Los veinte guardianes del Parlamento
Muy poca gente conoce que, aunque el Parlamento está disuelto por la convocatoria electoral del 24 de mayo, la ciudadanía no ha quedado huérfana de representación en la Cámara regional. Una veintena de diputados, incluidos los 5 miembros de la Mesa, son los encargados de, en caso necesario, controlar al Gobierno en funciones e, incluso, adoptar decisiones legislativas extraordinarias.
En 1747 se publicó El espíritu de las leyes, la gran obra de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En ella se desgranaba el principio que, en esencia, late en todos los sistemas democráticos del mundo: la separación de poderes para que el propio poder controlara y, en caso necesario, frenara al propio poder si éste se desmandaba contra la ciudadanía.
Y uno de esos controles es la Diputación Permanente, el órgano que vela por el poder legislativo y controla al ejecutivo cuando un parlamento está disuelto por motivos electorales, se encuentra en periodo inhábil o existen situaciones extraordinarias que deben ser abordadas.
Como ejemplo, baste recordar que el 3 de marzo de 1939 la Diputación Permanente de las Cortes Españolas se reunió en París para abordar desde el exilio la dimisión de Manuel Azaña como presidente de la República y elegir a Diego Martínez Barrio como su sustituto.
En España, su origen se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 157 preveía la existencia de la llamada Diputación Permanente de Cortes, cuyas facultades era observar que se cumpliera la Carta Magna y las leyes para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que notara; así como convocar a Cortes extraordinarias en caso necesario.
Concretamente, en Canarias la Diputación Permanente está regulada en el artículo 63 del Reglamento de la Cámara y debe estar integrada por un mínimo de once miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
Además, y por la propia lógica de órgano de control del Ejecutivo, ningún diputado que sea miembro del Gobierno podrá serlo de la Diputación Permanente.
Los 20 actuales
En estos momentos de contienda electoral con el Parlamento disuelto, son 20 los miembros que la componen en Canarias: los 5 de la Mesa (Antonio Castro, Julio Cruz, Cristina Tavío, José Miguel González y Águeda Montelongo); 5 del Gupo Nacionalista (José Miguel Barragán, José Miguel Ruano, Nuria Herrera, David de la Hoz y José Gilberto Moreno), 5 del Grupo Popular (Australia Navarro, Asier Antona, Astrid Pérez, Emilio Moreno y Fernando Figuereo), 4 del Grupo Socialista (Manuel Fajardo, Dolores Padrón, Belinda Ramírez y Emilio Mayoral), y 1 del Mixto (Román Rodríguez).
Tras las elecciones, y una vez proclamados los resultados oficiales del 24 de mayo, le corresponde a la Mesa de la Diputación Permanente (que es la misma que la Mesa del Parlamento) convocar mediante la sesión constitutiva de la Cámara de la que será la IX legislatura.
En esa sesión, Antonio Castro llamará al diputado electo de más edad de los presentes para presidir inicialmente la sesión, así como a los dos más jóvenes, quienes actuarán en calidad de secretarios.
Los miembros de esa llamada Mesa de edad prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ante el presidente de la Diputación Permanente y a partir de ese momento harán lo propio con el resto de los diputados antes de que éstos procedan a elegir a la nueva Mesa y convocar la sesión solemne de apertura de la nueva legislatura.
Velar por los poderes
Esta es una de las funciones de la Mesa de la Diputación Permanente, pero ¿qué más debe hacer este órgano que “vela por los poderes de la Cámara”?
Según el Reglamento, seis cuestiones fundamentales debe abordar:
1.º Conocer la delegación temporal de las funciones ejecutivas del presidente del Gobierno.
2.º Ejercer el control de la legislación delegada.
3.º Conocer de todo lo referente a la inviolabilidad parlamentaria.
4.º Poder autorizar presupuestos extraordinarios, suplementos de crédito y créditos extraordinarios, a petición del Gobierno por razón de urgencia y de necesidad justificada, siempre que así lo acuerde la mayoría absoluta de sus miembros.
5.º Poder también autorizar ampliaciones o transferencias de crédito, cuando lo exijan la conservación del orden, una calamidad pública o una necesidad financiera urgente de otra naturaleza, de acuerdo con la mayoría absoluta de sus miembros.
6.º Interponer recurso, incluso el de inconstitucionalidad, y personarse ante los tribunales competentes, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Como dato curioso, pese a que las Islas han sufrido “calamidades públicas” como las de la ríada del año 2002 en Tenerife, la tormenta tropical Delta de 2005 o los incendios de La Palma y de La Gomera en 2012, en ninguno de ellos se convocó la Diputación Permanente, pues los créditos extraordinarios para paliar financiera y urgentemente esas devastaciones se concedieron en período hábil de sesiones.
