Alerta Naydenov: de cómo un pesquero en llamas dejó a Canarias al borde de una marea negra

Era sábado, 11 de abril. Pocos pensaban que el incendio del pesquero de bandera rusa Oleg Naydenov en el Puerto de La Luz y de Las Palmas acabaría convirtiéndose en una pesadilla medioambiental que extendió una mancha de fuel de 6 kilómetros de largo por 2 de ancho por aguas canarias de alto valor ecológico, pertenecientes a la Red Natura 2000. El hundimiento del pesquero a 27 kilómetros al sur de Maspalomas en la noche del 14 de abril de 2015 además de suponer un gran despliegue de recursos humanos y técnicos, reabrió el debate político y social sobre la vulnerabilidad de las Islas ante este tipo de desastres y sobre las actuaciones imprudentes de las autoridades competentes.

Un año después de aquel suceso, la vía de las responsabilidades penales se ha cerrado. Concretamente, en octubre de 2015, cuando el fiscal archivó las diligencias que abrió a raíz del hundimiento del Oleg Naydenov al no apreciar delito en la cadena de decisiones que llevaron a sacarlo del puerto con un incendio a bordo para remolcarlo a alta mar. Sin embargo, aún colean otro tipo de enfrentamientos, como el que protagonizan el servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de la isla, con quien colaboraban los ciudadanos que rescataron a varias tortugas afectadas por el vertido.

Durante la emergencia por el vertido del Oleg Naydenov, el centro atendió cinco ejemplares de tortuga boba, 16 pardelas cenicienta y un alcatraz. La denuncia se basa en que la administración competente para autorizar la captura o traslado de estos animales es el Ministerio de Medio Ambiente y que este trabajo sólo puede ser realizado por la Guardia Civil.

“En situaciones de urgencia no hay tiempo de realizar peticiones de autorizaciones”, se defiende Pascual Calabuig, máximo responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y que asumió en 2002 las competencias que hasta ese momento tenía el Gobierno de Canarias.

Es curioso que la apelación a la urgencia también estuviera en la base de la defensa del capitán marítimo de la provincia de Las Palmas, Pedro Mederos, respecto a su decisión de remolcar el pesquero a alta mar porque creía que suponía un grave riesgo que el fuego se extendiera a otros barcos, que produjera un gran vertido contaminante en el puerto, que este se extendiera hacia la desaladora que abastece de agua potable a 400.000 habitantes y, sobre todo, que se produjera una explosión que pusiera en peligro vidas humanas.

El fiscal, tras comprobar que el sargento jefe de los bomberos decidió sacar del pesquero incendiado a sus hombres después de doce horas de trabajo contra el fuego por el alto riesgo de explosión, concluyó que Mederos no fue “imprudente” ni “negligente”.

“Quien obra en la creencia cierta de la existencia de un peligro y con su acción elimina el peligro que le impulsó a obrar así, ¿es un imprudente? Si además, esa decisión que va a ejecutar en el ejercicio de su legítima competencia ya la adoptó con anterioridad en idéntica situación y circunstancias y una vez revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa se calificó de acertada, legítima y competente, ¿puede calificarse de negligente su actuación? Del conjunto del material recabado en esta fase preprocesal la respuesta a los dos interrogantes debe ser negativa”, resolvió el Ministerio Público.

Acusaciones cruzadas

Pero ¿qué pasa con el capitán del buque siniestrado? Según el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, Igor Dorofieyev no informó del fuego nada más registrarse, cómo debe hacerse, y los servicios del puerto se enteraron por medio del consignatario. Tampoco cerró las tomas de aire del barco una vez producido el fuego, lo que desaconsejó el uso de espuma. Y, además, cuando los bomberos llegaron los recursos del barco para sofocar las llamas estaban agotados. Para Ibarra, la falta de aviso del capitán provocó “una pérdida de tiempo importante” para poder controlar el incendio, a pesar de que los bomberos acudieron al lugar ocho minutos después de recibir la llamada.

Claro está, que Ibarra hizo esas declaraciones después de que Dorofieyev calificara de “error muy grave” la decisión de la Capitanía Marítima de Las Palmas de remolcar fuera del puerto al pesquero.

Estas acusaciones cruzadas demuestran que de abril a julio se vivieron en Canarias momentos de angustia, sazonados con decisiones improvisadas y sobrevolados por un enorme grado de opacidad. Como ejemplo del caos, baste recordar que el comité científico que asesoró en las operaciones para evitar la contaminación se constituyó el 30 de abril, 16 días después del hundimiento del pesquero.

