El pasado 18 de septiembre, un grupo de activistas de la Red Canaria de los Derechos por las Personas Migrantes se manifestaron frente al consulado marroquí en Gran Canaria por el “asesinato” de una joven migrante subsahariana que quería llegar a Canarias en patera.
Dos meses más tarde de la protesta, las manifestantes recibieron una sanción de 600 euros por una concentración “no comunicada”. Tras varias defensas administrativas que han sido denegadas, la Delegación del Gobierno solicita a una de las demandadas, Koldobi Velasco, el pago de 720 euros por intereses de demora. La activista declara a Canarias Ahora que va a continuar por la vía del contencioso administrativo por un acto que califica como “vulneración del derecho a la libertad de expresión”.
Velasco señala que la manifestación fue convocada “de urgencia” a nivel nacional por nueve organizaciones. Las activistas pretendían “expresar su denuncia y señalar a los victimarios”: “Queríamos exigir un compromiso político y que se reparara a la familia de la chica. Es un elemento más de que las fronteras están matando: Canarias es una de las rutas más sangrientas”.
“Nuestra labor era hacer visible que se asesinan a las personas migrantes y que no se respetan los derechos humanos. La Unión Europea y el Estado son cómplices de esta situación. Son responsables de estos crímenes”, señala Velasco.
Tal y como relata Velasco, la Policía Nacional les solicitó la identificación según acudieron al punto de encuentro “por si sucedía algo constitutivo de delito”. Sin embargo, como relata la activista, la manifestación fue pacífica: “No bloqueamos la calle ni la carretera. De hecho, hay fotos de la concentración donde se puede ver. Solo estuvimos con las pancartas y el desarrollo de las consignas”.
Dos meses después de la manifestación les llegaría la notificación de sanción. Velasco explica que en la multa “no se expresa directamente lo que incumplieron”, pero indican que se superó el número de gente permitida y que no se avisó a la delegación. No obstante, la activista asegura que la manifestación “fue convocada con carácter de urgencia” y que, además, “no eran más de 45 personas”.
Las personas sancionadas han iniciado varios recursos de defensa que han sido desestimados. En las alegaciones, argumentan que “la manifestación no fue convocada por la plataforma Red Canaria” y que en el momento de los hechos “se ejerció el legítimo derecho de reunión”. Además, solicitan que se anule la multa.
En última instancia, las activistas van a continuar por el contencioso administrativo. “No reconocen toda la información que hemos presentado. Han dado prioridad a los informes de la Policía Nacional. Nos dan a entender que no tenemos derecho a defendernos”, declara la activista.
Asimismo, Velasco manifiesta que sancionar la concentración se trata de “una represión política de una situación que no quiere que se vea”: “Quieren castigar a los activistas. Es lo que se conoce como ”efecto desaliento“: intentan romper los movimientos sociales”.
A día de hoy, las activistas cuentan con el apoyo de Legal Sol (Defender A Quien Defiende) y otras organizaciones sociales. Además, en el día de ayer diferentes colectivos y movimientos crearon el “Fondo de Resistencia para multas y otros atropellos de derechos y libertades” para responder de forma colectiva ante estas situaciones. “Es una forma de no sentir miedo ante el derecho legítimo de expresión y que no desaparezcan las luchas”, explica Velasco.
Las manifestantes solicitan “que se depuren las responsabilidades políticas, que se faciliten vías seguras y legales para el derecho a migrar y que se deroguen las ley de extranjería y la Ley mordaza”.