La educación presenta en Canarias déficit y retrasos si la comparamos con el conjunto del Estado español y de la Unión Europea. La crisis económica y las políticas de austeridad y recortes impuestas han supuesto un nuevo obstáculo para nuestro acercamiento a las medias estatales, aunque es cierto que hemos mejorado significativamente en relación al abandono escolar temprano, donde ya estamos por debajo de la media española. En las vísperas del nuevo curso escolar hablamos con Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, sobre problemas, objetivos, programas y propuestas en torno al sistema educativo de las Islas. La consejera asegura que se está desarrollando la Ley Canaria de Educación, aunque entiende que los compromisos presupuestarios de la misma son difíciles de alcanzar.
Dentro de un panorama presupuestario aún complicado, ha sido un importante aporte para el sistema educativo canario la aprobación en el pasado mes de julio de la Ley de Crédito Extraordinario, fruto de unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 (de forma más precisa, para su segunda mitad) en los que Canarias salió mucho mejor parada que en los años anteriores…
En efecto, en el Crédito se recoge una partida importante dedicada a capítulo I, a personal. Influirá positivamente en asuntos como las sustituciones, para evitar situaciones de bajas que se alargan en el tiempo y que eso suponga que tengan que asumir las tareas el resto del profesorado. Nos va a permitir agilizar al máximo el proceso de sustitución del docente. Y otra parte está destinada a nuevo profesorado que se incorpora para la realización de distintos proyectos, como el Impulsa, que está dentro del Plan de Atención a la Diversidad y que va dirigido al alumnado de Infantil y de primero y segundo de Primaria, con la atención temprana y la detección de posibles necesidades educativa especiales; fundamentalmente centrado en las competencias matemáticas y lingüísticas. Se trata de responder a una demanda importante de profesorado y de las familias. Son 258 docentes –de los que unos 180 suponen nuevas contrataciones- que actuarán en 225 centros. Además, se produce un incremento en el capítulo I que tiene que ver, dentro del Plan de Atención a la Diversidad, con el profesorado de audición y lenguaje, así como para reforzar los equipos de orientación e incorporar terapeutas ocupacionales; esta última figura solo la teníamos en un centro de educación especial de los catorce con que contamos y la idea es extenderlo a cada centro.
¿Esas incorporaciones suponen una situación óptima o una mejora que hay que seguir incrementando?
Supone avanzar en el camino que nos hemos marcado, pero estamos aún lejos de una situación óptima. Son medidas que desarrollan la Ley Canaria de Educación, que planteaba el desarrollo de nueve planes. Uno de ellos es del de la atención a la diversidad que hemos refundido con el de abandono escolar. Está planteado a tres años.
¿Y también han pensado en incorporar a los centros educativos la figura de los trabajadores sociales?
La figura del trabajador social existe, no dentro del centro sino formando parte de los equipos de orientación. Lo que sí vamos a incluir también a partir de este próximo curso 2017/2018 son los educadores sociales, figura demandada y en la que ya contamos con experiencias en proyectos que viene haciendo otras instituciones con los centros escolares. Por ejemplo lo viene haciendo San Bartolomé de Tirajana, fundamentalmente en temas vinculados con la convivencia. En Tenerife hay otra experiencia similar con su Cabildo. Pero ahora los incorporamos desde la Consejería, inicialmente unos 36 educadores sociales a partir de este mes de septiembre, distribuidos entre las islas y trabajando de forma comarcal. Respecto al profesional de enfermería, que ha incorporado algunas comunidades, nosotros estamos trabajando este asunto con Sanidad. En aquellos centros donde hay alumnado que requiera una atención puntual estar coordinados con el centro de salud más cercano para que se atienda esta circunstancia.
La Ley Canaria de Educación fue aprobada por una amplia mayoría del Parlamento y se trata, además, de una ley de iniciativa popular. ¿Se está desarrollando en todas sus consecuencias?