Según el Reglamento, la Diputación Permanente será convocada por el presidente, a iniciativa propia o de una quinta parte de los miembros de la misma, de dos grupos parlamentarios o de uno si éste representa al menos una quinta parte de los miembros de la Cámara.
Desde 1983, la Diputación Permanente se ha reunido en 27 ocasiones, siendo la primera vez el 27 de enero de ese año. Hasta el 30 de mayo, cuando se constituyó oficialmente el Parlamento de la I legislatura, se reunió en 3 ocasiones (la última el 11 de mayo).
Durante los cuatro primeros años se celebró en seis ocasiones y cuatro más en la II Legislatura.
La convulsa III Legislatura (en la que se vivió la moción de censura contra Jerónimo Saavedra y el advenimiento de Coalición Canaria) contempló cómo la Diputación Permanente se reunió siete veces, siendo el segundo mandato de Manuel Hermoso como presidente el que más veces ha convocado a la misma.
En la IV Legislatura éste órgano de control se reunió en cinco ocasiones, siendo la última en septiembre de 1998 a petición de los grupos de CC y del PSOE.
Esta convocatoria se hizo con el fin de que el Gobierno compareciera para explicar las consecuencias de las medidas restrictivas que Iberia había puesto a los vuelos entre la Península y Canarias y, además, al decidir el Ministerio de Fomento una subida de tarifas. Asimismo, se analizó la decisión, adoptada por el Gobierno que presidía José María Aznar, que iba en contra de la creación de la Televisión Canaria.
Y es que, por un lado, se había reducido el número de vuelos con la Península a 26 semanales, lo que afectaba a unas 120.000 plazas al año, y por otro, y pese a la subvención del 33% al billete que existía entonces, el establecimiento de las tarifas máximas absorbía parte de esa misma subvención.
En cuanto a las exigencias para otorgar la licencia al tercer canal, el socialista Emilio Fresco afirmó durante ese debate que era “una de las agresiones más graves que la Comunidad Autónoma de Canarias haya podido sufrir en lo que son sus derechos en relación con procesos reglados que no implican discrecionalidad política”.
Durante los siguientes ocho años no hubo ni una sola reunión de la Diputación Permanente, aunque sí se solicitó su convocatoria, precisamente, en un período electoral como el actual, es decir, entre dos legislaturas. Fue en junio de 2007 y a petición de Coalición Canaria (CC).
La petición de los nacionalistas buscaba recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dejar fuera del recuento más de 9.000 votos de emigrantes canarios que llegaron después de las 08:00 del día de los comicios autonómicos, con las urnas ya cerradas.
Sin embargo, no se llegó a reunir, ya que la propia Junta Electoral Central admitió parcialmente que hubo vulneración del derecho de CC a alegar la decisión de no contar los mencionados votos.
El “enchufismo” de Rivero
Por lo tanto, la última reunión de la Diputación Permanente data del 19 de agosto de 2009. Es, además, la única que hubo en la VII Legislatura.
Fue Santiago Pérez, entonces portavoz socialista, quien la convocó para que la misma decidiera la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, para explicar la llamada de teléfono que hizo el 2 de julio de 2008 al entonces alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, con el objetivo de supuestamente favorecer a una sobrina suya en unas oposiciones públicas a la Policía Local.
Rivero, acusado por los socialistas de ejercer “el enchufismo”, no compareció gracias a los votos de CC y del PP (que conformaban el Pacto aquel año), pues alegaron que la petición del PSOE no cabía “jurídicamente” dentro de los supuestos reglamentarios de la Diputación Permanente.
Un argumento que no convencía a los socialistas, pues defendieron que la Diputación Permanente está legitimada para actuar con plenitud de poderes entre periodo de sesiones y que el siguiente pleno ordinario previsto para que compareciera Rivero estaba convocado para finales de septiembre, lo que retrasaba las explicaciones a los ciudadanos casi dos meses.
Además, los conservadores acusaron al PSOE de haber provocado un gasto innecesario a las arcas públicas, pues esa reunión, que duró menos de dos horas, supuso un coste de 3.700 euros en dietas de asistencia y funcionamiento de la Cámara regional. Lo curioso es que los socialistas fueron los únicos que renunciaron a sus dietas, de lo contrario la ‘factura’ habría ascendido a 5.000 euros. Pese a las críticas, CC y PP las cobraron.
Ya han pasado seis años desde la última reunión de la Diputación Permanente, aunque transcurrieron once desde la que hubo en 1998 hasta la que se celebró en 2009. De momento, es el récord de tiempo en el que los guardianes no han tenido que actuar para “velar por los poderes de la Cámara”.
Un récord que se batiría en 2021 si no hay ninguna nueva convocatoria, lo que sería una buena señal.
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