Después de 37 años de existencia, todavía hay un amplio sector de juristas que se plantea si la Audiencia Nacional es o sigue siendo necesaria. Uno de los motivos esgrimidos es el final de las actividades terroristas de ETA. Frente a ellos, otro amplio sector defiende que la Audiencia se adapte a la realidad social, con nuevas competencias como una Sala de lo Civil para enjuiciar casos que afectan a miles de españoles en todas las comunidades autónomas, como la venta de productos tóxicos bancarios.
Y también quienes defienden que la Audiencia Nacional se quede como está, sin más retoques que los últimos aplicados por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha limitado el principio de Justicia Universal, un recorte que finalmente llegará al Tribunal Constitucional.
El nombramiento del magistrado canario José Ramón Navarro Miranda como nuevo presidente de la Audiencia Nacionall ha devuelto la actualidad de este órgano judicial, sólo por debajo del Tribunal Supremo en importancia juzgadora.
Es curioso que a pie de calle se conozca tan poco de la Audiencia Nacional, qué es y cómo funciona, pese a que sus jueces, o mejor dicho, los motivos que juzgan, sean noticia un día tras otro: el juicio por el 11-M, la trama Gürtel, el caso Bárcenas, el caso del Yak-42... La Audiencia Nacional, por su propia naturaleza, alberga los casos más sonoros, y según propone el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incluirá demandas civiles en un futuro próximo.
Hay quienes creen que esa posible ampliación de competencias de la Audiencia Nacional ha pesado en el nombramiento de Navarro Miranda, que ya en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se posicionó a favor de que los abusos bancarios, con su consiguiente envergadura económica, sean llevados desde ese órgano central judicial, con el fin de unificar criterios.
De la misma forma se ha posicionado a favor de que la Audiencia Nacional intervenga de forma directa en la lucha contra la corrupción económica y política, tanto desde la vertiente penal como de lo contencioso.
Cuando presentó la memoria del año 2012 del alto tribunal en el Parlamento regional, en octubre pasado, subrayó la necesidad de combatir la corrupción con todos los medios y acciones posibles. Fue lo mismo que dijo en su primer discurso como presidente del TSJC.
También ha pesado, sin duda, el carácter moderado y flexible de Navarro en su elección, porque contenta a unos y a otros o, cuando menos, no disgusta.
Y eso que no es un personaje que se haya preocupado por su proyección pública, pese que su carrera es meteórica. Desde que llegó al juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife en 1999 hasta la actualidad, ha tenido escasas apariciones en la prensa, salvo con ocasión de sus nombramientos como presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 2004, o por su nombramiento como presidente del TSJC.
El caso es que aunque tuvo un estrecho contacto con la jurisdicción penal como juez instructor en Santa Cruz de Tenerife, Navarro se especializó en el ámbito civil en cuanto llegó a la Presidencia de la Audiencia Provincial, justo el que Ruíz-Gallardón, con respaldo del sector conservador del Poder Judicial, quiere potenciar en la Audiencia Nacional.
Ese es el sector que ha votado por el magistrado canario.
“Con lo que hay es suficiente”
Navarro Miranda pertenece a la también moderada asociación judicial Francisco de Vitoria, pero el portavoz de la misma, Marcelino Sexmero (magistrado-juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid), no se muestra a favor de que la Audiencia Nacional asuma competencias en materia civil. Más bien es contrario a que la Audiencia Nacional cargue con más trabajo.
“Con lo que hay es suficiente”, afirmó en una entrevista telefónica con Canarias Ahora. “No considero necesaria una Sala de lo Civil en la Audiencia, porque muchos de los supuestos, como el de productos bancarios, son casos vinculados a la crisis económica, que dejarán de existir cuando esta crisis pase”.
“Es evidente la necesidad de un tribunal como la Audiencia Nacional”, añadió. “Pero otra cosa es que se deba modificar su estructura actual. Incluso una opción sería eliminar algunas de sus competencias actuales, como las relacionadas con la falsificación de moneda, pero no se pueden añadir competencias por cuestiones temporales”.