Sí. Hay una parte que es el desarrollo a través de los nueve planes establecidos. Tenemos ocho ya informados en el Gobierno y que hemos trasladado al Consejo Escolar de Canarias para su análisis y aportaciones. Tras ese trámite serán definitivamente aprobados en el Gobierno con la ficha financiera correspondiente. Entre otros, el Plan de Reconocimiento social y profesional del profesorado (que incluye el reconocimiento de los sexenios, pero que va mucho más allá que eso), el Plan de modernización tecnológica (actualizando todo el equipamiento de las aulas Medusa, renovando unos diez mil ordenadores e incorporando tabletas y pizarras digitales o impresores 3D). Luego está el Plan de Atención a la Diversidad y contra el abandono escolar, con una serie de medidas para atender al alumnado con necesidades de apoyo educativo; el Plan de Igualdad, incluye todo lo referido a la violencia de género y en el que estamos preparando además un protocolo para la adecuada atención de alumnos transexuales. Plan de revitalización de las residencias escolares…
Eso supondrá un esfuerzo económico en los próximos años para continuar superando los déficit que aún presenta el sistema…
Sí. Como sabe, la Ley contiene un compromiso: el de conseguir que en el 2022 el presupuesto de Educación de la Comunidad Canaria suponga el 5% del PIB. Llevamos un retraso en la consecución de ese objetivo por los años en que el presupuesto no solo no creció, sino que incluso se redujo. Alcanzar ese objetivo está siendo difícil.
Volviendo al Crédito Extraordinario y en relación con la Ley Canaria de Educación, se incluye una partida para la educación 0-3 años.
Ese es el Plan que aún tenemos pendiente. No contábamos con su aplicación este próximo curso escolar, pero tras la aprobación del Crédito Extraordinario disponemos de 3,5 millones de euros que habrá que ver cómo los utilizamos. Habrá que reformular el Plan para dar continuidad a este tema en el próximo período. Una opción es aportar directamente a los ayuntamientos, como se hizo en el pasado. O la de crear plazas que aumenten la actual cobertura del 32%, muy dispar en los diferentes ámbitos territoriales; incluso incorporando 0-3 en aquellos centros educativos que vayan disponiendo de espacios.
Habría también que hacer un esfuerzo en la reducción de las ratios en el conjunto del sistema.
Está claro. De hecho es una demanda muy generalizada del profesorado la bajada de las ratios. Y la comparto. Pero eso supone incrementar las contrataciones. La diversidad dentro de las aulas nos ha llevado, como he señalado, a contratar a más profesorado de apoyo y eso mejora las condiciones; pero además hay que bajar las ratios. Lo hemos hecho en estos dos últimos cursos puntualmente, por ejemplo en los grupos mezcla, o alumnado de infantil (3-5 años). No hay que olvidar que en 2012 con el decreto de restricciones y racionalización, hubo un recorte de 500 docentes y un incremento de las horas.
Este año no habrá, al fin, oposiciones docentes…
En ese tema hubo limitaciones hasta el año pasado. Este año las quitaron, pero ya no daba tiempo de realizar las convocatorias. Nosotros queríamos hacerlas en Primaria, pero faltaba que el Ministerio dijera el porcentaje de plazas que se podían sacar. Eso o se hace en la ley de presupuestos del Estado, que los avatares políticos hicieron que se aprobara en el pasado mes de junio. Cuando normalmente la tienes en diciembre. O con un real decreto en el que se estableciera la tasa de cobertura. Ninguna de las dos cosas se produjo en tiempo, por tanto las oposiciones quedarán desplazadas para 2018, cuando corresponde Secundaria, aunque igual también sacamos alguna de Primaria de Inglés.
Hay razonadas quejas sobre la segunda lengua, te ofrecen Alemán durante la ESO y luego llegas al Bachillerato y no puedes continuar…
Hay muchas dificultades con el tema de implantar un sistema bilingüe en Canarias, que es nuestro objetivo. Lo planteamos a largo plazo porque hay que ser conscientes de la realidad. La mayor dificultad es contar con profesorado que pueda impartirlos. Cuando nos proponemos un sistema bilingüe en las Islas no solo hay que implantarlo progresivamente en los centros sino formar al profesorado correspondiente; y ahí hay que hacer un gran esfuerzo, de motivación, de incentivación y de recursos, como estancias en el extranjero o distintas posibilidades para formarse en Canarias. Hace unas semanas sacamos una convocatoria con distintos itinerarios para que el profesorado tenga diversas opciones para conseguir la certificación necesaria para poder impartir sus materias en inglés, fundamentalmente. Sin olvidar el francés o el alemán, idiomas a los que también debemos dar respuestas. Y también disponemos de la figura de los auxiliares de conversación que juega un papel clave en el acompañamiento al docente y al alumnado. Hemos recuperado esa figura del auxiliar de conversación que había desaparecido hace algunos años por un conflicto laboral. En este asunto hay aportación del Estado y nosotros hemos incrementado las partidas en Canarias.
