Manual para confiscar una desaladora sin éxito

Montaña Roja ocupa la mitad de Playa Blanca. Cuando se llega por carretera desde Yaiza a la localidad turística del Sur de Lanzarote, de frente se ven, si el tiempo lo permite, las dunas de Corralejo. A la izquierda se vería el Castillo de Las Coloradas si no se hubieran construido tantos hoteles. El resto, todo lo que hay hacia la derecha, hasta el Faro de Pechiguera, es Montaña Roja. Este plan parcial nació en 1979 como centro de interés turístico nacional. Lo comenzaron a desarrollar unos noruegos que llamaron a su empresa Club Lanzarote. En el año 2000 adquirió todas las acciones el empresario Joaquín Cañada, que se hizo por la misma época con Montaña Rayada, en Fuerteventura, con la que consiguió, vía tribunales, que el Gobierno le pagara 33 millones de euros como indemnización. En Montaña Roja, este empresario debía buscar la misma vía, porque reclamaba en los Juzgados más de 200 millones de euros por el recorte a los derechos edificatorios que le había hecho el Plan Insular, primero, y las Directrices después. Las 25.000 camas que se eliminaron de ese plan parcial al final le costaron al Cabildo y al Gobierno poco más de seis millones, que aún se están pagando.

Cañada es un empresario balear. En Lanzarote compró el Hotel La Geria, en Puerto del Carmen, y el Natura Palace, en Playa Blanca, que tiene la licencia anulada por los tribunales. Dentro del caso Yate, uno de las causas abiertas contra la corrupción política y urbanística en la Isla de Los Volcanes, fue uno de los empresarios que nombró el ex alcalde de Yaiza (y que luego se desdijo) asegurando que le habían dado dinero para agilizar licencias. Cañada fue imputado y después desimputado.

Hace un año se aprobó el Plan General de Yaiza y con él se firmaron varios convenios, entre ellos el de Club Lanzarote. En el convenio se recogen las condiciones para que la empresa vaya entregando y el Ayuntamiento recepcionando este gigantesco plan parcial, uno de los pocos que sigue sin entregarse al municipio y donde quedan una gran cantidad de obras por hacer. Dentro de esas infraestructuras que tendrá que entregar la empresa en un plazo de cuatro años se encuentra una desaladora que abastece a unos 6.000 vecinos, una depuradora y las tuberías correspondientes. A los vecinos de Montaña Roja nunca les abasteció la empresa pública de aguas Inalsa, y tampoco lo había hecho hasta el año pasado su sucesora, Canal Gestión.

En el Plan Insular de 1991 y en el Plan Hidrológico de Lanzarote se establecía que la producción y abastecimiento de agua no podía estar en manos privadas, excepto en aquellos casos en que la red de Inalsa no llegara hasta la puerta. Ese era el caso de Montaña Roja, donde no llegaba ni aún hoy llega la red. A pesar de esa prohibición, o precisamente por eso, en la Isla hay unas sesenta o setenta desaladoras privadas, instaladas sobre todo en hoteles. La gran mayoría está en situación alegal o directamente ilegal, porque la red pública ya llega a casi todos los rincones. Inalsa dejaba de ingresar unos cinco millones de euros al año por el agua que no vendía a estos establecimientos, que estarían obligados a comprársela. Por el Cabildo y por el Consorcio de Aguas han pasado un buen número de presidentes en los últimos veinte años y ninguno ha hecho ademán de solucionar ese problema.

De todas las desaladoras privadas, la de Montaña Roja es la que abastece a más vecinos y la que más agua produce. Según el Cabildo de Lanzarote, es la única que vende agua a terceros. En septiembre de 2014 al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se le ocurrió llevar a cabo la incautación de la planta desaladora, y lo hizo sin orden judicial, alegando que había que terminar con una situación ilegal de venta de agua. La situación era la misma que en 2009, cuando él accedió a la presidencia y que en 2010 y los años siguientes, pero había cambiado un elemento. En junio de 2013, el Consorcio le entrega el ciclo integral del agua por treinta años a la empresa madrileña Canal Gestión, filial del Canal de Isabel II para que abastezca de agua a toda la Isla… menos a Montaña Roja. La desaladora llevaba años funcionando en un limbo jurídico y con unos precios más caros, pero nunca había habido problemas de desabastecimiento.