Y en cuanto a introducir muchas modificaciones en el actual funcionamiento de la Audiencia Nacional, Sexmero cree que poco podrá hacer su nuevo presidente. “Navarro no puede llevar a cabo cambios sustanciales porque para ello es necesario un cambio legislativo que aún no ha llegado”.
Por el contrario, tanto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la más progresista Jueces para la Democracia (JpD), coinciden en la necesidad de esa reforma estructural de la Audiencia Nacional, dado que hay demandas civiles con un gran impacto en el conjunto de la sociedad.
El portavoz de la APM en Canarias y magistrado de la Sala de lo Social en el TSJC, Ramón Toubes, afirmó a Canarias Ahora que “el proyecto de ley de la reforma del poder judicial, en efecto, atribuye competencias en materia civil a la Audiencia Nacional y consideramos que la propuesta es muy interesante”.
Prosiguió con que “estamos de acuerdo en que determinados asuntos civiles se enjuicien en ese tribunal. Por ejemplo, todas las demandas por la venta de participaciones preferentes, que es uno de los asuntos con transcendencia en toda España, deberían ser juzgadas en un órgano centralizado, porque en materia de Banca, cada juzgado en cada comunidad autónoma está dando una respuesta diferente”.
Es cierta esa disparidad de sentencias en lo que a la Banca respecta, ya que los primeros fallos judiciales que han puesto coto a las cláusulas abusivas son muy recientes. Apenas hace unos meses que fue ratificada la sentencia de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que casó la jurisprudencia en cuanto a las condiciones que deben darse para que una cláusula suelo sea considerada como abusiva.
Uno de los casos que instruye la Audiencia Nacional es el caso Bankia, estrechamente ligado con el caso Blesa y que le ha costado sentarse en el banquillo al juez Elpidio Silva, ex titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, por prevaricación en su investigación al ex presidente de Caja Madrid (en la actualidad, Bankia), Miguel Blesa.
Silva investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán, que él mismo archivó dos años antes, y del que luego desgajó el de la compra del City National Bank de Florida, por el que envió a Blesa a prisión.
El juez será juzgado por prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y aparte del ex presidente de la CEOE, otros testigos serán el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el propio Miguel Blesa, que pide 40 años de inhabilitación como condena.
Fusiones y estafas
Pero el caso Bankia sigue su curso en manos del juez del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Y marcha por otros derroteros. Bankia ha quedado eximida por la misma Audiencia de toda responsabilidad penal en la generación y venta de preferentes, por cuanto fueron “heredadas” de las cajas que se fusionaron para crear la macroentidad bancaria.
Ahora, la investigación se centra en la planificación de la emisión y venta de esos productos tóxicos por las siete entidades que se conformaron en Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), y en su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), nacionalizado al cien por ciento por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, más conocido como el FROB.
Para que la Audiencia Nacional eximiera de responsabilidad penal a Bankia en la venta de preferentes se argumentó también que esta entidad nació como filial del BFA en 2011, cuando el grueso de la venta de preferentes ya se había llevado a cabo.
El 3 de marzo pasado, Fernando Andreu comenzó la ronda de declaraciones a los querellados por el caso Bankia. De nuevo, Blesa y Gerardo Díaz Ferrán tuvieron que responder a un interrogatorio en el juzgado central de Instrucción. También fueron citados a declarar el ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el ex presidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el ex alcalde la localidad madrileña de Móstoles José María Arteta (PSOE); el ex dirigente de Comisiones Obreras Rodolfo Benito, y el representante sindical de UGT Gonzalo Martín Pascual.
Andreu también ha sido noticia hace pocas semanas por ser el primer magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido a la misma abstenerse en la instrucción del sumario que había iniciado contra la mafia china, el conocido como caso Esmeralda. El cabeza de la trama china, Gao Ping, habría obtenido favores de diez agentes policiales, incluidos tres comisarios, que le habrían permitido mantener sus supuestas actividades de blanqueo de dinero, contrabando, amenazas, coacciones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Uno de los comisarios que la Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado pidió al juez que imputara es Carlos Salamanca, comisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, amigo reconocido del magistrado. En este caso, sobre Fernando Andreu pesaba otra losa: su metedura de pata al tener que dejar en libertad a Gao Ping y su esposa, por un error de cálculo, tras más de cien horas detenidos.
