La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una sentencia en la que absuelve al funcionario y ex jefe de Negociado de Tráfico del Ayuntamiento grancanario de Telde, José Prados Pérez, y a su mujer Miren Elisabete Beobide, de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, falsificación y blanqueo de capitales de los que, respectivamente, venían siendo acusados en el marco del Caso Taprada, relacionado con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio del traspaso de licencias de taxis.
La sentencia, dada a conocer este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declara probado que en el procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, en fecha 9 de octubre de 2007, se presentó escrito de acusación contra José Prados Pérez y Miren Elisabete Beobide Landajuela.
Entre los hechos objeto de acusación se manifestaba que Prados Pérez, trabajando como Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Telde, y durante un período de diez años, recibía cantidades a cambio de presuntamente favorecer los trámites de cambio de titularidad de las licencias de taxi en el citado municipio, colaborando su esposa en el blanqueo de las cantidades recibidas por aquél en el ejercicio de dicha actividad ilícita.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal no formuló acusación al considerar que no quedó acreditada la comisión de delito alguno. Así, el día señalado para el inicio de las sesiones del juicio oral, el pasado 18 de enero de 2010, la representación de la acusación particular presentó escrito retirando la acusación formulada contra los referidos acusados, ratificando al inicio del juicio oral dicho escrito.
Traspasos de las licencias
El Caso Taprada salió a la luz pública el 21 de diciembre de 2006, cuando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil registró las dependencias de Tráfico ubicadas en las Casas Consistoriales en San Juan para investigar los traspasos de las licencias de autotaxis, tras la denuncia de un asalariado del sector sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de licencias.
Dicha instrucción conllevó la detención de una veintena de taxistas y de Prados, que fue arrestado en febrero de 2007 y quedó en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros.
Finalmente, la Audiencia de Las Palmas ha dictado sentencia absolutoria para los acusados, resolución contra la que cabe interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.