Jorge Báez y Walter Edwin se sienten “engañados” por la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Estos vecinos de Arucas llevan dos años de tira y afloja con la administración a cuenta de una petición de realojo en una parcela cercana a las viviendas que les han sido expropiadas por las obras de la IV Fase de la Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria.
El Ejecutivo incoó el expediente de expropiación forzosa en abril de 2009. A partir de ese momento, tanto Jorge como Walter se han mantenido firmes en su postura de rechazo a la oferta indemnizatoria (de justiprecio) que la consejería les ha trasladado en varias ocasiones, puesto que su deseo es ser reubicados en las proximidades de su actual residencia.
“Este lugar es privilegiado. Desde aquí puedo ver el Atlántico, Tenerife los días claros y sin brumas, la montaña de Guía, Firgas, Arucas, la playa de Las Canteras, La Isleta. ¿Dónde se encuentra un lugar con estas vistas, con esta tranquilidad?”, se pregunta Jorge, que asegura que ni a él ni a Walter, un austriaco que lleva más de 40 años en la Isla, les interesa recibir una compensación por su finca. “Ni por todo el oro del mundo me voy de este lugar”, concluye.
Los vecinos se muestran decepcionados por la forma de proceder de la Consejería durante este tiempo, por las contradicciones que han detectado entre las promesas del cara a cara y los documentos oficiales.
Así, explican que en marzo de 2010 el Jefe de Expropiaciones y el Secretario Territorial del Ejecutivo regional realizaron una visita a la parcela que Jorge y Walter habían propuesto para la reubicación -conviniendo el precio de venta con el propietario- y que allí, tras inspeccionar el terreno y los accesos, les aseguraron que “darían el dinero para poder comprarla, los planos y los permisos para construir”.
Sin embargo, tan sólo tres días después de la visita, recibieron la primera oferta de indemnización por sus viviendas, pese a que ya habían manifestado por escrito su deseo de acogerse al realojamiento que prevé la disposición adicional undécima de la Ley de Vivienda de Canarias.
La consejería se excusó, afirmando que el envío de esa notificación y de otra, apenas un mes después, en la que les solicitaban que concretaran el precio en que estimaban el valor del bien, había sido producto de un error, dejándolas sin efecto.
Posteriormente, según el relato de los afectados, mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Arucas en la que llegaron a la conclusión de que “era necesaria una modificación del proyecto para incluir en el parcelario las viviendas a reubicar”, ya que la calificación del suelo de la parcela, rústica de protección agraria, no permitía construir, algo que, aseguran, no se les había comunicado en la visita del Jefe de Expropiaciones y del Secretario Territorial. La reubicación quedaría a expensas de la aprobación definitiva del Plan General de Arucas, cuyo avance ha propuesto retirar la protección paisajística de ese terreno.
Una nueva oferta de justiprecio en marzo de 2011 ha colmado, no obstante, la paciencia de los dos vecinos, que, más allá de las trabas en el proceso de realojo, denuncian la “mala fe y la falta de voluntad política” para resolver el conflicto. “La consejería no quiere reubicar a nadie, prefiere pagar la indemnización y quitarse los problemas de encima”, declaran.
Aún así, anuncian que seguirán presentando batalla para permanecer en la zona. Su defensa se mira ahora en el espejo de los vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, que serán reubicados en un suelo con la misma calificación (rústica de protección agraria), gracias a una medida excepcional adoptada tras un compromiso entre administraciones.
Desde la Consejería de Obras Públicas temen que esta obstinación de los afectados ralentice el ritmo de las obras para la construcción de la carretera. “La administración tiene que valorar la opción más rápida y cuanto antes solucionemos los problemas, mejor”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aseguran que están “intentando arreglar” el proyecto.