Aeromédica Canarias S.L. ha recurrido ante el Tribunal de Contratos Públicos el nuevo concurso de ambulancias, cuyo anuncio de licitación y las bases fueron publicadas el pasado 28 de enero, para la “concurrencia de ofertas para la contratación de servicios de transporte sanitario terrestre mediante ambulancias” en Canarias. Según la empresa, el presupuesto previsto en los pliegos (149.087.086,28 euros) no alcanza para cubrir los gastos del servicio y puede provocar pérdidas millonarias en el primero de los cuatro años de ejecución del procedimiento.
La entidad que ha recurrido es una de las principales contratistas saliente de diversos lotes en el concurso vigente, que es de 2008, ha sido anulado por por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y, además, debió haber vencido en 2015, con prórrogas incluidas. A esto se suma que el nuevo concurso se ha publicado con nueve meses de retraso de la fecha que había anunciado la Consejería de Sanidad.
La empresa especializada en transporte sanitario y prestación de servicios de atención social pretende presentarse a este nuevo concurso y vencer en la licitación, pero considera que el órgano de contratación, es decir, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, “ha hecho mal el cálculo económico” y por ello ha presentado el recurso, en el que reclaman la suspensión cautelar del mismo.
Además, Aeromédica ha reclamado poder conocer la memoria económica, con el desglose de los costes con todos los detalles que le permitiese conocer cómo se ha fijado el presupuesto base de licitación, pero Sanidad ignoró la petición y, por ende, declinó concederle el trámite, lo que supone una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público, según la empresa.
En este punto, la entidad ha aclarado en su escrito que no se le puede exigir que aporte o desvele un presupuesto que se adecúe a las referencias de mercado, pues esto permitiría a “competidores parasitarios” imitar la iniciativa en próximos concursos o en la misma licitación. Y es que “el sector de los servicios de transporte sanitario es extremadamente competitivo y las oportunidades de acceder a un eventual mercado público son remotas”.
La mayoría de la flota no podrá seguir circulando en Canarias a partir de marzo porque vencerá el certificado vigente de los vehículos al superar los diez años, límite impuesto por el Real Decreto 836/2012. De esta manera, si el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias acepta a trámite el recurso, el concurso se paralizaría o, como mínimo, se ralentizaría aún más.
En este escenario, si las ambulancias que prestan este servicio con el certificado vencido continúan circulando, las empresas propietarias se enfrentan a cuantiosas multas; también tienen la opción de negarse a cubrir un servicio esencial para la sociedad, pero esta acción puede tener consecuencias punibles. Una tercera vía consistiría en que se modifique el Real Decreto 836/2012 para permitir que estos vehículos puedan circular con más de diez años de antigüedad, algo inédito en España.