El mayor revés político

La decisión de incautar esa planta y entregársela a Canal Gestión es la más polémica que ha tomado San Ginés durante su presidencia, y es mucho decir. De momento también es el mayor revés para el presidente y la decisión que le ha salido más cara. Un juez de Arrecife le ha imputado por prevaricación y coacciones, y hace sólo unas semanas, después de un año de incautación, el Cabildo ha devuelto la planta a sus dueños por orden judicial, porque la empresa inició varios frentes judiciales y, de momento, los ha ganado todos.

Por una parte, pidió la devolución, por otra solicitó que se paralizasen de forma cautelar las obras que llevaba a cabo Canal Gestión para que la red llegara hasta esa zona del Sur y por otra denunció por la vía penal a San Ginés y a los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua. A estas alturas, la lista de imputados llega ya a cinco, después de que el juez decidiera imputar al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo y al asesor y amigo íntimo del presidente, el abogado Ignacio Calatayud, que se revela como unos de los personajes clave de todo este lío.

Para entender bien el papel de Calatayud hay que hacer una pequeña introducción de la historia reciente de la gestión del agua en Lanzarote. Insular de Aguas de Lanzarote SA (Inalsa) era la empresa que creó el Consorcio Insular del Agua (formado por el Cabildo con el 60% y los siete ayuntamientos, con el resto). En 2009 Inalsa entra en concurso de acreedores con una deuda de 38 millones de euros después de una nefasta gestión durante años y de ser uno de los epicentros de la corrupción insular. La gota que colmó el vaso y llevó a la quiebra a la empresa fue el laudo arbitral que dictó la Cámara de Comercio de Las Palmas obligando a pagar 12 millones de euros a la empresa FCC, a quien Dimas Martín, líder fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) e histórico presidente del Cabildo y alcalde de Teguise condenado a varias penas de prisión, había encargado que construyera una planta desaladora en Janubio para abastecer al Sur de la Isla. Cuando Dimas entra en la cárcel y Mario Pérez, de CC, se queda como presidente accidental del Cabildo, en el año 2004, ordena que se anule el contrato que estaba sujeto al arbitrio de la Cámara, que falla a favor de la empresa.

El concurso se declara a mitad del año 2009. Son los últimos meses de gobierno del PSOE en el Cabildo, que poco después expulsará al PIL por la operación anticorrupción Unión, la trama matriz en la isla. La entonces presidenta Manuela Armas contrata al entonces abogado y hoy de nuevo juez Juan José Cobo Plana para que asista al Cabildo en el proceso concursal. En octubre de ese año, tras una moción de censura, entra como presidente Pedro San Ginés (CC) y renuncia a los servicios de Cobo en favor de su amigo, omnipresente en sus decisiones, Ignacio Calatayud, que ya había trabajado como asesor de la presidenta Inés Rojas en 2004 y que es yerno del no menos omnipresente Felipe Fernández Camero, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y defensor de la mayoría de los hoteleros con licencia anulada por los tribunales, de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise y de los empresarios más influyentes y poderosos de la Isla. Camero también está imputado en dos causas judiciales por corrupción.

Calatayud y la gestión del agua

Calatayud ya había estado antes asesorando a Inalsa, intentando, que no logrando, que el famoso laudo no se convirtiera en una obligación de pago, y se vuelve a encontrar con el futuro del agua como abogado de la empresa ante el proceso concursal. San Ginés decide, aún no se sabe cuándo ni cómo, que el proceso concursal se convierta en un proceso privatizador de la empresa, con concurso incluido y el visto bueno del juez de lo Mercantil. Los problemas, como los que puso la interventora del Cabildo, que no veía claro el traspaso de la deuda para hacer posible el concurso y la adjudicación, los acaba resolviendo en lo que ya se ha convertido en su estilo: solicitando informes externos que avalen sus decisiones.

