Las piezas del mayor caso de corrupción política y empresarial en la isla de Lanzarote avanzan contra viento y marea: hay dos juicios terminados y cuatro más, sólo están a la espera de que se fije fecha para la vista.
En octubre del año pasado volvía a los quioscos el semanario Lancelot, el más antiguo de la isla de Lanzarote con esa periodicidad, que salió a la calle por primera vez en 1981. Era la primera vez que se imprimía bajo el control absoluto del Grupo Rosa. Juan Francisco Rosa es el empresario más controvertido de la Isla (y el más influyente en las administraciones locales). También es el principal imputado en el caso de la Bodega Stratvs, por el que le piden 15 años de cárcel y también está imputado en el caso Unión . La Fiscalía le pide una pena de dos años y tres meses de cárcel por simular un contrato de trabajo a Dimas Martín para que éste obtuviera el tercer grado penitenciario y “como medio de procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros”. Rosa tiene la licencia anulada de dos de sus hoteles; el Princesa Yaiza y el Son Bou.
A mediados de octubre iba a empezar el primero de los juicios del caso Unión, dividido finalmente en diez piezas. Los días anteriores se intensificó la campaña de acoso y derribo contra la instrucción del caso y contra los instructores, alentada por algunos imputados desde ese medio de comunicación y desde otros que se sumaron a la fiesta. Durante meses escribieron y pontificaron a la hora del desayuno que la instrucción, o bien era un desastre o era un montaje muy bien urdido, dos teorías contradictorias pero que se podían usar alternativamente, sin rubor alguno. Llenaron páginas y páginas de periódico y horas de radio anunciando el fiasco de la instrucción y hasta los posibles delitos que habían cometido los instructores, no los imputados. Todo estaba mal hecho, todo iba a decaer, todas las actuaciones se iban a anular, porque todo era una conspiración de no sé sabe todavía quién para acabar con no se sabe cuántos ni por qué.
En ese primer número tras su vuelta, el 1 de octubre, quince días antes de que empezara el juicio de la pieza de Rodríguez Batllori, Lancelot titulaba en portada El bluf del caso Unión y en las páginas interiores abundaba: “La chapuza judicial del caso Unión”. No hace falta abundar mucho más en el contenido pero se puede apuntar que la clarividencia no se encontraba entre las virtudes del artículo. Desde que se publicó se han juzgado dos piezas, ya hay siete condenados (todos los que se sentaron en el banquillo), uno de ellos (José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza) incluso ha entrado en la cárcel ya para cumplir su condena, se ha abierto juicio oral en cuatro piezas más donde sólo falta señalar la fecha para la vista, y la Fiscalía ha terminado su escrito de acusación en esas cuatro piezas.
Además, en los juicios que se han celebrado no se ha anulado nada. Las pruebas periciales sobre documentos esenciales, como autos de detención y entrada son concluyentes: todos se hicieron cuando se debían hacer y el contenido coincide con el que se dictó en su día. Se ha subsanado la falta de firma en algunas resoluciones judiciales sin mayor problema. Ni el juez ni el fiscal tienen expedientes abiertos por su actuación en el caso, como se ha venido diciendo de forma insistente, los Juzgados y la Audiencia provincial han rechazado tramitar dos querellas del empresario Luis Lleó contra ellos, mientras que el juez Rafael Lis, cuya esposa era la abogada de Rosa en Stratvs, sí ha admitido una querella contra dos miembros de la UCO y el ex secretario judicial de Unión por los mismo hechos, aunque no se ha hecho ninguna diligencia.
Escenario bien diferente
El escenario es bien distinto al de una chapuza o un bluf. Es difícil encontrar un caso de corrupción con tal abundancia de pruebas y de confesiones. Hasta ahora, en todas las piezas, alguien ha admitido claramente los hechos. En la pieza sobre la licencia otorgada en suelo rústico a la vivienda del arquitecto Carlos Morales, el ex alcalde Reyes llegó a un acuerdo con la Fiscalía y reconoció los hechos. Como era el único acusado no se celebró la vista, y Reyes cumplirá seis meses de prisión. En la pieza de Rodríguez Batllori que se saldó con condena para los seis acusados, el ex concejal del PIL de Arrecife, José Miguel Rodríguez admitió que se había contratado al ex consejero del Gobierno canario sin el expediente oportuno y con el fin de que trabajara para Dimas Martín. Incluso devolvió el dinero defraudado.
