Canarias ha registrado un total de 1.753 personas fallecidas en lista de espera en los primeros siete meses del año, según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hechos públicos este viernes. De ellos, 1.202 estaban pendientes de valorar y 551 se encontraban en el 'limbo de la dependencia' -derecho pendiente de la prestación-.
El archipiélago es la quinta comunidad autónoma española con más muertes de dependientes en lista de espera o personas esperando por la resolución, solo por detrás de Cataluña (7.856), Andalucía (6.306), Comunidad Valenciana (2.893) y Madrid (2.572).
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han advertido de que la burocracia está retrasando la recuperación del sistema de atención a la dependencia español, de modo que, a pesar del aumento de 623 millones de euros, no se está consiguiendo que las comunidades autónomas reduzcan las listas de espera de forma significativa.
A través de un comunicado, la entidad indica que las listas de espera en el país han bajado un 2,2% (en 5.044 personas) en lo que va de año, pero 139 personas han fallecido al día (una cada diez minutos) “en el laberinto burocrático de la ley”. “433.466 personas siguen abandonas, sin ser atendidas, en las listas de espera de la dependencia”, han denunciados los directores y gerentes en servicios sociales.
En este sentido señalan que, según los datos presentados por el Ministerio de Derechos Sociales en esta materia, en los primeros siete meses de 2021 un total de 29.157 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (17.733 dependientes con derechopendientes de prestación y 11.424 pendientes de resolución de grado) y que Asturias y Comunidad de Madrid son las CCAA con mayor número de defunciones.
Además, señalan, en Navarra y País Vasco “ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición”, lo que ha supuesto una disminución en el número de beneficiarios de este sistema de atención, en 79 y 266 personas, respectivamente.
A su juicio, estas cifras determinan que “lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones”, son necesarias “medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables del país” y pide al Gobierno central y a los autonómicos “reformas que agilicen los trámites”.
En concreto, consideran “necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”. Del mismo modo, ven necesario “avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la puesta en marcha de las prestaciones”.
La asociación insiste en que, aunque “ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos”, hay que “recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, y la vergüenza de que 139 personas fallezcan cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley”.