Dicen las malas lenguas que lo ocurrido en la Casa Siliuto situada en el castizo barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, guarda más de un parecido razonable con lo que por aquellas fechas tuvo lugar en la playa de Las Teresitas y su sonado caso de presunta corrupción política, tildado de “pelotazo de libro” por la Fiscalía Anticorrupción. Un baile de tasaciones de las que finalmente se escoge, curiosamente, la que peor resulta para los intereses municipales. Por supuesto, en este caso las cantidades fueron bastante menores pero para compensar, casi todos los nombres involucrados son los mismos: los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia o el exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes. Los dos primeros permanecen como condenados dentro del caso Mamotreto y el primero y tercero están acusados en el caso Las Teresitas por hechos que también tuvieron lugar durante estos años en los que el exalcalde Miguel Zerolo gobernaba Santa Cruz de una forma que los tribunales han cuestionado abiertamente.
La lista de acusados coincide con los miembros que conformaban el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo a finales del año 2002, momento en el que se abordó la adquisición de esta casona integrada en un ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Así tenemos al entonces interventor de Urbanismo, José Luis Roca, el exgerente José Tomás Martín y el exconcejal socialista José Luis Martín. Todos ellos relacionados con la causa penal de la principal playa de la capital tinerfeña.
En aquellos momentos Coalición Canaria (CC) también tenía como representantes en el organismo autónomo a los concejales Basilio Franco, actual comisario de la Policía Nacional, el entonces concejal de Cultura, Juan Antonio Rodríguez, el ya fallecido Antonio Covas y Dámaso Arteaga, que repite en este mandato como concejal de Infraestructuras y Servicios del grupo municipal encabezado por José Manuel Bermúdez. Por el Partido Popular (PP) ejercía la representación en este organismo María José Gutiérrez Pajarón y por el Mixto, David Sanz. Aparecen también en el listado los técnicos Epifanio Gómez y Loreto Ariz, actualmente condenados dentro del caso mamotreto, una hijuela de Las Teresitas.
No es extraño que muchos de los nombres de esta causa y de la compra de la casa Siliuto, también conocida como de Lázaro, coincidan ya que ambas operaciones se llevaron a cabo en el mismo mandato que abarcó de los años 1999 a 2003. En concreto, la adquisición del frente de la playa por parte del Ayuntamiento se cerró en 2001, mientras que la de la casa Siliuto fue acordada por el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo el 3 de diciembre de 2002 y el contrato se firmó en febrero de 2003. Durante todo este tiempo Parejo había dejado de ser concejal de Urbanismo y fue sustituido por Plasencia.
A lo largo del procedimiento judicial que se inició en el año 2011 también fueron llamados a comparecer en calidad de testigos los antiguos dueños de la casa, Francisco y Carmen Alonso Siliuto. En aquel entonces la denuncia fue presentada por los abogados José Pérez Ventura, de Izquierda Unida Canaria (IUC), y Felipe Campos, por un lado y el también concejal de Sí Se Puede Pedro Arcila por otro, aunque con el tiempo este último acabaría renunciando a su personación.
Poco después la fiscal jefe, Carmen Almendral, presentó su propia denuncia y la remitió a los juzgados para que comenzara la instrucción. El grueso de esta causa penal apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender la Fiscalía que los responsables de la Gerencia compraron la casa por 188.000 euros por encima de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo la legislación en la que se determina que este pago debe ser asumido por los vendedores.
Pero además los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, 332.500 euros. No se le hizo caso a esta valoración, al igual que ocurrió con la de Pía Oramas en el caso de Las Teresitas. Hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos del frente de la playa, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros.
En el expediente los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. Además, se justificó la significativa variación de precios ante la imposibilidad de establecer parámetros catastrales fiables en este entorno. El Ayuntamiento compró el edificio para que albergase la Casa de la Juventud, y efectivamente tras permanecer en estado de absoluto abandono durante años hace algún tiempo que comenzaron las obras para adaptarlo a estas funciones. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad que suma alrededor de trescientos metros cuadrados.
A principios del pasado verano el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife dio vía libre a la apertura del juicio oral. En un auto con fecha de 10 de junio, la juez María de los Ángeles Zabala concluye con que efectivamente los hechos investigados durante cuatro años “pudieran ser constitutivos de delito”. Finalizada la instrucción, la magistrada ha abierto la fase intermedia previa a la vista que probablemente tenga lugar el próximo año.
En el auto suscrito por la juez se llama la atención sobre el hecho de que el precio fijado superó en 280.000 euros al determinado por los técnicos municipales. Considera que Plasencia fue designado por parte del Ayuntamiento para suscribir todo lo referente a la documentación, especialmente escrituras, contratos y actas de ocupación. Por lo tanto se le atribuye un papel fundamental en la operación.
Entre los hechos denunciados por Ventura y Campos está, por ejemplo, que el crédito se retuvo antes de la reunión del Consejo de Urbanismo en el que se aprobó la compra. O la ausencia en aquel entonces de un Plan Especial en vigor que determinara que este inmueble podía ser destinado a equipamiento comunitario. Pero además, al estar situado sobre suelo urbano no consolidado, el propietario estaba obligado a ceder al Ayuntamiento la superficie necesaria para llevar a cabo la ordenación urbanística para los viales, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y espacios públicos. Otro tanto ocurriría con las dotaciones culturales y docentes y el suelo preciso para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos previstos y para la ejecución de los sistemas generales. La acusación consideró que al situarse la Casa en un entorno protegido era preciso contar con un informe emitido por el Estado o la administración autonómica competente en Patrimonio Histórico.