En la pieza principal, la que tiene que ver con las comisiones que cobraba el PIL a empresarios que trabajaban con el Ayuntamiento de Arrecife, son cinco los que han admitido los hechos: el que fuera mano derecha de Dimas Martín y tesorero del partido, Matías Curbelo, cuya confesión permitió que naciera la operación Jable; el propio Rodríguez, y tres empresarios; Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito y Manuel Reina, que también han devuelto todo o parte del dinero defraudado.
Las pruebas obtenidas durante la investigación mediante los pinchazos telefónicos y seguimientos y las obtenidas en los registros de viviendas y oficinas son muy abundantes. En esa pieza, el 25 de mayo de 2009, cuando 'estalla' la operación, se consiguió pillar in fraganti a Curbelo recibiendo una bolsa con 95.000 euros de manos de José Antonio Castellano, gerente de la empresa de limpieza Hercasa y padre del ex parlamentario y ex miembro del PIL Isaac Castellano. Este empresario había denunciado que le estaban pidiendo el 20% (luego sería el 10 y después se rebajó hasta el 8) de la deuda que mantenía el Ayuntamiento con su empresa. Para poder cobrar 1,2 millones que le debían, el PIL, es decir Dimas Martín, le exigía un impuesto adicional. La denuncia se sumó a la que había hecho Carlos Espino, ex secretario insular del PSOE, aprovechando la presencia de la UCO en la Isla. Así había empezado el caso. El empresario Luis Lleó quería desbloquear los problemas urbanísticos de una parcela, Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca. Reyes, el mismo que dio la licencia a Morales, le había dado una licencia para construir mil viviendas. El Cabildo recurrió la licencia y consiguió parar el inicio de las obras. Para que el proyecto siguiera adelante, a Lleó se le ocurrió encargar un trabajo especializado a Fernando Becerra, hermano del concejal del PIL, Ubaldo Becerra, al que la Fiscalía le pide 17 años de cárcel por su participación en este caso, y hermano del también ex consejero del Gobierno canario, Juan Carlos Becerra, compañero de partido de Reyes en el PNL. El trabajo consistía en sobornar a Espino, pero este denunció y la UCO grabó las siguientes conversaciones entre ambos. Las pruebas dejan lugar a pocas dudas, pero (sumándose a la lista de confesos) Becerra, que estuvo en prisión provisional, admitió los hechos en el Juzgado, y la Fiscalía sólo pide para él un año y medio de cárcel.
La estrategia de Lleó
La instrucción de esta pieza fue la primera en terminarse. Sólo falta fijar la fecha del juicio, que se hará bajo el procedimiento del Jurado. Dos son los acusados, Becerra y Lleó, que se juega seis años de cárcel. El fiscal de Unión, Javier Ródenas, le dijo a Lleó en una de las últimas vistas previas que era un hombre de recursos, y no se refería al dinero que puede haber acumulado promoviendo viviendas y oficinas en Lanzarote. Partiendo de la nada, los bancos le llegaron a dar créditos por más de setenta millones para proyectos urbanísticos que en muchos casos han sido rotundos fracasos. Se refería Ródenas a los recursos que ha puesto durante la instrucción del caso. Más de sesenta. Lleó ha recurrido todo y ha alentado la teoría de la conspiración. Su única victoria fue que la Audiencia provincial anulara la entrada y registro de sus oficinas porque en lugar de su nombre, en el auto que ordenaba el registro, aparecía el de Elena Martín, la hija de Dimas. El secretario de Unión reconoció que ese no era el original del auto que dictó el juez Pamparacuatro en su momento pero la Audiencia ya había anulado ese auto, que a su vez anulaba todas las pruebas obtenidas en él. Con esas pruebas, la UCO había hecho dos informes demoledores. Uno sobre las irregularidades de CajaCanarias, que llegó a pagarse a sí misma el crédito que no pagaba Lleó para no tener que comunicar el descubierto al Banco de España, y otro sobre los 150.00 euros que cobraron dos letrados del Tribunal Constitucional, cuando ejercían ese cargo, por asesorar a Lleó para facilitarle que no pagara impuestos. Hoy, uno de ellos, Ángel Aguallo, ya no es miembro del Constitucional, sino del Supremo.