Se muestra usted tan satisfecha como prudente respecto a la reducción que se ha producido en las tasas de abandono escolar, por debajo de la media estatal…
Es un buen dato, que hay que seguir mejorando. Las razones por las que estamos reduciendo esas tasas las tenemos que localizar, para continuar mejorando y conseguir no solo el 15%, sino lo menos posible. Y para que no dependa de coyunturas, como la crisis económica, y se vuelva a las aulas solo cuando no hay trabajo. Ahora que la economía mejora no podemos cometer los errores del pasado que llevaron a muchos jóvenes a renunciar a su formación.
En ese sentido, considera que se dan suficientes respuestas desde la FP a esas demandas de los jóvenes…
Ese es uno de los grandes retos. Ser capaces de conectar la demanda del alumnado (y no solo de los jóvenes) con la realidad del mercado de trabajo y la oferta educativa. Siendo capaces de diversificar la oferta, contando con el reciclaje del profesorado, de afrontar cambios y sustituir ciclos agotados por otros con futuro, con un modelo flexible. Queremos incrementar la oferta de formación dual, que todavía en Canarias no es muy significativa, y para ello es clave la implicación de las empresas. Sobre todo cuando queremos unir la oferta educativa con la demanda del mercado de trabajo.
Eso también implica cambios de mentalidad en el conjunto de la sociedad con relación al aprecio a las distintas familias profesionales.
En algunas familias cambia de manera muy notoria. Por ejemplo, en las familias de Hostelería el tema de Cocina, que antes no era tan demandado, hoy lo es y mucho…
Masterchef y programas similares pueden estar influyendo…
En efecto. Hoy ser cocinero parece que cuenta con un mayor prestigio social y, sea por determinados programas televisivos o por otras razones, la demanda es muy alta. Probablemente se trate de poner en valor a determinadas profesiones hoy no tan exigidas por el alumnado. En la rama sanitaria nunca hay oferta suficiente para cubrir la demanda que tenemos; sí la demanda del mercado en las islas, tanto a nivel universitario como de FP.
¿Se cuenta con datos sobre la incorporación o no al mercado del trabajo de los jóvenes que culminan sus estudios de Formación Profesional en las Islas?
Eso se encuentra en el OBECAN como dato hace bien poco. Ahí es muy importante la puesta en marcha del proyecto Enlaza que trabaja en la vinculación entre educación y empleo. Las dos consejerías, Educación y Empleo, que desde siempre han funcionado de forma paralela lo hacen ahora conjuntamente, porque por una lado tenemos la FP de Educación y por otro la formación para el empleo que suponen los certificados de profesionalidad, que tienen la validez del mercado laboral, no la homologación de educación. Estamos viendo de qué manera quien tiene un certificado de profesionalidad qué competencias precisa para conseguir el título de FP o alguien que tiene el título de FP cómo puede conseguir un certificado concreto del catálogo y, además, cómo definir bien la acreditación por competencias, para todas esas personas que no han tenido la posibilidad de sacar un título.
¿El PEMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) ofrece suficientes instrumentos a los jóvenes?
Lo que está claro es que gracias a él, mucho alumnado con distintas circunstancias, mediante un currículo adaptado, consigue que se den respuestas a sus necesidades. Son programas que hemos ampliado. La ley lo establecía en unos niveles de Secundaria y aquí se amplió. Considero que los resultados son positivos.
Cuando en PISA se habla de éxito escolar se relaciona estrechamente a este con la situación socioeconómica de las familias, que en Canarias presenta graves problemas, por los niveles de paro y pobreza. Da la impresión de que no se prioriza lo suficiente en las Islas ni en la educación ni en la superación de las desigualdades sociales…
Puede ser una percepción, pero no es lo que puede pensar una cuando tiene la responsabilidad de estar al frente de este departamento. No tengo otra prioridad y entiendo que este Gobierno lo demuestra en el Debate del Estado de la Nacionalidad, donde las medidas de mayor calado han sido las vinculadas con la Educación. Con recursos, además. En el primero, con la recuperación de la gratuidad de los libros de texto (y que al final del proceso, cubrirá más de cien mil alumnos, favoreciendo a las rentas más bajas) y en el más reciente, de este año, con las propuesta en materia de idiomas. También respecto a las becas universitarias hemos mantenido las cuantías. Y hemos adelantado los pagos, lo que es muy importante, sobre todo para los que se trasladan de isla y tienen que abonar un alquiler; y el dinero sobrante lo revertimos en revisión de los tramos para que pueda llegar a más alumnado. También reforzando el apoyo para los billetes al alumnado de islas no capitalinas. Respecto a los comedores, que empezó siendo un servicio de conciliación de la vida laboral con la familiar, pero que hoy tiene una dimensión educativa, hemos revisado las cuotas y ahora vamos a dividir la cuota B en dos grupos.