Lo cierto es que el barco fue paseado hasta aguas del sur de Fuerteventura y de ahí, una vez que el fuego fue sofocado, se remolcó al sur de Gran Canaria, donde se iba a estudiar su estado para repararlo o no en el Puerto de La Luz. Pero la embarcación se hundió antes de ser evaluada por Salvamento Marítimo para conocer su estado.

A partir de ese momento, la ciudadanía se enteró de que no existían planes de contingencia ni personal especializado, que se había intentado apagar las llamas con agua en vez de con espuma (lo que facilitó que el buque escorara y se hundiera) y que lo mejor hubiera sido trasladarlo hasta un lugar confinado, como un puerto refugio, en el que poder actuar (se apuntó al puerto de Arinaga).

Indignante

En plena precampaña electoral, con unas Islas aún en pie de guerra contra el Gobierno del PP y el ministro de Industria (y líder de los conservadores canarios), José Manuel Soria, por haber autorizado a Repsol las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, era lógico que se politizara el hecho de que 14.000 toneladas de fuel se vertieran al mar.

La entonces candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno y hoy número dos del Ejecutivo, Patricia Hernández, resumió en aquel momento lo que estaba pasando: “La realidad ha ido desmintiendo, una tras otra, las declaraciones de la ministra Ana Pastor. Primero que el pesquero no se iba a hundir, luego que no iba a haber vertido y, por último, que no llegaría a nuestras costas”.

“Es un cúmulo de improvisaciones, decisiones erróneas y falsas previsiones, es indignante”, remachaba Hernández. Y no era para menos, pues tanto la ministra como la delegada del Gobierno de entonces, María del Carmen Hernández Bento, habían insistido una y otra vez, desde el primer momento, en un mensaje que repetía en todos los comunicados emitidos: “El peligro de que el hundimiento del pesquero provoque un derrame de combustible es pequeño y que el riesgo de que, si eso ocurre, el vertido alcance las costas resulta aún menor, por las corrientes”.

Llegada a las costas

Y es que el fuel llegó a las costas. Los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en un comunicado conjunto, informaron el 25 de abril de haber hallado restos de residuos a entre 4 y 5 kilómetros al oeste de Gran Canaria. Y la organización WWF detectó manchas en la costa sur del Tenerife y en La Gomera. El piche, en forma de galletas, apareció en las playas de Veneguera y una cala de Mogán que se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y forma parte del Parque Rural del Nublo.

Por su parte, la diputada de Podemos Noemí Santana, llegó a formar parte de la cadena humana convocada en protesta por la gestión realizada por el Gobierno de España y sus autoridades competentes en el desastre y, como Hernández, exigió que se tomaran medidas para que dejara de salir fuel y que se asumieran responsabilidades por la “mala gestión”.

Mientras el fuel salía a una velocidad de 10 litros por hora por tres fisuras, el líder de Nueva Canarias (NC) se refería también a la “improvisación” y a la “falta de claridad” incidiendo en que el vertido había puesto de manifiesto “la fragilidad y la importancia estratégica del medio ambiente, vital para las islas”.

Pero llegaron a ser hasta ocho las fugas, que fueron selladas por las campanas instaladas por la empresa Ardent, a través del buque Olympic Zeus, ayudado por los robots ROV. Campanas con las que se procedió a la extracción del fuel hasta que el 27 de julio, tres meses después de que el pesquero fuera localizado a unos 2.700 metros de profundidad, la ministra decidió dar por concluida la alerta al no existir “rastro” de contaminación.

Canarias no está preparada

Lo cierto es que, un año después del inicio de aquel siniestro, aún flota en el mar colectivo de la conciencia social de Canarias si las autoridades estatales continúan sin saber cómo actuar en una crisis con un barco que pueda poner en riesgo medioambiental unas aguas por las que navegan aproximadamente 1.500 petroleros al año.

Como decía el líder de NC durante la crisis, el incidente del pesquero ruso fue “grave, pero pequeño si se compara con los cargueros” que navegan por las aguas canarias, por lo que insistió en reclamar “claridad y competencias en la materia, porque no es posible que las autoridades locales no tengan nada que hacer”.

Según los expertos, las Islas no están preparadas para responder y combatir de manera “rápida, efectiva y coordinada” una marea negra o tóxica que alcance las costas de las Islas, independientemente de su magnitud, porque no se ha elaborado aún, como sí existe en otros países, un sistema de respuesta altamente cualificado, técnicamente formado y dotado de los recursos materiales y protocolos necesarios para reaccionar ante futuros casos de contaminación aguda en aguas del Archipiélago canario.