Por lo demás, lo único que ha logrado Lleó es retrasar su juicio, lo que no es poco. Ahora ha recusado al magistrado José Luis Goizueta, que había sido nombrado presidente del Jurado, argumentando que está contaminado porque ha resuelto algunos recursos dentro de la causa. En su mismo caso estarían todos los magistrados ya que todos han resuelto los interminables recursos que han puesto el empresario y abogado, que ha acabado defendiéndose a sí mismo. Los recursos no prosperarán pero ganará tiempo.
Recorrido histórico
La causa se inició en 2008, con la denuncia de Espino; se hicieron las primeras detenciones en mayo de 2009, se levantó la primera parte del secreto de sumario en diciembre y se llevó a cabo la segunda fase en abril de 2010. El primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, se trasladó a La Laguna en septiembre de ese año, le concedieron una comisión de servicios de tres meses y una prórroga que nunca se llegó a ejecutar con argumentos tan peregrinos como que no quedaba claro quién debía pagar las dietas. El Consejo General del Poder Judicial se quitó de encima al juez nombrando en mayo de 2011 a una nueva titular del Juzgado número 5, Lucía Barrancos, después de tener el caso dormido durante medio año. A esas alturas ya había 56 detenidos y 130 imputados por la UCO que se quedaron, primero en 102 imputados judiciales y ahora en algo más de sesenta. Actualmente ya son 31 los procesados que se sentarán en el banquillo. Barrancos, que acababa de salir de la Escuela Judicial, hace un informe, que han usado (y abusado) los imputados para intentar cargarse la instrucción, en el que hablaba de desorden en la instrucción, pero que finalmente no ha tenido ninguna relevancia. Barrancos se va y coge el caso María Jesús Hernández Elvira, que avanza durante varios meses. Por el camino se archivan tres piezas: la que investiga quién le dio el chivatazo de que iba a ser detenida a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, la trama de concesión de gasolineras que imputó a Honorio García Bravo y al secretario del Cabildo lanzaroteño, Francisco Perdomo, y la de la venta, no realizada, de un edificio de Lleó, Marina de Naos, para que fuera la sede de la Cámara de Comercio o para Usos Múltiples del Gobierno de Canarias. Finalmente, se nombra en marzo de 2013 como titular del Juzgado a Silvia Muñoz, y se le concede la comisión de servicios para que se dedique a este caso y a Stratvs en exclusiva. Muñoz remata la instrucción de todas las piezas contra viento y marea.
Lo que falta
De todas menos de una. Para hacer un repaso, como colofón al artículo, de lo queda, comencemos por lo que no ha avanzado. La única pieza que se trasladó a otro Juzgado, al número 4 de Arrecife, fue la que investiga el patrimonio de Dimas Martín, con siete imputados, entre los que está José María Rossell, propietario de la cadena hotelera más importante de Andalucía, Hoteles Playa, acusado de ser uno de los testaferros del político lanzaroteño, que habría ocultado sus múltiples propiedades inmobiliarias para no pagar los cinco millones de euros que tiene que pagar por la condena del caso del Complejo agroindustrial, del que hizo desaparecer una subvención de más de 2,5 millones. El caso está asignado al fiscal anticorrupción, Luis Del Río y el Juzgado, por el que han pasado varias jueces, acaba de cambiar de titular. Ahora se encargará de él Ricardo Fiestras, pero se ha avanzado poco. Más allá de la trama, para la Administración es un caso interesante por la posibilidad de desentrañar la madeja del patrimonio oculto del político lanzaroteño y embargarle las propiedades, a nombre de sociedades con varios administradores, para cobrar sus deudas con la Justicia.