El Consorcio saca a concurso la gestión del ciclo integral del agua. Primero contrata para redactar los pliegos a Professional waters and partners, una empresa “especializada”, creada por un antiguo director de Canal de Isabel II. En ese momento no parecía relevante el dato porque Canal de Isabel II no se presentó al concurso, que quedó desierto por la ambición, calculada o no, del pliego. Y del concurso se pasa a un procedimiento negociado al que se presentan tres empresas: Canaragua, Gestagua y… bingo: Canal de Isabel II, que se lleva el contrato. Hay que añadir que el Cabildo volvió a requerir los servicios de Professional waters and partners para que valorara las ofertas presentadas y que una de las empresas que perdió llegó a decir que el procedimiento negociado estaba “orientado” para Canal Gestión y que fue una tomadura de pelo. Canal Gestión se queda con el agua por treinta años y un desembolso de más de cien millones, de los que la mitad va a parar a pagar la deuda, principalmente a FCC y Unelco Endesa, que eran los mayores acreedores. El resto será para invertir en infraestructuras.

Según el contrato, la empresa de aguas no podrá subir el precio hasta el año que viene, y podrá hacerlo cada año a razón de un 1% más que el Índice de Precios al Consumo. Así, Canal se queda con el monopolio del agua en toda la Isla… excepto en Montaña Roja.

El año pasado, el Consejo Insular de Aguas, o el Cabildo, que es casi lo mismo, inicia un expediente sancionador contra Club Lanzarote por vender agua sin autorización, y como primera medida, de forma cautelar y sin terminar el expediente, San Ginés decide incautar la planta desaladora, la depuradora y las tuberías. Lo hace sin orden judicial y basándose en un informe de Calatayud que considera que no hace falta que un juez avale la decisión porque la desaladora no es un bien de dominio público y por tanto no hace falta orden. Calatayud no es funcionario público, pero su información y la decisión la asume días después el secretario del Cabildo, que también lo es del Consorcio, Francisco Perdomo. Los dos ya están imputados, y su declaración está prevista para este mes de octubre. Perdomo, desde que se conoció su imputación, está de baja. El juez instructor resolvió sobre la imputación del secretario a petición de Podemos, que se personó como acusación popular, pero hizo recaer el peso de la imputación en el propio presidente del Cabildo, señalando que había sido él quien había descargado toda la responsabilidad tanto en Perdomo como en Calatayud.

La oposición presiona

La oposición ha pedido a San Ginés que convoque un pleno monográfico sobre este asunto pero San Ginés lo ha esquivado alegando que iba a esperar a que declarase el secretario en el Juzgado. La primera petición fue por iniciativa de Ciudadanos, y ahora hay una segunda sobre la mesa, firmada por todos los grupos por iniciativa de Podemos. El pleno se celebrará, porque la convocatoria es automática, el 31 de octubre. A la espera de conocer las explicaciones del presidente, hay que remontarse a lo que dijo en otro pleno hace un año sobre los motivos que tenía para incautar esa planta: “Solo se ha hecho lo que indicaron en todo momento los servicios jurídicos y lo que se entiende que se tiene que hacer desde la administración, que es cumplir y hacer cumplir la ley, y sobre todo, defender el interés general y de los vecinos, en particular”.

