Los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el equipo Palerm, Tabares de Nava y Senante, sólo han podido demostrar que uno de los numerosos cambios sustanciales del planeamiento fueron ordenados por la Gerencia de Urbanismo.
Más concretamente, han aportado al Juzgado un email que se corresponde al anterior gerente, Eduardo Risueño, en el que éste encargaba la firma de un convenio con la entidad Afelsa para pemitir un aumento de los aprovechamientos urbanísticos y nueva tipología en el edificio situado en la avenida Tres de Mayo. Esta modificación, además, se hizo después de que el planeamiento saliera a información pública por lo que fue anulado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en 2010.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juana María Hernández, había suspendido en mayo la declaración de los redactores a petición de la Fiscalía y de las acusaciones integradas por los abogados Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura. En aquel entonces, Leopoldo Tabares de Nava y Fernando Senante -a los que la Fiscalía ha pedido la imputación por presunta falsificación documental- aseguraron durante su comparecencia que iban a presentar un documento en el que demostraban su inocencia.
Sin embargo, según Campos, abogado de la Plataforma en contra del PGO, este escrito en lugar de demostrar que no tiene responsabilidad penal en los hechos más bien iría en sentido contrario. Para el letrado el informe viene a probar que los casi 700 megas de cambios constatados en las distintas versiones digitales que a finales de 2009 circularon por el Ayuntamiento, se realizaron supuestamente por voluntad propia de los redactores.
“Pediremos que declaren como imputados ya que se ha demostrado que son los únicos responsables de las modificaciones llevadas a cabo en varias ocasiones en el planeamiento”, señala Campos. El abogado trabaja ya en la redacción de un contrainforme que presentará ante el Juzgado y que iría en este sentido.
Modificaciones sustanciales
Las modificaciones detectadas en aquel momento y que fueron denunciadas ante la Fiscalía implicaban variaciones sustanciales en la ordenación del puerto, en la densidad poblacional de La Salle, en la edificabilidad de Cuatro Torres y en El Cabo. Las normas de ordenación fueron igualmente alteradas, según la denuncia de la Plataforma y la memoria de información nunca pudo ser consultada ya que su estado era defectuoso.
Todos estos cambios se denunciaron a finales de 2009 y principios de 2010, después de que el documento fuera sometido a información pública por lo que no pudieron ser conocidos por los ciudadanos. Además, otras variaciones más se habrían llevado a cabo antes y después de la aprobación del PGO y de que fuera remitido a la Cotmac.
A finales de 2009 y principios de 2010 fue cuando el anterior alcalde, Miguel Zerolo intentó aprobar el PGO contra viento y marea justo cuando mayor contestación social había en las calles. La Plataforma presentó una denuncia que posteriormente fue recogida por la Fiscalía de los Delitos contra el Medio Ambiente y se ha iniciado la ronda de comparecencias, aunque aún las investigaciones se encuentran en una fase muy inicial.
No obstante, la división informática de la policía judicial sí ha podido comprobar que efectivamente el documento fue modificado y que nunca contó con la firma por parte del secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto.