Son muchos los indicadores que durante años han encendido la luz de alarma sobre la necesidad de paliar de forma urgente la pobreza y exclusión social en Canarias sin que la nueva Ley de Servicios Sociales viera la luz pese a que tanto el presidente Fernando Clavijo en su investidura como la que fue su vicepresidenta, Patricia Hernández, se comprometieran a que ese texto iba a estar listo a finales de 2015. Ahora, con la Ley recién enviada al Parlamento, el propio jefe del Ejecutivo ha reconocido que la misma no va a solucionar un problema que en Canarias es crónico. Como tampoco lo solucionó la Estrategia frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a Favor del Desarrollo Humano aprobada en 2013.
La reciente historia de Canarias demuestra que el problema de la pobreza en las Islas no se va a resolver repartiendo ayudas-parche a una parte ínfima de la población que realmente las necesita. Ya existió un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias hace cuatro años y el que se va a celebrar este 31 de octubre en la Cámara regional por convocatoria de la oposición también será un fracaso si el ADN del Gobierno en minoría de Clavijo no asume, realmente y de una vez por todas, que hay que cambiar el modelo productivo del Archipiélago. Un modelo caduco y desfasado para el siglo XXI basado en precariedad, bajos salarios y nefasta productividad.
En 2016, el mismo día que el director de Cáritas Diocesana de Las Palmas, Gonzalo Marrero, advertía del incremento de personas en exclusión social que viven en la calle en las Islas, el presidente Clavijo aseguraba en un foro público que los datos de desempleo y pobreza “siguen siendo preocupantes” y que, por tanto, “sigue quedando mucho por hacer para superar las secuelas” de una crisis de la que, para el jefe del Ejecutivo, ya había pasado lo peor.
Una afirmación que indignó a Marrero al asegurar que cualquiera que dijera que la crisis había remitido estaba mintiendo, pues Cáritas cada vez atendía a más “trabajadores pobres a quienes contratan para un restaurante un fin de semana” y que, además, el rostro de la pobreza en Canarias “es mujer, entre 29 y 45 años, sola, con uno o dos niños a su cargo”.
Pero dijo más: mirando a los primeros presupuestos de la Era Clavijo “la conclusión es clara, no es la prioridad del Gobierno el incorporar a las personas en situación de exclusión social”, alertando a los ciudadanos de que deben “mirar lo que los políticos plasman en los presupuestos, no lo que dicen en una declaración”.
Y es que de declaraciones sin ficha financiera ni dinero presupuestado está llena la lucha en Canarias contra la pobreza.
En julio de 2013, sólo la mitad del total de 60 diputados se quedaron a votar la Estrategia del Gobierno de Canarias frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a Favor del Desarrollo Humano, imagen que demostró hasta qué punto a los parlamentarios les preocupaba realmente uno de los problemas más graves que tiene incrustado el Archipiélago.
Las grandes ausencias las encabezó el entonces presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que asistió a los funerales de las víctimas del accidente ferroviario que hubo en Galicia; seguido por el secretario regional del PP, que estaba en La Palma con José Manuel Soria; el portavoz de CC, José Miguel Barragán, que fue a un acto de CC en Venezuela; o el portavoz del PSOE, Manuel Fajardo, que salió corriendo antes de la votación final porque perdía el avión para Lanzarote.
Y a punto estuvo la situación de ser esperpéntica, pues hasta la mismísima consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, fue invitada a quedarse en el pleno por la entonces secretaria del Grupo Nacionalista, Nuria Herrera, cuando se iba también escopeteada para Lanzarote, lo que hubiera sido la noticia del día: que no se hubiera quedado a la votación de su propio plan contra la pobreza.
Fraude social y paripé
Esa Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano contaba con un presupuesto de 190 millones de euros, en la que el Gobierno destinaba a la atención a la emergencia social un crédito adicional de 6 millones de euros, se ampliaba el presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con un crédito adicional de 11,5 millones de euros para el periodo 2013-2015 y modificaba la ley que la regula para ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispusieran de recursos económicos, para simplificar el procedimiento y para incrementar la protección de las familias con menores a su cargo.
Un documento que desde la oposición (PP y NC) se calificó de “un fraude social” a los canarios “y un paripé”, mientras que portavoces de Stop Desahucios, la Red Feminista de Gran Canaria, Cáritas y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas denunciaron que el plan del Ejecutivo canario “prima el desarrollo empresarial”, previendo una partida de 80 millones de euros para incentivar esta actividad, mientras que destina tan solo 11,5 a la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Por no gustar, no gustaba ni a los propios partidos que sustentaban al Gobierno. Así la portavoz socialista en aquel debate, Rosa Guadalupe Jerez, asumió que era “insuficiente”, pero que “desde mi pequeña opinión, peor sería haber pasado de puntillas. Menos es nada”.Y aún más: “No me gusta la evaluación del Plan y no queda clara como se va a llevar. No es la ficha financiera que nos gustaría”, insistió la portavoz socialista.
Un Plan del que la nacionalista Flora Marrero dijo que “aunque sea insuficiente” sirve para “dar la cara frente a quienes lo están pasando mal” y salir a la calle con “la frente alta sabiendo que estamos haciendo algo”.
“Es un documento ampliable. Y si es insuficiente, tendremos que seguir dando pasos para conseguir la igualdad de oportunidades”, aseguró desde el estrado.
Así que hubo unanimidad en el diagnóstico parlamentario sobre la Estrategia contra la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015: era insuficiente. Los matices ente Gobierno y oposición se centraron en que mientras para el primero “menos es nada” para PP y NC “para este viaje no se necesitan estas alforjas”.