Arcila, por su parte, tachó de “sorprendente” que ante la disparidad de valoraciones no hubiera un control municipal sobre la elaborada por Tinsa, lo que considera que habría sido lo procedente a fin de defender los intereses públicos. Sin embargo, el concejal indica que “bien al contrario, el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, obvia el informe de los técnicos municipales y utiliza como excusa el de Tinsa para avalar la oferta de los vendedores”. Arcila llama la atención sobre el hecho de que la tasación asumida prácticamente duplica a la consignada en el informe municipal.
El abogado concluye con la sospecha de que el interés municipal “no sólo se ha visto lesionado con este proceder de la Administración sino que además desde la fecha de la adquisición hasta la presentación de la denuncia e incluso después, el edificio permaneció absolutamente vacío, a pesar de haberse invertido cantidades que no correspondían a la realidad si atendiéramos al criterio de los técnicos”.
Durante el turno de declaraciones, Parejo se defendió de las acusaciones indicando que carecía de conocimientos jurídicos en Derecho administrativo y urbanístico y que no participó en la elaboración del expediente. Igualmente, aseguró que no tomó ninguna decisión que tuviera que ver con el encargo de las tasaciones a los técnicos o a una empresa externa.
Negó que tuviese relación alguna con la familia Siliuto y dijo que no participó en las negociaciones, simplemente votó a favor de la compra al ser miembro del Consejo, porque así lo determinaban los informes favorables del secretario y el interventor. Pero en general durante toda su declaración Parejo argumentó que no recordaba nada relacionado con esta operación y que no había tenido que ver con la misma.
Plasencia por su parte, admitió que antes de votar conocía estos informes pero desconocía todo lo relacionado con el expediente. Consideró en aquel entonces que la valoración había sido ajustada por el vendedor y dijo que votó a favor porque entendió que todo estaba correcto. Nunca se le advirtió sobre una posible ilegalidad, ni se impuso reparo alguno, aseguró.
El exconcejal Basilio Franco Guerra también defendió que no tenía conocimientos del procedimiento, ni participó en la adquisición de la casona, ni en la elaboración de la escritura y tan sólo leyó la parte dispositiva del expediente. Argumentó que sabía que se iba a dedicar a Casa de la Juventud y poco más.
El entonces concejal de Cultura, Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, declaró casi exactamente lo mismo e incluso dijo que ni siquiera estaba al tanto de los valores culturales y patrimoniales del inmueble. En cuanto a Dámaso Arteaga lo más que se pudo obtener de su declaración es que le habían garantizado que la cantidad a abonar guardaba “la debida proporción o razonabilidad ante los fines perseguidos”. Lo que sí señaló es que ahora como concejal de Obras había emprendido la rehabilitación del inmueble por un presupuesto cercano al millón de euros, aunque en realidad al final asciende a unos 150.000 euros menos.
El resto de declaraciones de los imputados fue similar. Ninguno recordaba gran cosa pero sabían que no se impuso ningún reparo, ni se planteó un informe negativo, con lo cual votaron a favor de la compra. Por su parte, Víctor Reyes se negó a declarar. Sobre el acusado durante algunos meses planeó la duda de si su participación en los hechos había prescrito pero finalmente se mantuvo lo contrario. De hecho, se le considera junto a Plasencia uno de los principales protagonistas de este caso.
La juez por lo menos le apunta con el dedo al considerarlo responsable de los informes y propuestas que resultaron contrarios a las normas del Régimen Local. La magistrada subraya que se dejaron de pagar las plusvalías y que en definitiva se facilitó que se adoptaran acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico. En definitiva concluye con que se benefició “a unos particulares en detrimento del interés público y por ende del caudal económico del Ayuntamiento”.
Con posterioridad Plasencia, a través de su abogado, Eligio Hernández, se lamentaría de que se estaba ante “un nuevo intento de criminalización de la actividad administrativa promovido diez años después de acaecidos los hechos por letrados que se han convertido en inquisidores generales en materia de urbanismo”. También se alegó que los juicios paralelos en los medios de comunicación daban lugar a una estigmatización sobre los imputados que era imposible de borrar en el resto de sus vidas.
Obras de rehabilitación
Hace algo más de un año el Ayuntamiento formalizó con el Cabildo de Tenerife un convenio de colaboración para financiar la rehabilitación de la Casa Siliuto. De esta manera, la Corporación local logró de la insular una aportación del 60% del presupuesto, que se cifra en algo más de 750.000 euros.
La información emitida entonces recogía que una vez que sea inaugurada la ciudad contará con un espacio de carácter abierto, donde la población joven –en el segmento comprendido entre 14 y 35 años de edad– podrá participar y recibir información, convirtiéndose además en un punto de encuentro para el desarrollo de la creatividad. Se pretende favorecer y canalizar las iniciativas individuales y colectivas de la juventud y para ello se contará con una sala de grabación, mediateca, sala de reuniones y servicio de información. Un objetivo fundamental es impulsar la dinamización de El Toscal. Un barrio histórico de la ciudad, cuyo nacimiento y desarrollo transcurrió al abrigo de su Puerto, sin el que probablemente no sería hoy capital de la Isla y de Canarias. El valor patrimonial del conjunto justificó su declaración como BIC en 2007. En la actualidad y después de años de tiras y aflojas ya se cuenta con un Plan Especial de Protección, pese a que en general ya poco se puede recuperar del antiguo barrio ante el elevado nivel de deterioro.