, reconoció que se trata de un gran problema dado el elevado número de viviendas vacacionales que hay en las islas y señaló que en la actualidad es una actividad que genera economía sumergida, por lo que opinó que debe regularse de forma adecuada para generar empleo.
La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo aseguró que no se trata de un problema sino de una oportunidad de recaudar con una actividad que el Gobierno regional no puede obviar, y preguntó al viceconsejero si no le sorprende que haya muchas personas que reclamen pagar impuestos.
El viceconsejero aseguró que su opinión personal no cuenta en este asunto y afirmó que su intención no es asustar a nadie cuando habla de una situación no legal, para añadir que el Gobierno canario no mira para otro lado y por eso estudia la situación en otras zonas.
Ricardo Fernández de la Puente explicó que el problema se originó al cambiar el Gobierno de España la ley de arrendamientos urbanos, algo que a su juicio era innecesario.