Repasando la transcripción de ese trascendente debate de hace cuatro años, se confirma que estuvo marcado entre el negativismo fatalista de la oposición y el posibilismo conformista de los socios del Gobierno que presidía Rivero frente a unos datos que eran alarmantes.
Pues el propio Ejecutivo regional reconocía que había 35.150 hogares sin ingresos de ningún tipo. Con un 18% de familias con todos sus miembros en paro en una región en la que el 63% de los parados tienen más de un año de antigüedad y un 40% más de dos años.
Una situación que socialistas y nacionalistas achacaron al Gobierno central de Mariano Rajoy, el Grupo Popular al maniroterismo de Rodríguez Zapatero y su herencia y el Mixto tanto al Ejecutivo estatal como al canario, que ha seguido a rajatabla el austericidio dictado desde Bruselas y Madrid.
A rastras y trompicones
Y frente a esa realidad, un plan que debería afrontar el drama de enfrentarse a un 38,2% de pobreza y que, para el portavoz de NC, Román Rodríguez, llegó “a rastras y a trompicones” al Parlamento después de que los socios del Pacto rechazaran el que cuatro meses antes presentó su formación política, por lo que “es un quiero y no puedo”.
Rodríguez negó, además, que existieran 190,9 millones para la atención de las personas en riesgo de exclusión, ya que 80 millones del plan están asociados al programa Jeremie y a los parques tecnológicos, por lo que conminó al Ejecutivo a “quitar” todo aquello que “no tiene que ver con la atención de las familias”.
Una estrategia que, para la conservadora Milagros Bethencourt, era un “paripé” montado con una ficha financiera de 190,9 millones de euros “ficticios”, que carga gran parte del mismo en los ayuntamientos y ONGs y que, además, “genera expectativas que no se van a poder cumplir”.
Y debían tener razón los críticos, porque tan solo un año después, la propia Rojas alertó en sede parlamentaria sobre el riesgo de que la pobreza severa “se cronifique” en Canarias con un escenario “muy difícil”: “nos podemos encontrar con una sociedad estructurada en hasta tres polos: el de quienes trabajan, quienes no lo hacen y quienes trabajan pero no con un empleo digno sino todo lo contrario, un empleo que se aproxima más a una renta mínima que a un salario”, dijo Rojas.
Y lo dijo la misma controvertida persona que apenas unos meses antes había asegurado que se había “tocado techo” en el nivel de pobreza, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara que Canarias era la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza de España, valorando que los datos no colocaran en la última posición a las Islas, donde el 28,4% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, tras Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
En febrero de 2015 Rojas tuvo que reconocer que pese a su Estrategia, aún había “niveles insostenibles” de pobreza en las Islas, por lo que apelaba a la creación de empleo como “única forma” para salir de la situación, pues las ayudas públicas “nunca” bajarían la tasa de pobreza, ya que una persona “con 400 o 500 euros seguirá siendo pobre”.
Paliar, no acabar
“La estrategia no se hizo para acabar con la pobreza sino para paliarla, no se le puede dar una prestación a las 300.000 familias que están en desempleo porque Canarias es una de las comunidades más pobres, pero lo que sí se ha hecho es mantener la cohesión social. No podemos atender a todos los que lo necesitan. Es imposible. Pero sí a los que más lo necesitan y eso es lo que venimos haciendo estos últimos años”, aseguró Rojas en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento.
Tuvo que ser Néstor Hernández, el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza nombrado por el Gobierno del Pacto CC-PSOE cuando la socialista Patricia Hernández era vicepresidenta y consejera del área, quien pusiera el dedo en la llaga al asegurar en un informe hecho público en agosto de 2016 que la pobreza en Canarias no es un problema coyuntural consecuencia de la crisis económica, sino que se trata de una situación estructural derivada del modelo productivo, con bajos niveles de ingresos, rentas, gastos y también de productividad.
El documento desarrollaba un recorrido por los factores que inciden en la pobreza y la desigualdad y entre sus conclusiones destacaba que si bien el desempleo tiene una fuerte influencia sobre la pobreza, en la actualidad el trabajo no es garantía de seguridad para alejarse de ella, pues los hogares pobres con ocupados han aumentado a ritmos elevados, lo que da cuenta del fenómeno de la pobreza laboral.
“En definitiva, se podría concluir que el crecimiento económico por si solo no pondrá fin a la pobreza y la exclusión, debiendo abordarse el cambio en el modelo productivo y la distribución justa de las rentas del trabajo y de los esfuerzos fiscales”, concluía el comisionado el día en que presentó públicamente el informe.
Y así llegamos al 16 de octubre de 2017, cuando el VII informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) certifica que, pese a las estrategias de los distintos gobiernos autonómicos en los últimos cuatro años, Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa del 44,6% de la población, que duplica la media de la Unión Europea (23%).
Apenas una semana después, el periódico Diario de Avisos desvelaba el diagnóstico elaborado por profesores e investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), coordinado por David Padrón, advirtiendo de que Canarias no abandonará la cola de España en pobreza y exclusión social, así como el riesgo de padecerla, si no corrige los bajos salarios, la precariedad laboral en general y la baja productividad, como ya avisaba un año antes el comisionado Hernández.
Y es que, según los autores del estudio, “el debate sobre la desigualdad distributiva y la incidencia de la pobreza en Canarias carece de sentido si no se enmarca en el ámbito más amplio del modelo económico”.
Así que el pleno extraordinario del Parlamento para abordar el severo problema de la pobreza puede quedar en nada, como el de 2013, o ser el aldabonazo necesario para acabar con la lacra social incrustada en Canarias. Y eso solo depende de que Clavijo, de verdad, se lo crea.