Los funcionarios del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria se negaron la mañana de este lunes a entrar en las dependencias, situadas en la Ciudad de la Justicia, al conocer que el hijo de una funcionaria había dado positivo por COVID-19. Los trabajadores públicos exigían una desinfección especial por parte de la Comunidad Autónoma, y hasta que no se realizó una limpieza a base de lejía, mantuvieron su posición. Una fuente autorizada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dijo a este periódico que la reapertura se hizo efectiva minutos antes de las once.
La viceconsejera de Justicia de Canarias, la jueza Carla Vallejo, confirmó a Canarias Ahora las reticencias iniciales de los funcionarios y funcionarias, pero aseguró que de haber habido una ausencia de prestación del servicio público, este debería haber sido repuesto como muy tarde a las 09:30, después de que se aplicara la limpieza especial. El Gobierno no entendió necesaria la desinfección que pedían los afectados por considerarla desproporcionada dado que ninguno de los trabajadores, ni siquiera la madre del joven contagiado, ha dado aún positivo.
La funcionaria dio negativo en el test al que fue sometida, informaron a mediodía fuentes gubernamentales.
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