Recientemente ustedes han modificado el sistema de contratación en los comedores escolares…
En efecto y de acuerdo con lo que señala el informe de la Audiencia de Cuentas. La parte de la contratación que tiene que ver con el procedimiento debe atender lo que estipula la ley de contratos estatal y se hace de forma centralizada por parte de la Consejería, con una licitación de todos los comedores que hay con gestión contratada, por lotes. Al final, para cada centro saldrán dos o tres empresas, y de ellas el centro elige una. Es muy difícil que los centros pudieran hacer un proceso de licitación como el que requiere la ley.
¿Y hay hueco para realizar una gestión directa?
Los comedores son servicios complementarios asumidos por las familias y subvencionados por el Gobierno. La realidad es que hoy son un espacio fundamental de convivencia, educativos, donde se aprende, y que tenemos que afrontar con garantías para el alumnado, las familias y el personal que desarrolla funciones en los mismos, así como para el centro educativo que lo gestiona. Todo ello requiere una revisión de la normativa actual, que es de 2003. En todo ese plan, hay una parte que tiene que ver con el hecho de promover que la comida se realice en el centro, porque hay una demanda clara que tiene que ver con la calidad, la proximidad de la elaboración de la comida a sus comensales. Resulta difícil de implementar, porque muchos de los comedores de los últimos años ya no cuentan con cocina propia.
Supondría infraestructuras y contrataciones…
Es verdad que hay centros que sí están en condiciones y otros que pueden adaptarlas. Además, seguimos con restricciones para incrementar el capítulo I, de personal, más allá del docente. El plan establecerá las condiciones. Hay que recordar que los ayuntamientos vienen aprobando mociones en sus plenos solicitando comedores de gestión directa. Y de ellos, de las corporaciones locales, también dependen las infraestructuras y mantenimiento de los colegios. Incluso se puede estudiar la posibilidad de que, si no individualmente, si se pueda hacer la comida en un centro y luego se distribuya en los de su zona más próxima.
Otro asunto eternamente pendiente es el de la actividades extraescolares. Se pusieron en marcha para abordar el cambio de jornada escolar a final de los años ochenta y, al final, recae en las familias, gestionadas por las AMPAs, y genera desigualdades. Hay alumnado que no está en condiciones de pagar las cuotas de las distintas actividades…
Están asumidas por las familias cien por cien. Hablar de educación y no hablar de recursos resulta imposible. Hay cosas que tiene que ver con dinero y otras con organización, simplificación administrativa… Una demanda generalizada son las infraestructuras, el Plan de Infraestructuras Educativas ayudó y los planes Sur que todavía estamos desarrollando. El alumnado baja en Infantil y Primaria en todas las islas, pero crece en Secundaria, sobre todo en las zonas turísticas. Desde que el Estado dejo de apoyar a través del Plan (cuarenta millones de euros anuales) en 2012, el nivel de infraestructuras ha estado en lo mínimo. Recuperamos unas partidas en los PGE 2017 que van a ayudar bastante, y esto puede sentar las bases para recuperar el Plan de Infraestructuras Educativas en los PGE para 2018. En ese caso, el dinero que estamos destinando a infraestructuras (unos 17 millones de euros) podía dedicarse a otras cuestiones.
En el sistema universitario de Canarias, ¿se ha resuelto su financiación?
El recorte que se sufrió en el ámbito de las universidades no lo vamos a recuperar en estos cuatro años. Lo que sí hemos recuperado es el marco de estabilidad que era lo que más demandaban nuestras universidades. En ese sentido el acuerdo firmado ya se materializó en los presupuestos de este año con una partida de dos millones de euros para infraestructuras para cada una de las dos universidades. Y el compromiso de que el crecimiento anual se corresponderá con el crecimiento del presupuesto de la Consejería de Educación o de la Comunidad Canaria. Un acuerdo vinculado a la consecución de una serie de objetivos de mejora, ajuste de titulaciones, etcétera.