Los hechos desmienten al presidente. En el expediente sancionador, culminado recientemente, no se habla en ningún momento de incautar la planta. Sí se habla de su clausura, aunque no se recomienda para no dejar sin agua a los vecinos. Las sanciones que se proponen son de carácter leve. Por vender agua a terceros se propone una sanción de 600 euros, aunque sí se eleva esta cantidad cuando se insta a solicitar a Club Lanzarote el pago de 1,7 millones por el agua facturada indebidamente. El expediente también concluye que la empresa seguía teniendo autorización para producir agua porque no se había iniciado el expediente, dando audiencia a la empresa, para terminar con ese permiso. En definitiva, todas las medidas que debía haber hecho San Ginés hace un año las está haciendo ahora cuando los tribunales le han dado la espalda, pero lo que no aparece por ningún lado excepto en el informe de su propio asesor, es la incautación.

San Ginés se ha visto obligado finalmente a devolver la planta que había dado a Canal Gestión y también se ha visto obligado a permitir que Club Lanzarote siga vendiendo agua a terceros a pesar de que no tiene permiso para hacerlo. La empresa, tras una reunión con el Ayuntamiento de Yaiza y tras varios días de incertidumbre para los vecinos, ha manifestado que aplicará las mismas tarifas que aplica Canal Gestión en el resto de la Isla, que son menores que las anteriores. Ahora falta saber el coste que tendrá esta operación para los contribuyentes porque Club Lanzarote solicitará una indemnización, con toda seguridad.

Durante todo el proceso, San Ginés ha sembrado la actualidad de todo tipo de argumentos peregrinos. Primer contraatacó con una querella contra Club Lanzarote por varios delitos, como estafa, delito contra los consumidores, contra la Hacienda Pública y contra el medio ambiente por vertidos de su depuradora. El juez sólo ha visto indicios de este último y ha archivado todos los demás, pero San Ginés se encargó de amplificar el mensaje con una rueda de prensa y una visita anunciada a los Juzgados. Por contra, aún no ha comparecido para explicar por qué ha tenido que devolver la planta, pero ha dicho esto en una nota de prensa: “Sólo queda dilucidar si he mentido, o no; y si he tomado una decisión injusta a sabiendas, es decir, si he prevaricado o si, por el contrario, lo he hecho porque tenía el asesoramiento legal para ello, algo que se sabrá una vez declaren en sede judicial el secretario general del Cabildo y un asesor jurídico externo, y hasta que eso no ocurra, no tengo nada nuevo que contar por lo que agotaré los plazos legales para la celebración del referido pleno”. Otro de los argumentos exhibidos por el presidente es el de que la operación es deficitaria para Canal Gestión, y ha llegado a señalar que fue el Consorcio el que insistió para que Canal Gestión asumiera la planta y no al revés.

Trabajando para los dos bandos

Entre las salidas de tono del presidente, hay otra que merece letras de mármol. La oposición preguntó a San Ginés en un pleno si su asesor y asesor a su vez del Consorcio del Agua, Ignacio Calatayud, en cuya opinión jurídica se basó el presidente para llevar a cabo la confiscación de la planta, también trabajaba para Canal Gestión. San Ginés dijo que le parecía “irrelevante” si así fuera pero no lo aclaró a pesar de que es obvio que lo sabía.

Lo tuvo que aclarar ante el juez Gerardo Díaz, el gerente de Canal Gestión imputado en un caso de corrupción en Melilla y cesado desde Madrid el mismo día en que se devolvía la planta. Díaz reconoció que Calatayud también trabajaba para su empresa. Es decir, que el abogado que dio cobertura legal para incautar la planta trabaja para la empresa más beneficiada por esa incautación. Calatayud ha cobrado en menos de dos años 100.000 euros de Canal Gestión y más de 300.000 en la última legislatura del Cabildo, el Consorcio, el Consejo u otros organismos o empresas públicas que dependen del Cabildo. Y no sólo eso. Calatayud integraba, junto a San Ginés y el propio Gerardo Díaz, la comisión de seguimiento encargada de vigilar el cumplimiento del contrato y las inversiones previstas por parte de Canal Gestión. Y sus honorarios, otros 40.000 euros más, los pagaba el Consorcio Insular del Agua.