De las piezas que ha instruido Muñoz, la única que queda por pasar a procedimiento abreviado es la de la operación Jable, y todo indica que ese paso se dará antes del verano o inmediatamente después. En esa pieza hay 17 imputados y hay dos tramas diferentes, ligadas por la figura de Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife: la trama de Urbaser, que investiga la concesión en el Ayuntamiento de Arrecife del contrato de limpieza y basura a cambio de una comisión y de infinidad de regalos por parte de la empresa del Grupo ACS, y la trama de FCC, que construyó el pabellón de deportes de Argana y que pagó un viaje a Déniz y su familia, con su hermana Carolina, jueza en ejercicio y ex portavoz del Gobierno, incluida. El pabellón está ahora cerrado porque se construyó mal y nadie garantiza su estabilidad, a pesar de que costó cuatro millones más de lo previsto. En esta pieza no sólo confesó Matías Curbelo sino también, y sobre todo, el gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, que escribía en una libreta todo lo que sabía sobre la corrupción lanzaroteña.
De la dos piezas juzgadas ya se ha hablado: la casa de Carlos Morales y la de Batllori, que consistía en que Arrecife le contrató como asesor aunque en realidad su misión era influir para lograr que Dimas obtuviera el tercer grado penitenciario. Hay seis condenados: Dimas Martín (su sexta condena), los ex ediles Luisa Blanco y José Miguel Rodríguez, la ex consejera Plácida Guerra, el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta y el propio Batllori, con penas de hasta siete años de cárcel.
Falta otra pieza más, también muy avanzada, en la que el único imputado es Dimas Martín, por ampliar su casa en suelo rústico en Yaiza. Le piden otros dos años de prisión. La pieza de la apertura del Teatro insular sin licencia afecta a Ubaldo Becerra, ex concejal de Arrecife, al ex alcalde Enrique Pérez Parrilla y al ex consejero del Cabildo, Rubén Placeres. En este caso las penas que se solicitan son de inhabilitación para cargo público. Los pinchazos telefónicos dejaban claro que las autoridades permitieron que se abriera el teatro aunque sabían que no tenía licencia ni medidas de seguridad. Hay otra pieza que tiene que ver con facturas falsas, y es la de la empresa Proselan, que está pendiente de fecha para la vista oral. Hay cuatro imputados: Rafael Arocha, que era el Jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, José Miguel Rodríguez, Daniel Hernández, administrador de esa empresa de electricidad y Carlos Sáenz, interventor municipal, a los que la Fiscalía les pide seis años para cada uno por desviar casi 300.000 euros mediante facturas falsas de trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios, que no se hacían, pero sí se cobraban.
Y por último, la pieza de las comisiones del PIL. La Fiscalía presentó a finales de junio su acusación. Solicita entre uno y 17 años de cárcel para 14 imputados por formar una asociación ilícita (sólo cuatro de ellos) para exigir comisiones ilegales. El escrito de acusación recoge casi todos los delitos contra la Administración pública que se pueden cometer y señala que en el Ayuntamiento “se instauró una simbiosis delictiva que a modo de parásito corrupto quedó incrustado en las concejalías de hacienda, urbanismo, sanidad, parques y jardines”. Varios miembros del PIL, dirigidos or Dimas Martín, se encargaban de exigir comisiones a empresarios afines, de inflar facturas, de facturar varias veces por los mismos trabajos o de pedir un porcentaje de la deuda que tenía con ellos el Ayuntamiento por trabajos previos bajo la amenaza de no ordenar el pago. Lo que se podría llamar una conspiración en toda regla para delinquir. O una chapuza delictiva, porque les pillaron... o el bluf de una asociación ilícita.
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