El sumario lo lleva ahora el juez del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
El 'superjuez'
La Audiencia Nacional ha dado lugar a sentencias muy mediáticas, dictadas por magistrados, unos más carismáticos que otros, pero la mayoría con proyección incluso internacional. Alberga casos sonoros incluso de fracasos, como esa prórroga forzada de la detención de Ping junto con otros 19 detenidos, sin que hubiese pruebas contundentes para su privación de libertad.
Baltasar Garzón es, sin duda, el paradigma y para quien la prensa acuñó el término de “juez estrella”, casi desde el inicio de su andadura en la Audiencia Nacional. Parecía que podía con todo, e incluso alguna publicación lo bautizó como “el superjuez”.
Empezó a llamar la atención al poco de llegar al juzgado central de Instrucción número 5, con el caso Marey, por el que se condenó a 108 años de prisión a dos expolicías, relacionados con el GAL, por el secuestro de Segundo Marey, al que confundieron con un etarra, aunque también dio golpes a algunas de las tramas del narcotráfico español y el blanqueo de capitales.
Y siguió brillando hasta que en 2012 fue expulsado de la carrera judicial por 11 años, por las escuchas declaradas ilegales entre los imputados por el caso Gürtel (una supuesta trama de corrupción vinculada a políticos del PP) y sus abogados en un vis a vis.
Garzón tiene admiradores y detractores, cabría decir que a partes iguales. Muchos de quienes le alaban son ciudadanos a pie de calle, que han aplaudido sus actuaciones como el intento de juzgar a Augusto Pinochet, dentro del marco de justicia internacional, por delitos de tortura, y también por su intento de perseguir los delitos cometidos durante el franquismo, que fue dejado en nada por el Tribunal Supremo en 2012, tras las denuncias del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a las que se sumaron las denuncias de la conservadora Libertad y Dignidad, y de Falange Española y de las JONS.
Acusaron a Garzón de prevaricación por pretender enjuiciar crímenes para los que, alegaban, que no era competente, y contaron con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que era del mismo parecer, pero no con la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se expresó en contra de que se admitiesen a trámites las denuncias.
Como todo lo que rodea a Baltasar Garzón, la repercusión mediática fue intensa. Tanto que traspasó fronteras. En 2010 recusó por parcialidad al juez instructor de su causa en el Supremo, Luciano Varela, por haber indicado a Manos Limpias que debían poner o quitar en sus escritos de acusación.
Varela y Garzón ya se habían visto las caras con anterioridad, cuando el primero fue el ponente de una querella que atribuía al segundo el cobro de más de millón y medio de euros por unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Sin embargo, no se admitió la recusación a Varela y Garzón fue finalmente juzgado en mayo de 2012, tras haber sido suspendido de sus funciones. En los dos años desde que fue imputado hasta que fue juzgado, hubo concentraciones multitudinarias convocadas por los defensores de la memoria histórica.
Actores, directores de cine, escritores, hijos y nietos de las víctimas del franquismo, y políticos de izquierda como Cayo Lara, Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV), convocaron el 24 de abril de 2010, cuando se supo la imputación de Garzón, una marcha que recorrió el centro de Madrid y que congregó a unas 100.000 personas.
Hubo concentraciones en otras ciudades, como Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. Organizaciones humanitarias internacionales, como Human Right Watchs, cuestionaban cómo era posible que la justicia española investigase las dictaduras de Argentina y Chile, pero no pudiera hacer lo mismo con el franquismo. Los prestigiosos Le Monde y The Guardian se hacían idéntica pregunta.
Acabó perdiendo la toga de magistrado por autorizar las escuchas entre los imputados por el caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo y sus abogados, cuando los primeros estaban en prisión, y en contra del principio de confidencialidad entre abogado y cliente, por limitar la defensa de éstos. Fue en febrero de 2012, dos meses antes de que le absolvieran por prevaricación.
El apoyo popular nunca fue el mismo que el apoyo en el mundo judicial, en el que Garzón fue considerado como un mal instructor y en que gustó poco que demostrara abiertamente sus afinidades políticas. Fue delegado del Gobierno de Felipe González para el Plan Nacional de Drogas en 1993.
