La cumbre europea de Bruselas, una de las más largas de entre las celebradas por el club europeo en décadas, ha terminado con un saldo insospechadamente bueno para España, y también para Europa, que también es importante destacarlo. Al final pudieron más el mutuo interés de los socios, el impulso decidido de Francia y Alemania (Macron y sobre todo Merkel se jugaban su autoridad entre las bambalinas de la reunión bruselense) y la certeza sobre la urgencia del momento, con una pandemia que amenaza con colapsar el mercado único comunitario, que los cálculos electorales de los socios frugales, que también obtuvieron su contrapartida en forma de cheque de descuento que reduce su aportación neta. ¿Y Canarias? Pues si entendemos que lo que es bueno para España en Europa es óptimo para las Islas, se puede afirmar que sale muy bien librada. Pero es que además el Archipiélago ha logrado defender el perímetro de sus intereses específicos, integrados en esa condición RUP que se ha convertido en nuestro mantra europeo, y que se resume en: somos pocos, estamos lejos, no molestamos a nadie, contentarnos sale relativamente barato. Porque es cierto: nuestro enfoque modesto es una excelente estrategia cuando se toman grandes decisiones. La cumbre de Bruselas no ha sido una excepción, a tenor de los resultados. Vamos a explicarlo con más detalle.
El mantenimiento del estatus de las regiones ultraperiféricas era la baza fundamental de la agenda canaria en la cumbre histórica de Bruselas, con un riesgo contenido en el fuero, pero no en el huevo, porque vivimos tiempos de cicatería generalizada y además la salida del Reino Unido obliga a un reajuste obligatorio por su condición de contribuyente neto. Pero el resultado ha sido justo el contrario: las cuentas son muy favorables para los intereses de Canarias, que en el caso de los fondos estructurales (los que financian infraestructuras, para entendernos) reciben un impulso a través de la regla de los 40 euros por habitante (hasta ahora eran 30). Esta modificación al alza supone unos 160 millones más para las Islas en los próximos siete años, y a ello hay que añadir un nuevo instrumento vinculado al llamado Fondo Social Europeo Plus, que pondrá sobre la mesa 400 millones de euros en siete años para financiar políticas de empleo y, otra novedad, medidas contra la pobreza y la exclusión. La cuarta parte de este fondo de nuevo cuño vendrá para Canarias: cien millones más en siete años.
El objetivo canario respecto a la participación propia en los programas europeos era mantener la regla habitual. Para entendernos: cada obra que se acomete en Canarias pagada con fondos europeos tiene el presupuesto cubierto en un 85%; el resto lo tiene que poner otra administración, ya sea el Gobierno central o la Comunidad Autónoma. La propuesta de la Comisión hasta hace una semana pasaba por rebajar la cofinanciación al 80% en el caso de los dos territorios RUP que tienen una renta per cápita por encima del 75% de la media de la UE, que son Martinica y Canarias, de largo la región más potente del ecosistema ultraperiférico. Por cierto, en las semanas precedentes la propuesta era aún más timorata, de un 70% de cofinanciación. Sea por la pandemia, que ha hecho revisar muchos puntos de vista en cuestiones de trascendencia, sea porque los negociadores españoles recogieron el guante que les lanzaron los técnicos de la Consejería de Hacienda y sus jefes directos, al final las cosas quedan como están. La cofinanciación es uno de esos ejemplos en los que, aludiendo al símil deportivo, el empate sabe a victoria. De hecho, ha sido el aspecto más subrayado por Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez en sus reacciones a la cumbre.
El partido del presupuesto comunitario y el pedazo de la tarta que le tocará a Canarias aún hay que jugarlo en unas negociaciones que se desarrollarán durante los próximos meses. En este caso el pronóstico es incierto y parte de una base preocupante: ya no están los británicos, habrá menos dinero sobre la mesa. El punto de partida lo definen los 4.500 millones de euros que ha recibido el Archipiélago durante los últimos siete años como resultado de todos los instrumentos procedentes de la Unión Europea. Es una cantidad importante que, atendiendo al horizonte de la nueva etapa que arranca en 2021, es preciso utilizar bien, so pena que acrecentar esos recelos sobre la eficiencia meridional que se han instalado en las cancillerías del norte de Europa, y que amenazan con arreciar en un contexto de prevalencia del interés nacional por encima de la solidaridad. Ejemplos hay unos cuantos: el puerto de Granadilla ha consumido ya 300 millones procedentes en su mayoría de fondos estructurales de la UE, y faltarían otros tantos para hacerlo operativo en 2023. ¿Lo veremos, justificará el puerto sureño esa gigantesca aportación pública? Es una duda razonable.
De los 4.500 millones de euros que Canarias recibe en un septenio, un 40% van destinados a financiar la versión isleña de la controvertida Política Agraria Común (PAC), esa creación tan cuestionada en los despachos como indestructible en la práctica. El binomio Poseican-REA obtiene 268 millones de euros cada año, más de la mitad de los cuales abonan la factura que sostiene al sector platanero en Canarias en un contexto de competencia imposible con la banana latinoamericana. En el ámbito comunitario, la PAC se lleva asimismo más de un tercio del presupuesto total de la Comisión Europea, que ya ha superado el umbral del billón de euros. ¿La factura agraria de la UE va a bajar? Sí, pero la decisión queda pospuesta hasta 2023, porque ahora hay al fuego calderos más urgentes por atender. Y todo ello en un contexto reformista que tratará de vincular agricultura y sostenibilidad, así como establecer cierta reciprocidad entre Europa y los países terceros en materia de fitosanitarios, fertilizantes, agricultura ecológica, etcétera. Canarias tendrá que estar atenta y exprimir las nuevas posibilidades que el nuevo acuerdo verde europeo ofrece para el sector primario insular.
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