El primer varapalo le llegó con el caso Nécora, con el que quiso dar un golpe al narcotráfico gallego, acabar con el clan de los Charlines y encerrar a Laureano Oubiña, considerado como uno de los principales capos del tráfico de hachís y cocaína en España, y a su esposa, Esther Lago. También estaban involucrados los empresarios Carlos Goyanes y Celso Barreiros, que no llegaron a ser procesados.
En la noche del 12 de junio de 1990 fueron detenidas 60 personas, en un despliegue policial que no habían conocido jamás los medios de comunicación gallegos, pero no se incautó ni un gramo de droga y sólo pudo sentar en el banquillo a 48 acusados, de los que 15, los principales, fueron absueltos, entre ellos Manuel Charlín Cabeza, para el que se pedían 23 años de cárcel.
En la sentencia, de la que fue ponente la magistrada Ángela Murillo Bordallo, se criticó duramente la instrucción de Garzón, “llena de carencias”. El Tribunal Supremo, que redujo a la mitad las condenas que se habían impuesto, añadió que la instrucción fue “irregular” y “precipitada”.
Los otros jueces famosos
Lejos del tirón popular y dela peculiar relación con la prensa de Garzón, otros jueces de la Audiencia Nacional son famosos por los casos que llevan. Un ejemplo es el magistrado Javier Gómez Bermúdez, hombre de carácter y con una fuerte personalidad, como se vio en el juicio por los atentados del 11 de marzo en Madrid, que se celebró en 2007.
Gómez Bermúdez, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, actualmente titular del juzgado de Instrucción número 3, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue zarandeado por el diario El Mundo por no hacer ni caso a su 'teoría de la conspiración' y negar que ETA tuviera algo que ver con el atentado, que siempre achacó al terrorismo yihadista.
Otro de los casos estrellas que enjuició, igualmente con críticas por parte de los afectados, fue el de las falsas identificaciones de las víctimas del Yak-42, en 2009, en el que, de acuerdo con el fiscal, rechazó que declararan José María Aznar, y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. Finalmente fueron condenados un general (tres años de prisión), un comandante y un capitán (año y medio de prisión cada uno), encargados de las repatriaciones de los cadáveres.
Gómez Bermúdez saltó de nuevo a la prensa por el caso Couso, después de que una asociación de abogados le denunciara ante el Consejo General del Poder Judicial por informar a la embajada de Estados Unidos de que estaba en contra de que se encausaran a tres oficiales del Ejército de Estados Unidos por la muerte del cámara español y paralizar sus órdenes de detención.
Recientemente, con motivo del décimo aniversario del 11-M, Gómez Bermúdez ha defendido en varios medios de comunicación que “no hay jueces estrella. Lo que hay son casos estrella, que preocupan a una gran parte de la sociedad, pero los jueces no tenemos protagonismo alguno”.
Otro de los jueces que quizás les suenen en la actualidad es Pablo Ruz, sustituto de Garzón en comisión de servicios en el juzgado central de Instrucción 5. Es quien ha tomado las riendas del caso Gürtel, cuyo sumario sigue abierto al cabo de cinco años (con una rama separada, el caso Bárcenas), centrado en la financiación irregular del PP y el papel que jugaron en esa contabilidad B el extesorero del partido, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias.
Pero Pablo Ruz también ha sido el instructor del conocido como caso Faisán, por el que en octubre pasado el ex jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, fueron condenados a año y medio de prisión por dar un chivatazo a ETA en 2006 sobre una operación policial contra su red de extorsión. La baja condena fue duramente criticada por el PP, que ejerció la acusación popular y ha recurrido el fallo ante el Supremo.
Directamente ligado con el caso Gürtel y la Audiencia Nacional está otro nombre, el de Javier Gómez de Liaño, que fue magistrado del juzgado de Instrucción 1 en ese órgano judicial, en el que fue especialmente molesto para el gobierno de Felipe González a finales de los años 80, cuando instruyó el caso Lasa y Zabala por enterrar en cal viva a dos etarras, lo que valió una condena al entonces director general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo.
Su actitud beligerante frente a cualquier posible ilegalidad del PSOE animó al PP a proponerle como vocal en el Consejo General del Poder Judicial, en el que estuvo dos años, pero alineado con los vocales más progresistas para pasmo de los conservadores.
En 1997 inició la instrucción del caso Sogecable en el que procesó por apropiación indebida a los responsables del grupo de comunicación PRISA Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y todo el consejo de administración de Sogecable, y ello por exigir a los clientes de Canal Plus un depósito de 15.000 pesetas por el descodificador para acceder a la televisión de pago.
Todas sus resoluciones fueron anuladas y en 1998 Sogecable le denunció por prevaricación, delito por el que fue condenado y apartado de la carrera judicial, hasta que dos años más tarde fue indultado parcialmente por el Gobierno de Aznar.
En su nueva faceta como abogado, su caso más llamativo es su actual defensa de Luis Bárcenas mientras que su esposa, la también abogada María Dolores Márquez de Prado, defiende a Rosalía Iglesias.
Fernando Grande Marlaska también ha sido noticia de cabecera en más de una ocasión. Como titular del juzgado central de Instrucción número 3, una de sus actuaciones más estelares fue el archivo de la causa por el accidente del Yak-42 sin llevar a cabo ninguna diligencia, archivo que fue revocado por la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Así mismo fue noticia en 2007 por abrir juicio oral por un delito de injurias a la Corona contra los artistas gráficos de El Jueves Guillermo y Manel Fontdevila, autores de una portada de la revista satírica en la que habían dibujado a los Príncipes de Asturias manteniendo una relación sexual.
Pero también ha sido noticia por protagonizar una campaña para el uso del preservativo entre los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.
El caso Grupo Europa, la despedida de Navarro en el TSJC
La repercusión mediática de los magistrados de la Audiencia Nacional es lógica, aunque los hay más “artistas” que otros. José Ramón Navarro Miranda deberá dejar dictada la sentencia por el juicio del caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycan contra la corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007 de PP y AFV-Ciuca, y por el que están procesadas siete personas, entre ellas el diputado regional del PP Jorge Rodríguez, acusado de tráfico de influencias.
A escala canaria, el caso Faycán con sus ramificaciones es uno de los más sonoros en cuanto a presunta corrupción política se refiere. Es esa corrupción política contra la que Navarro Miranda insistió en luchar con actuaciones judiciales contundentes y que no se dilaten en el tiempo cuando se postuló como candidato a la Presidencia de la Audiencia Nacional.
Qué es la Audiencia Nacional y cómo funciona
La Audiencia Nacional sustituyó al anterior Tribunal de Orden Público franquista, aunque no nació con el cometido de perseguir los delitos del terrorismo etarra, muy virulento en 1977, cuando fue creada, sino para perseguir ante todo los delitos políticos. Fue un Real Decreto, también de 1977, el que asignó esa competencia al nuevo órgano central para desgajar los juicios por terrorismo de la jurisdicción militar.
Consta de cuatro salas: de lo Penal, de Apelación (para conocer todos los recursos contra las decisiones de la sala de lo Penal), de lo Contencioso Administrativo y de lo Social. Cada Sala cuenta con sus juzgados centrales.
La Sala de lo Penal conoce todos los delitos contra la Corona, altas instituciones del Estado y miembros del Gobierno; los delitos financieros con repercusión en la economía nacional, el narcotráfico y el crimen organizado, los fraudes alimentarios y farmacéuticos. Igualmente, las cesiones de jurisdicción en materia penal resultantes del cumplimiento de tratados internacionales, y los procedimientos para ejecutar órdenes europeas de detención y extradiciones. Cuenta con cuatro secciones.
En la Sala de lo Contencioso Administrativo se conocen los recursos contra disposiciones y actos de ministros y secretarios de Estado, y contra los actos dictados por la comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. Asimismo, resuelve los recursos contra resoluciones de los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Económico Administrativo central. Cuenta con ocho secciones.
La Sala de lo Social conoce de los procesos de impugnación de los convenios colectivos cuyo ámbito de aplicación abarque más de una comunidad autónoma, y de los procesos por conflictos de convenios colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en más de una comunidad autónoma.
Además cuenta con una Sala de Gobierno formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las Salas y el magistrado más antiguo y más reciente de cada una, para resolver los incidentes de recusación del presidente, de los presidentes de salas o de más de dos magistrados de cada sala.
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